Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las organizaciones Dejusticia y Verdad Abierta entregaron un informe sobre las tomas guerrilleras que las Farc ejecutaron entre 1993 y 2002 en los municipios de Dolores y Anzoátegui, así como en los corregimientos Puerto Saldaña, de Rioblanco, y San Juan de la China, de Ibagué.

Este documento, llamado ‘La guerra en movimiento. Tomas guerrilleras y crímenes de guerra en la ejecución del Plan Estratégico de las Farc-EP en el Tolima’, constituye un aporte en el proceso de reconstrucción de la verdad, la sanción de los máximos responsables y la reparación a las víctimas de estas prácticas.

La investigación, que permanece reservada para proteger a las víctimas, está compuesta por seis capítulos que analizan los contextos nacional y regional en el que se dieron estos hechos, narran a modo de crónica periodística las tomas en las cuatro poblaciones y presentan el patrón de crímenes de guerra cometidos en las incursiones guerrilleras.

Las organizaciones también exponen las razones por las que consideran que la JEP debería priorizar este fenómeno, en el que se cometieron crímenes de guerra de forma sistemática, y, adicional a esto, presentan algunas propuestas de agrupación para su estudio en la Sala de Reconocimiento de ese tribunal.

Una de esas razones es que, a diferencia de otros crímenes cometidos por las Farc para financiar y operar su aparato militar -como los secuestros extorsivos o el reclutamiento ilícito-, el análisis de las tomas guerrilleras permitiría entender el conflicto armado en sí mismo y las transgresiones a las reglas de la guerra cometidas por los combatientes.

Los investigadores señalan que la extinta guerrilla buscó la derrota militar de las fuerzas armadas del Estado para materializar su proyecto político revolucionario. “Aunque esta estrategia se repitió en cientos de territorios del país que consideraban estratégicos, tuvo un impacto particular en el Tolima, un departamento de origen histórico de esta guerrilla y una de las zonas con mayor duración del conflicto armado”, afirmaron.

En el estudio, que también fue entregado a la Comisión de la Verdad, se afirma que los efectos directos de las tomas sobre la vida de la población se suman las consecuencias de largo plazo, como la decadencia económica, el abandono estatal y la estigmatización. Y, a pesar de esto, el reconocimiento y la reparación a las víctimas de tomas guerrilleras ha sido escaso.

¿Y ahora qué?

En la audiencia de entrega, la magistrada Julieta Lemaitre, explicó que la Sala de Reconocimiento de la JEP ahora estudiará si se abre un caso territorial, que reúna los crímenes ocurridos en esta zona, o se agrupa a uno nacional, que estaría relacionado con los medios y los métodos prohibidos por el derecho a la guerra, como las tomas o las minas.

En principio, teniendo en cuenta que ya había recibido un informe sobre Roncesvalles, la JEP estaba considerando la posibilidad de agrupar ese caso con otros sobre violaciones al derecho de guerra en el país, como la masacre de Bojayá, pero ahora se abre una alternativa que solo tenga que ver con las tomas guerrilleras en el Tolima. 

Lemaitre dijo que ese análisis resultará más expedito que otros casos porque es uno los documentos más completos que ha recibido la jurisdicción. “Tiene todo lo que uno quisiera ver en un informe en el sentido de que tiene tanto el trabajo con las víctimas y en el terreno, como la parte más general de qué tipo de crimen esperan que sea. Y sobre todo tiene algo que le genera un gran reto a la JEP: identifican a los comparecientes y las víctimas, cuáles eran los frentes y en qué época”, señaló.

La magistrada resaltó como aspecto positivo el hecho de que en el departamento no hay escenarios de conflicto como sí ocurre en otras regiones del país, situación que permitirá avanzar mucho mejor al propósito de dar con la verdad de los responsables de los más graves y representativos crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Un aliciente para ‘Ronces’

Desde que entregaron el informe el 8 de octubre de 2018, las víctimas de las tomas guerrilleras de Roncesvalles no habían recibido una novedad desde la JEP sobre su análisis. Es más, la representante de las víctimas, Mabel Castaño, aseguró que están en un limbo jurídico porque tres exguerrilleros que participaron en la toma, cuyo caso en Justicia y Paz ya estaba avanzado, ahora están libres porque se acogieron a la justicia transicional.

Sin embargo, con la posibilidad de que se incorpore a un macrocaso, esperan que se avance en el corto plazo en un camino para que sean garantizados los derechos a la justicia, la reparación y la verdad de las víctimas de las nueve tomas que ocurrieron en esa población entre 1991 y 2001, siendo la más violenta la perpetrada el 14 de julio de 2000.

Con el informe, elaborado por la Corporación Fuerza de Paz (Corfupaz), junto a un grupo de defensores de derechos humanos, se pretende demostrar la responsabilidad penal, disciplinaria y moral de la cúpula de la desaparecida guerrilla, pues más del 90% de los hechos ocurridos, entre homicidios, desapariciones, reclutamientos y fosas comunes, no han sido esclarecidos.

Dato

Carlos Guillermo Ospina, comisionado de la Verdad para la región Centroandina, propuso que al caso territorial del Tolima se incluyan las afectaciones de la guerrilla a otros municipios como San Antonio, Cunday y Ataco.