Polémico Juez enfrenta proceso disciplinario por presunta falta

Crédito: Archivo/EL NUEVO DÍAEl Juez Segundo Civil del Circuito ha sido acusado por presuntas irregularidades en sus decisiones.
Jesús Salomón Mosquera es acusado de afectar la administración de justicia por una decisión que tomó en un proceso de expropiación de un predio de Picaleña avaluado en miles de millones de pesos.
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El Juez Segundo Civil del Circuito de Ibagué, Jesús Salomón Mosquera, tristemente conocido porque en marzo pasado huyó de un retén de la Policía cuando violaba la cuarentena, deberá presentarse hoy a la audiencia inicial de juicio oral disciplinario por presuntas faltas cometidas en un proceso de expropiación de un lote situado en Picaleña. 

La diligencia, que se llevará a cabo de manera virtual desde las 3 de la tarde, estará a cargo de Jorge Eliécer Gaitán, magistrado de Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, quien investiga al togado a raíz de una queja instaurada por el ciudadano Michael Andrés Caicedo Sánchez.

Mosquera es señalado de haber cometido varias faltas dentro del proceso de expropiación que inició el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) -antigua Agencia Nacional de Infraestructura- para adquirir una franja del mencionado predio, que para entonces era propiedad de tres personas, entre ellas el ciudadano Luis Arturo Morales.

En su sentencia, emitida el 26 de septiembre de 2012, el juez desprendió una franja de terreno –como pretendía Inco–, pero cometió dos presuntos errores: no ordenó crear una nueva matrícula inmobiliaria que le diera legalidad a esta área, pero sí canceló un embargo que estaba registrado sobre la totalidad del inmueble.

El asunto no tendría complicación si no fuera porque el levantamiento del embargo, que también deshizo una reseña de oferta de compra, dejó en libertad a Morales para que pudiera negociar parte del predio a su nombre y burlara una deuda anterior que tenía con Caicedo. Es decir, la decisión del juez lo dejó sin ningún tipo de garantía.

De acuerdo con el denunciante, el juez debió mantener el embargo al área de terreno que no fue desagregada, para que así pudiera avanzar con normalidad un proceso ejecutivo que estaba en otro juzgado civil por el incumplimiento de un pago cuya una única garantía para Caicedo era el predio, avaluado en varios miles de millones de pesos. 

Como hecho curioso, en un tiempo récord, la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Ibagué canceló el embargo y la reseña de oferta de compra (cuando el trámite dura como mínimo ocho días) y Morales, como si anticipara la decisión a su favor, vendió el predio a su nombre a una tercera persona ese mismo día. 

Pero los hechos extraños no paran ahí. El nuevo dueño, llamado Javier Humberto Arbeláez, le vendió el terreno a Leslia Escobar y Jaime Salcedo, los dos propietarios iniciales. En otras palabras, dentro de este largo proceso ganaron todos, menos uno: Michael Andrés Caicedo, quien hoy sigue reclamando el pago de la deuda.

Varias acciones y personas se han vinculado a este caso. Una de ellas es una denuncia penal que interpuso en contra del togado, nada más y nada menos, su propio secretario, Giovanni Alfonso Rodríguez Osorio, funcionario judicial que asegura que el juez quiere achacarle la responsabilidad por las faltas que cometió.

Entre otras cosas, el Secretario afirma que la escritura pública de compraventa levantada por Morales a nombre de Arbeláez (el nuevo dueño) es falsa, pues en ella señalaron que el predio estaba libre de embargo, cuando la realidad era todo lo contrario. Por esto, el funcionario también pone en duda las actuaciones del Notario 62 de Bogotá, donde se llevó a cabo el proceso de registro.

 

DATO

El Juez, quien es oriundo de Chocó, es conocido porque en marzo pasado se voló de un retén de la Policía luego de ser sorprendido violando la cuarentena. En la huida arroyó a una motocicleta y golpeó a un uniformado.

 

DATO

El juez Jesús Salomón Mosquera Hinestroza ha sido denunciado penalmente más de diez veces por los presuntos delitos de prevaricato por acción y omisión, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. Todas están en etapa de indagación.

 

DATO

Michael Andrés Caicedo Sánchez no estuvo siempre vinculado al caso. Él le compró los derechos del proceso ejecutivo a la persona que inicialmente le prestó el dinero a Luis Arturo Morales, quien nunca ha querido a pagar.

 

EL NUEVO DÍA

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