Para un sector importante del Congreso, la ley le abre la posibilidad al fracking. ¿Usted por qué sostiene lo contrario?

La ley elimina los beneficios contemplados en la ley de regalías de 2012 para hacer fracking. Ya no van a haber beneficios de aquí en adelante para quienes exploten yacimientos no convencionales. De una manera malintencionada, la oposición ha querido darle una interpretación errónea al artículo 210 para generar zozobra en la ciudadanía y decir que se está creando el fracking, desconociendo, no sé si por ignorancia o por conveniencia, que fue en 2012, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que se introdujo esa posibilidad jurídica en Colombia. Posteriormente, el Consejo de Estado suspendió la posibilidad de explotar yacimientos no convencionales hasta tanto no se realicen unas pruebas piloto para determinar si hay o no afectaciones medioambientales.

Este es un tema profundamente sensible en el que a veces hay posiciones dubitativas. ¿Lo que dice es que hay que esperar el desarrollo de las pruebas?

Sí. En este momento estamos en la etapa de las pruebas. Repito: este artículo no crea el fracking ni le otorga beneficios, pero sí preserva la seguridad jurídica en derecho para los que venían antes de la aprobación. La seguridad jurídica no se la está inventando la ley, simplemente la pone de manera explícita en el ordenamiento jurídico colombiano. La oposición lo que hizo fue tergiversar el artículo para decir que estaban defendiendo el medio ambiente. Eso es mentira. Eso es carreta. Lo que están haciendo es politiquería barata. Este artículo fue demonizado por la oposición.

O sea, ¿votó ‘no’ a la proposición de eliminar el artículo porque el Estado se expondría a demandas?

En varias oportunidades, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han pronunciado sobre lo que significa la estabilidad jurídica y la obligación que tiene el Estado de no cambiar las reglas del juego a un particular cuando ha suscrito un contrato con ellos. Yo no puedo entrar, por medio de cualquier tipo de norma, a cambiarles las condiciones sino es indemnizándolo. Entonces, como eso ya está escrito, si no preservo la estabilidad jurídica, lo que abro es un boquete enorme para hayan demandas multimillonarias en contra del Estado por parte de aquellas empresas que antes de la expedición de esta ley firmaron contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para explotación de yacimientos no convencionales.

Con mucha franqueza, al margen de este debate, ¿cuál es su posición frente al fracking?

Es irresponsable exponer cualquier posición a favor o en contra hasta tanto no se hagan las pruebas piloto y no se pronuncie el panel de expertos que está conformado por exministros, académicos y conocedores del tema medioambiental. Necesitamos escucharlos, pero para eso se tienen que terminar las pruebas piloto y tener elementos de juicio o los insumos para poderse pronunciar. Una vez eso ocurra, no solo yo asumiré una posición, sino que también lo hará la oposición, el Consejo de Estado, el Gobierno nacional, los expertos.

¿Pero esas pruebas no van en contravía del principio de precaución?

Se está malinterpretando el principio de precaución. Acá hay unas pruebas piloto para poder entrar a determinar si se hace o no fracking en la etapa comercial. Necesitamos saber si hay o no afectaciones y por eso el Consejo de Estado autorizó las pruebas. Mal hace cualquier congresista en tratar de pasar por encima de la ley. Precaución la que tomaron los jueces a la hora de permitir pruebas piloto e impedir el fracking abierto en nuestro país como lo autorizó Juan Manuel Santos.

Entonces, con base en lo que me ha dicho, ¿usted esperaría que en la conciliación del proyecto el artículo pase como está?

Espero que podamos encontrar un texto que les dé tranquilidad a todos los congresistas, pero que en ningún momento se vaya a afectar la estabilidad jurídica. Si hay que modificar cualquier cosa al texto original del artículo 210 para que quede expresamente claro para un niño de tercero de primaria que no hay posibilidad de que haya nuevas explotaciones más allá de lo que ha expresado el Consejo de Estado, entonces que se cambie lo que haya que cambiar.

¿Cómo le fue al Tolima en regalías con esta nueva ley?

Es una iniciativa trascendental para la reactivación económica de nuestro país porque aumentan las transferencias para los departamentos productores del 11% al 25% y las asignaciones para los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría pasan del 11% al 15%. En ese orden de ideas, posibilitamos que los gobernadores y los alcaldes puedan tener los recursos necesarios para hacer obras para reactivar las economías. También aumentaron las transferencias en materia medioambiental, implementación de los acuerdos de paz, vías terciarias, ciencia y tecnología, temas que son fundamentales para el país. Tenemos una ley de regalías mucho más pensada para las regiones.