Avanza la prórroga de la vigencia de la Ley de Víctimas

Crédito: Colprensa/EL NUEVO DÍALa actual ley tiene vigencia hasta junio del año 2021.
A segundo debate pasó a la plenaria del Senado, el proyecto por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley de Víctimas por 10 años para completar la aplicación de la misma con programas de restitución y reparación que adelanta el Gobierno nacional.
PUBLICIDAD

La discusión, que se tomó dos días, tuvo como ponente al senador Roy Barreras, y en la misma se escucharon los avances que en su momento expusieron los representantes del Gobierno de la Unidad de Víctimas, de Restitución de Tierras y de la Defensoría del Pueblo, quienes concluyeron que se vienen cumpliendo los programas para beneficiar a cerca de 9 millones de personas registradas como víctimas pero se requieren más recursos para atender la totalidad de la población.

De acuerdo al senador Barreras, con la ampliación de la vigencia se seguirá beneficiando a las familias de las víctimas con subsidios económicos y con programas de restitución de tierras, capacitación, salud, empleo y salud entre otros, suscritos en el acuerdo final del proceso de paz.

En el desarrollo del debate, surgió una iniciativa del Senador por el partido Colombia Justa Libres, Eduardo Pacheco, quien inicialmente presentó una proposición aditiva al proyecto de Ley, consistente en agregar un artículo donde se cobijarían a los campesinos que han ocupado predios de propietarios desplazados y han sido objeto de acciones judiciales, dado que procedían de buena fe y como alternativa para sustento para sus familias y totalmente ajenos a acciones violentas o instigadores de desplazamientos forzados y por lo tanto es necesario que sean beneficiados con programas de reubicación y apoyo gubernamental, dada su condición de vulnerabilidad.

Por su parte la senadora Angélica Lozano, quien presentó también una proposición al respecto, señaló “la restitución de tierras avanza lento: Solo el 9% de las solicitudes presentadas por víctimas han sido resueltas por los jueces y, aunque estas sentencias ordenan acceso a vivienda y proyectos productivos, pocas son obedecidas por las autoridades responsables”.

 

COLPRENSA

Comentarios