Ante la inestabilidad en el pago de salarios en muchos hospitales públicos, trabajadores de la salud en el Tolima están haciendo un llamado a los representantes a la Cámara por el departamento y, en general, al Congreso de la República, para que apoyen el proyecto de ley que busca asegurar que el Estado asuma el pago de las nóminas.

En la actualidad, en virtud de la ley 100 de 1993, los salarios y las prestaciones de los trabajadores de las Empresas Sociales del Estado dependen de los ingresos que reciben de las EPS por la prestación de sus servicios, pero, como se sabe, las millonarias deudas de esas entidades tienen en una situación crítica a muchos centros hospitalarios.

Así pues, esta iniciativa, de autoría del partido Liberal y apoyada por varios congresistas alternativos, busca modificar los artículos 194 y 195 de la ley 100 de 1993, para brindarle una estabilidad e igualdad a todos los trabajadores de la salud frente a los servidores públicos y darle un alivio presupuestal a los hospitales ya que contarán con mayores recursos para atender a los usuarios.

De acuerdo con Mario Nel Ospina, presidente del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social (Sindess) en Tolima, un claro ejemplo de la difícil situación fiscal es el del hospital Reina Sofía de Lérida, donde a trabajadores de planta y vinculados a través de cooperativas llevan meses sin que les paguen sus salarios.

“La situación de Lérida es la radiografía de muchos hospitales del país. Son muy pocos los hospitales que están con los salarios al día. Si bien es cierto que la norma señala que los salarios se pueden pagar los primeros cinco días del mes siguiente, hay hospitales que están pagando los 15 del mes siguiente porque no tienen el flujo de caja”, dijo.

El primer debate del proyecto se llevará a cabo en los primeros días en la Comisión Séptima de la Cámara, donde existe buen ambiente para su trámite, pero desde ya los directivos de Sindess en cada región, como en Tolima, están buscando el apoyo de todos los congresistas para que su trámite sea expedito.

“Con la ayuda de la clase parlamentaria queremos que los recursos de la producción de los hospitales, en lugar de ser utilizados para pagar nóminas, sean destinados de forma automática para mejorar la calidad de la prestación de los servicios. Así como el Gobierno ayuda a empresas extranjeras como Avianca, la salud requiere”, aseguró el dirigente sindical.

Y agregó: “Los hospitales públicos de Colombia estamos en peores condiciones porque hemos facturado menos. Hay compañeros que les deben 14 meses de salario e inclusive 30 meses. Entonces sería muy importante que los señores congresistas nos colaboren en dar una estabilidad y manejar de mejor manera el Covid-19 en todo el territorio”.

Una situación compleja

De acuerdo con la ponencia del proyecto, a cargo de los representantes liberales Jairo Cristancho y José Luis Correa, la situación fiscal de la salud en el país y la falta de pago de las mismas han llevado a que las ESE estén en riesgo financiero, desencadenando el cierre de los servicios hasta llegar eventualmente a su liquidación.

Según cifras de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) que aparecen citadas en el proyecto, por lo menos el 32% de los centros asistenciales del país están en riesgo. Es decir, unas 295 de las 925 de las Empresas Sociales del Estado del país.

Además, según refieren los congresistas, las medidas que ha tomado el Gobierno para combatir la crisis hospitalaria han sido intervenir y liquidar EPS al considerar que afectan gravemente a la población, pero su traslado ha causado gran preocupación entre el gremio de las empresas sociales del Estado. 

“Esa laxitud de los decretos del Gobierno, lo que hace es incentivar, fortalecer y promover la integración vertical, que no es otra cosa que permitirle a las EPS que contraten sus propios hospitales privados, bajo el argumento de que sus ‘clientes’ no gustan de las ESE”, señaló Acesi.

La preocupación de la organización, acotan los congresistas, es que esas EPS del régimen contributivo, que pasan a manejar usuarios del régimen subsidiado, una vez trasladados, son financiados totalmente por el Estado. “Es decir con dineros públicos, pero a su vez esas empresas promotoras de salud, no están contratando con el Estado a través de la red pública, lo que genera inquietud”, agrega.