La CIDH declaró responsable al Estado colombiano por las violaciones a derechos políticos de Petro y ordenó modificar la legislación interna e impedir que la Procuraduría y Contraloría puedan retirar a un funcionario elegido popularmente de su cargo.

“La Corte encontró que los derechos políticos del señor Petro se vieron afectados como consecuencia de la sanción disciplinaria de destitución como Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., e inhabilitación por el término de 15 años para ocupar cargos públicos, que le fue impuesta por la Procuraduría”, afirma la sentencia.

Del mismo modo, ordena a Colombia “adecuar su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en la sentencia, de forma tal que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas”, afirma la CIDH agregando que esto constituye una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El alto tribunal determinó además que en el proceso disciplinario seguido contra el hoy senador se violó el “principio de jurisdiccionalidad, la garantía de imparcialidad, el principio de presunción de inocencia, y el derecho a la defensa”.

Por otro lado, el Estado colombiano debe reparar al actual congresista de la Colombia Humana de manera inmediata por daño inmaterial, y por el reintegro de “gastos y costas”.

La Procuraduría de Alejandro Ordóñez sancionó con la destitución e inhabilidad por 15 años para ocupar cargos públicos a Petro el 9 de diciembre de 2013, por supuestas anomalías en el cambio del esquema de recolección de basuras, y por la cual el mandatario acudió a la CIDH, que determinó otorgar medidas cautelares para garantizar sus derechos políticos.

Con dichas medidas, Petro pudo terminar su periodo como alcalde y así mismo presentarse como candidato a la Presidencia de la República y por llegar a la segunda vuelta se ganó el derecho a ocupar una curul en el Senado.