En un fallo de primera instancia, el Juez Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué declaró improcedente la tutela que un grupo de ciudadanos, liderados por el exgobernador Eduardo Aldana y el exministro Carlos Gustavo Cano, interpusieron en contra de Cortolima y la mina de oro Apone, ubicada sobre la cuenca del río Saldaña en Ataco.

Con esta acción buscaban que se suspendieran las actividades de explotación del proyecto al considerar que hubo irregularidades en la expedición de la licencia ambiental en favor de Agregados Ingecol y Construcciones S.A.S., empresa que, según ellos, no allegó una serie de estudios y desconocieron requisitos ambientales para garantizar la protección del río.

Aunque en el fallo se reconoció como “generosos” los motivos de los ciudadanos, quienes advierten el deterioro desmedido y sustancial de los recursos naturales, especialmente de las aguas del río Saldaña, el juzgado determinó que no es procedente la acción de tutela ya que en la ley se contemplan otros mecanismos para controvertir la validez de la licencia.

Una de ellas, señala el despacho judicial, es una demanda de nulidad que la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras a Gran Escala del río Saldaña (Usosaldaña) interpuso en contra de Cortolima ante el Tribunal Administrativo del Tolima, pidiendo, en primer lugar, suspender la licitación por las posibles afectaciones ambientales de las obras.

De otra lado, en virtud del principio de precaución en materia ambiental, se solicitaba suspender la explotación hasta tanto se acreditara la rigurosidad de los estudios realizados para identificar las especies que sufren los efectos de la actividad minera. Sin embargo, los ciudadanos no ofrecieron medios que demostraran un peligro de daño grave o irreparable.

“La evaluación ambiental realizada por Cortolima comprendió diversos estudios y análisis técnicos que le permitieron calcular los efectos de la obra y en ella se previeron los posibles impactos negativos a objeto de disminuir sus consecuencias biofísicas, económicas y sociales”, concluyó el Juez luego de analizar documentos aportados por la corporación y la empresa minera.

En el fallo se lee que la Procuraduría pidió al Juez proteger los derechos al ambiente sano, al agua y al debido proceso, y recordó que desde abril pasado solicitó a Cortolima revocar la licencia por posible afectaciones en la infraestructura pública y privada, el patrimonio cultural y generación de conflicto con la comunidad, entre otras cosas.

Cortolima respondió que la revocatoria es viable si se establece el incumplimiento de los términos definidos en la licencia, pero en este caso se cuestionan posibles fallas en el trámite previo a su otorgamiento, por lo que no se cumple con la condición para tumbar ese permiso. Además, la corporación señaló que está verificando el cumplimiento de las obligaciones y las medidas a las que se comprometió la empresa.

La empresa minera, por su parte, sostuvo que no adelantó estudios que no exigió Cortolima, pero estaría dispuesto a realizarlos; desestimó el concepto de la Procuraduría al indicar que este proyecto no se puede comparar al que quiso desarrollar en el pasado la Compañía Minera de Ataco S.A.S., y afirmó que no existen medidas de prevención, mitigación o compensación por obras principales y accesorias porque no va a construir infraestructura.

“Rechazó además tajantemente la afirmación de que se está ‘interviniendo el lecho del río Saldaña’, dado que nunca se ha intervenido el lecho o cauce de esa fuente hídrica y por ello no es posible sostener que se está afectando el ecosistema de ese sector”, indica el fallo.

Cardoso defiende el proyecto

El exdirector de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, quien firmó la resolución que otorgó la licencia en diciembre de 2019, pocos días antes de dejar el cargo, dijo que el proyecto superó a lo largo de 12 años todos los trámites, siendo este muy diferente al que en su momento promovió Mineros El Dorado y después la empresa Mineros de Ataco S.A.S.

“Ese proyecto no se ejecutará sobre el cauce activo, ni la ronda hídrica del cuerpo de agua del río Saldaña, al contrario, técnicamente por su forma de explotación, tamaño, ubicación, mecanismos de control y seguimiento, permitirán preservar la integridad de la cuenca sin generar sedimentación, ni deterioro de caudales de la red hídrica de la zona”, escribió en una reciente columna de opinión.

El exfuncionario indicó que el proyecto, además de ayudar a la formalización y legalización de la actividad minera en Ataco, donde la ilegalidad y la informalidad en ese sector es alta, soporta el rigor de la metodología de evaluación del Ministerio de Ambiente y los parámetros de la Agencia Nacional Minera, entre otros requerimientos.

Habrá impugnación

El exgobernador Eduardo Aldana aseguró que impugnarán la decisión, esperando que en segunda instancia se proteja el medio ambiente, en especial el río Saldaña, afluente que representa casi el 50% del agua del departamento. Insistió en que agotarán todos los esfuerzos necesarios para salvaguardar el patrimonio ambiental de los tolimenses.

“Nuestros abogados mirarán en detalle la situación, pero tenemos que encontrar la manera de que estas cosas no se den. Hay una serie de requisitos para el otorgamiento de la licencia que no se cumplieron. Somos un departamento bendecido por el número de ríos que tenemos y nuestro esfuerzo para los próximos años es salvaguardarlos”, dijo.

Y agregó: “En este momento, cuando la gran preocupación es por el cuidado del planeta y la mitigación del cambio climático, lo que vaya en detrimento de los recursos naturales es tremendamente peligroso. Tenemos un compromiso con las futuras generaciones de cuidar mucho el medio ambiente. El agua es más importante que el oro”.