Como se advirtió desde abril pasado, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué condenó a Daniel García, alcalde electo de Valle de San Juan, y Héctor Orlando Padilla, exalcalde de la misma localidad, a 55 y 65 meses de prisión, respectivamente, por los delitos de concierto para delinquir en concurso con corrupción al sufragante agravado.

En un escenario de normalidad, tras ser notificado por el juzgado, el gobernador Ricardo Orozco debería informar a la Registraduría para la convocatoria elecciones atípicas, pero hoy no resulta conveniente llamar a los ciudadanos de ese municipio a votar debido a la pandemia del Covid-19.

Desde enero, el gobernador Ricardo Orozco designó a Diego Mauricio Gómez para que ejerza como alcalde encargado del municipio, cuyo dominio a estado en manos durante los últimos años del grupo político del exrepresentante Gonzalo García, quien es padre del ahora alcalde condenado y está prófugo por este mismo caso.

En enero, el representante José Élver Hernández, conocido como ‘Choco’, rindió versión libre ante el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para dar explicaciones por su presunta participación en este caso de corrupción electoral.

Aunque se trata de dos de sus militantes, en las huestes del partido Conservador se desentendieron de la situación de García y Padilla. De hecho, hasta ahora no se conoce un pronunciamiento de la Dirección de la colectividad azul ni de alguno de los dirigentes en el departamento.

Valle de San Juan se suma a un pequeño grupo de cuatro municipios en el país con elecciones pendientes. La Registraduría Nacional ya había definido un calendario electoral, pero la emergencia sanitaria obligó a aplazar los procesos.

La condena y el caso

Mediante preacuerdo celebrado con la Fiscalía, los alcaldes saliente y entrante aceptaron en abril su responsabilidad en las conductas delictivas, por lo que estaban privados de la libertad desde octubre el año pasado. A ambos se les concedió la prisión domiciliaria.

Además de la prisión, el despacho judicial le ordenó a Padilla Barragán pagar una multa de 217 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, quedó inhabilitado por el mismo término de la pena principal para ejercer derechos y funciones públicas.

Por su parte, García Castillo, elegido en octubre  pasado como alcalde del municipio, tendrá que pagar una multa de 167 salarios y, al igual que su antecesor, fue inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas. El juez también negó el permiso de trabajo a los procesados que solicitó la defensa ante la oposición de la Fiscalía y la Procuraduría.

Los investigadores adscritos a la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía seccional Tolima lograron comprobar que los hoy inculpados se pusieron de acuerdo para conseguir votos a toda costa a favor de García Castillo.

Los dos políticos regalaron materiales de construcción, tanques de agua y dinero en efectivo. Además prometieron a los ciudadanos mejorar su calidad de vida con adecuaciones de carreteras y vías de acceso de comunidades en veredas y barrios del municipio.

También se comprobó que usaron volquetas y vehículos oficiales de la administración municipal en cabeza de Padilla Barragán, para el traslado de dichos materiales.

Archivo / EL NUEVO DÍA