Más de 15.000 campesinos perdieron recursos por descuido de la Gobernación

Crédito: Archivo - EL NUEVO DÍA
Tolima se quedó por fuera del servicio de extensión agropecuaria que presta la ADR porque la Administración departamental no cumplió con un requisito legal que necesitaba un proyecto de ordenanza.
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Miles de campesinos del Tolima perdieron la oportunidad de acceder este año a los recursos de extensión agropecuaria, un servicio que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ofrece a los productores del país para que incorporen tecnologías y conocimientos a sus actividades, mejorando su competitividad y sostenibilidad.

Para contratar este servicio, la ADR abrió una licitación por $5.028 millones para beneficiar a 6.510 productores campesinos de nueve departamentos que, a diferencia del Tolima, sí cumplieron con el requisito esencial exigido por la norma: las asambleas aprobaron el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA) para los cuatro años de Gobierno.

Esta herramienta, que tiene como propósito establecer las líneas estratégicas y operativas para prestar el servicio de acuerdo con las necesidades de cada región, alcanzó a ser tramitada en la Asamblea del Tolima, pero el proyecto fue retirado por un aparente descuido de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación.

A través de un comunicado, la Presidencia de la Asamblea explicó que el proyecto superó el primer debate en plenaria y los diputados Carlos Ramírez y Carlos Ñústez, como ponentes de la iniciativa, solicitaron a la Gobernación un soporte elemental para continuar con el trámite: la certificación del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

El 24 de julio pasado, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, entonces dirigida por Beatriz Valencia, solicitó a Asamblea retirar el proyecto porque “no se alcanzó a surtir la expedición del certificado por parte de la Secretaría de Hacienda ya que se encuentra en armonización el Plan de Desarrollo”. La petición fue aprobada de forma unánime.

El asunto no es de poca monta. De acuerdo con la ADR, el plan departamental tendría un valor superior a $11.300’000.000, que se financiarían en su gran mayoría con recursos asignados por el Gobierno nacional y el restante por inversiones de la gestión de los municipios y distritos, así como otras fuentes establecidas en la Ley 1876 de 2017.

El director de la Agencia, Carlos Santana, explicó que en el proyecto se previó para este año una inversión de $1.900 millones, en 2021 serían $2.311 millones, en 2022 el monto alcanzaría los $2.235 millones y en 2023 la cifra ascendería a $3.852 millones.

De esta manera, según precisó el funcionario, el Tolima deberá esperar hasta el próximo año, si logra la aprobación por parte de la Duma, para entrar en esta estrategia, enfocada en campesinos de 20 cadenas productivas: 17 agrícolas y tres pecuarias.

En el proyecto de Pdea que presentó la Gobernación y que contó con el apoyo de la ADR, contemplaba 14.670 pequeños productores beneficiados, pero la cifra es superior a los 15.000 usuarios debido a que el sector apicultor fue incorporado al programa.

Al momento de ser consultado para esta nota, el actual jefe de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Diego Matiz, dijo que estaba ocupado participando de una reunión con otros funcionarios del gabinete departamental y atendería preguntas una vez concluyera. Al final, no hubo comunicación.

Reproches y expectativas

Al interior de la Asamblea hay opiniones divididas por cuenta de este tema. Para el diputado Carlos Reyes, si bien es cierto que el proyecto no prosperó en la Asamblea por carencia de documentos, la ADR dejó por fuera de la convocatoria a Caldas, Quindío y Huila, departamentos que sí lograron la aprobación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria, demostrando -según él- poco compromiso del Gobierno nacional.

“O sea que el motivo no es que no hayamos hecho el Plan, sino que simplemente no nos quisieron tener en cuenta. El Tolima es tratado por el Gobierno como la cenicienta, porque hasta ahora no hay recursos nuevos para el departamento. Aquí es fundamental asistir a nuestros campesinos, que son los que han sostenido este tiempo la alimentación del Tolima. En nombre de nuestros agricultores le solicito señor Director no dejar por fuera nuestro departamento de los planes y programas que su entidad promueve”, dijo.

Opinión distinta tiene el diputado Milton Restrepo, quien insistió en que la responsabilidad recae en la Gobernación, por no actuar con eficiencia, y en la Mesa Directiva de la Asamblea, por no exigir cumplimiento en el trámite del proyecto. Según dijo, ni la anterior ni la actual Administración han tenido voluntad para implementar el Pdea.

“Perdimos esta posibilidad por la ineficiencia del Gobierno departamental de ser proactivo y la mayoría de la Asamblea por congraciarse con un gobernador que le incumplió a los campesinos del Tolima. En otras palabras, Orozco no tuvo voluntad política y la Mesa Directiva no hizo mayor cosa en el trámite”, afirmó.

Por su parte, el diputado Marco Emilio Hincapié, vicepresidente la Asamblea, dijo que la corporación actuó con celeridad en el trámite del proyecto, pero este carecía de formalismos legales que no podían dejar pasar por alto. Además, reprochó que la Agencia -según dijo- quiera hacer ver que los responsables fueron los diputados.

“Esta ha sido una Asamblea muy diligente y responsable para que las condiciones de los tolimenses mejoren. No es justo con la corporación que la Agencia esté tan desinformada de lo que ocurre en los territorios y vaya diciendo que el proyecto lo hundió la Asamblea. Esto no dependía de nosotros. Ahora estamos a la expectativa de que el proyecto sea presentado nuevamente”, puntualizó.

EL NUEVO DÍA

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