Magistrado tolimense del CNE denuncia ‘chuzadas’ en su contra

Crédito: SUMINISTRADA - EL NUEVO DÍAEl magistrado Luis Guillermo Pérez nació en Líbano. Ha sido defensor de derechos humanos y fue presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Luis Guillermo Pérez dijo que organismos de inteligencia del Estado recibieron la orden de interceptar ilegalmente sus comunicaciones e investigar su pasado con el fin de desarrollar “operaciones ofensivas”.
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El tolimense Luis Guillermo Pérez, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo tener información de que organismos de inteligencia del Estado recibieron la orden de interceptar ilegalmente todas sus comunicaciones e investigar su pasado luego de que cuestionara públicamente la gestión del presidente Iván Duque.

A través de una columna de opinión en el portal Cuarto de Hora, el abogado contó que un antiguo alumno que trabaja en los servicios de inteligencia le advirtió de los seguimientos, los cuales tendrían el propósito de hallar algún aspecto de su vida para hacerle reproches públicos y desarrollar “operaciones ofensivas en su contra”.

Las presuntas actividades de espionaje surgen después de que reclamara al mandatario por los asesinatos de líderes sociales y excombatientes, los retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, el aumento de contagios de Covid-19, el manejo de los recursos para atender la pandemia, la vulneración de la soberanía y sus cuestionamientos a la justicia.

El magistrado consideró que por posibles violaciones a la Constitución Política, Duque no solo “nos retrocede en la historia” sino que debe ser investigado disciplinaria y penalmente por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes al faltar a sus obligaciones como jefe de Estado y de Gobierno.

“Sr. Presidente Iván Duque, Sr. Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, Sr. Fiscal General Francisco Barbosa ¿Quién dio la orden de desarrollar operaciones ofensivas en mi contra? ¿Quién dio la orden de interceptar mis comunicaciones? ¿Quién dio la orden de hurgar en mi pasado? Estas órdenes son arbitrarias, ilegales y propias de un Estado autoritario”, preguntó el magistrado.

Pérez, quien ha sido defensor de derechos humanos por más de 30 años e incluso estuvo exiliado por amenazas de muerte, señaló que su viejo alumno le recomendó quedarse callado y bajar el perfil por aprecio a su vida y trabajo, pero él insistió en que no van a lograr silenciarlo por estar cumpliendo con sus obligaciones ciudadanas.

“Yo ni advierto, ni amenazo, simplemente ejerzo y ejerceré la defensa de mis derechos humanos. Solo les recuerdo que por órdenes similares en los ocho años de gobierno del Sr. Álvaro Uribe Vélez, en los que se convirtió al DAS en una policía política, terminaron siendo condenados ante la justicia (…) más de 20 funcionarios por haber cumplido órdenes de perseguir y silenciar a los críticos del gobierno de entonces”, señaló.

Con base en un informe del magistrado Pérez, el CNE abrió una investigación preliminar a las finanzas de la campaña del entonces candidato presidencial Duque en 2018, por los millonarios aportes que habrían hecho José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, Aida Merlano y el empresario venezolano Oswaldo Cisneros.

 

El senador Macías pidió investigarlo

Por sus quejas al Presidente, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías primero aseguró a través de Twitter que el magistrado tenía un odio personal y político contra el mandatario, luego consideró que estaba incitando la violencia y, finalmente, presentó una queja disciplinaria en la Procuraduría solicitando que se investigue si Pérez cometió los delitos de injuria y calumnia.

Al respecto, el magistrado señaló en la columna: “Las acciones legales no me preocupan, el senador debería aprender un poco de derecho y reconocer que la calumnia y la injuria son delitos querellables que deberían ser denunciados por el presunto afectado y no puede hablar en su nombre porque no tiene poder de Presidente ni es abogado. También debería mirar, escuchar y leer en su entorno quiénes son los que incentivan el odio y la violencia en Colombia”.

Antes, la periodista María Isabel Rueda, a través de su espacio de opinión en La W, lo calificó de “agitador político con toga de magistrado”, a lo que Pérez respondió que el ocupar un cargo de servidor público no lo privaba de su condición de ciudadano ni de los deberes que eso conlleva, entre otros comentarios.

EL NUEVO DÍA

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