Entre los congresistas están los senadores Roy Barreras, Jorge Robledo, Iván Cepeda, Wilson Arias y los representantes Germán Navas y Jorge Gómez, entre otros.

Al respecto Barreras aseguró que “algunos de esos decretos violan derechos de los trabajadores, privatizan entidades del Estado, usan recursos de emergencia para enviarlos a intermediarios financieros y no a las regiones. Otros no serán derogados, pero sí modificados como instrumentos para responder ante la crisis socioeconómica derivada de la pandemia”.La propuesta busca derogar el decreto 492 porque facilita la privatización de activos de la Nación como el Banco Agrario, Fondo Nacional del Ahorro, Bancoldex, Finagro y Findeter, como también el Decreto 811 porque habilita al gobierno para privatizar Cenit, Ecopetrol, ISA y otros activos de la Nación.

En los decretos que se esperan reformar, por vía ley, está el 444 para que la plata de la emergencia no vaya a los bancos y se la devuelvan a las regiones, el decreto 482 para extender alivios financieros por doce meses para transportadores de servicio público intermunicipal, el decreto 486 para garantizar alivios de cartera y líneas de crédito para el sector agrícola y ampliación del incentivo económico para los trabajadores del campo mayores de 70 años y no de 60.

Buscan también modificar los decretos 488 y 500 para la formalización laboral para los trabajadores de la salud y bioseguridad garantizada; el Decreto 538 para evitar que recursos de emergencia vayan a EPS en lugar de ir a hospitales.

También se quieren cambiar los decretos 579 y 797 para establecer un seguro para cuatro millones de arrendadores y establecer descuentos temporales por seis meses en lugar del fracasado “acuerdo entre las partes”.

Otros de los firmantes son los senadores Rodrigo Lara, Roosvelt Rodríguez, Jorge Londoño, Guillermo García Realpe, Luis Fernando Velasco y Antonio Sanguino.