Así lo expresó en una rueda de prensa que ofreció, virtualmente, en la que aseguró que invitaba al presidente Iván Duque, como también al dignatario del Congreso, Arturo Char, a que se haga una enmienda a la Constitución Política para eliminar así las contradicciones que con el fallo quedaron evidentes en relación a la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Colombia es suscriptora.

Frente al fallo, Petro manifestó que deja muy claro que ningún organismo administrativo, como lo es la Procuraduría, está facultado para destituir alcaldes, gobernadores o incluso senadores de la República, “los órganos administrativos, léase Procuraduría, Contraloría y otros similares, no le pueden quitar derechos políticos a los funcionarios y servidores públicos de elección popular”.

Insistió en que “los funcionarios de elección popular no pueden ser destituidos por órdenes administrativas, ni sus derechos políticos pueden ser vulnerados y esto tiene que ver con los congresistas en ejercicio, que no pueden ser destituidos o suspendidos simplemente por decisiones administrativas de la Procuraduría o de órganos similares”.

Respecto al entonces procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, hoy embajador de Colombia en la Organización de Estados Americano, OEA, y quien determinó que el alcalde Petro incurrió en fallas gravísimas tras haber modificado el esquema de recolección de basuras en la capital del país, pidió que renuncie al cargo.

La sentencia de la Corte Interamericana establece que por esta determinación, el Estado Colombiano deberá indemnizar a Gustavo Petro con 28.000 dólares.