La propuesta de algunas voces del ‘uribismo’ de realizar una constituyente para reformar la justicia colombiana fue considerada como inviable e inconveniente por Hernando Hernández, decano (e) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ibagué, y Nilson Castellanos, director del programa de Derecho de la Universidad del Tolima.

Al ser consultados, los académicos coinciden en señalar que una reforma semejante, planteada luego de la detención domiciliaria que dictó la Corte Suprema al expresidente y senador Álvaro Uribe, se enfrenta a una enorme complejidad desde una perspectiva jurídica, técnica y política.

En primer lugar, Hernández opinó que una constituyente no puede ser la respuesta al desacuerdo a una decisión judicial ni puede gestarse en medio de un clima de polarización como el que vive el país porque, de entrada, no existe claridad sobre las modificaciones que se puedan dar a través de esa vía.

“Una constituyente no debe ser el resultado de una coyuntura o una decisión judicial, cualquiera que ella sea. Hay que respetar los fallos de la justicia y lanzar esta propuesta en épocas diferentes. De todas formas, no estoy de acuerdo con ella porque sabemos por dónde empieza pero no cómo termina, modificando aspectos de la constitución que no se deben alterar. En otras palabras, es un salto al vacío”, comentó.

Explicó que esa propuesta debe gozar de consenso y no avanzar en medio de la división. “Debe ser una decisión más ponderada, cuando el país esté en mejores condiciones y menos pendiente de la resolución de un caso. Una constituyente debe tener en cuenta a todas las personas involucradas en los asuntos judiciales y no hay que llegar a situaciones extremas que pueden terminar muy mal”, dijo.

Además, Hernández señaló que la justicia puede ser reformada a través de un proyecto de acto legislativo enfocado en volver agilizar la administración de justicia. “Los problemas centrales deben estar en el aspecto humano y técnico, es decir, en una mayor capacidad y esfuerzo de jueces y magistrados por resolver los asuntos pendientes, con el acompañamiento de aspectos técnicos que les permita resolver más rápido procesos que van quedando en los anaqueles”, apuntó.

Duro camino

Por su parte, Castellanos explicó que una constituyente tendría que superar un proceso largo que hoy, en medio de la emergencia, no es viable. Para empezar, es poco probable que el Congreso en pleno apoye la idea, como lo exige la norma, y no puede empezar a tramitarse cuando ni siquiera hay certeza de que las decisiones tomadas bajo la modalidad virtual son legales.

“Hay una reglamentación interna muy estricta que requiere de unos elementos importantes. Por ejemplo, uno de los más importantes es que el Congreso convoque la constituyente en votación absoluta, pero además sabemos que en este momento muchos de sus actos proferidos han sido declarados ilegales por la Corte Constitucional porque el Congreso no estaba autorizado para sesionar de la forma que lo está haciendo”, dijo.

Además de ese vicio y si en un caso pasara ese procedimiento, Castellanos acotó que la constituyente tomaría hasta dos años, cuando este Gobierno ya haya terminado.  “Políticamente hablando no sabemos cuál es la correlación de fuerzas y si todos los partidos de Gobierno estén de acuerdo en votar en bloque una decisión de esas. La polarización no daría las condiciones”, agregó.