El ente de control pudo establecer que Díaz Ortiz entregó una certificación falsa, de la Universidad Cooperativa de Colombia, que lo acreditaba como egresado del programa de Derecho, situación que no era real porque en el momento de la expedición del documento el investigado tenía pendiente de octavo semestre la asignatura de Seguridad Social; de noveno la de Consultorio Jurídico III, y de décimo semestre la de Consultorio Jurídico IV.

Para el Ministerio Público el expersonero desconoció el principio de moralidad que obliga a los servidores públicos actuar con rectitud, lealtad y honestidad, y calificó la falta como gravísima cometida a título de dolo. Cabe resaltar que contra el fallo de primera instancia procede el recurso de apelación.

De otra parte, destituyó del cargo e impuso inhabilidad general por 11 años a la entonces docente de la Institución Educativa Juan Lozano y Lozano de Ibagué, Martha Janeth Devia Rodríguez (2007-2018), por violar el régimen de inhabilidades.

El fallo de primera instancia estableció que en los años 2016, 2017 y 2018 Devia Rodríguez suscribió con el Sena Tolima tres contratos de prestación de servicios, por períodos fijos, como docente a pesar de estar vinculada a la planta global de la Secretaría de Educación como educadora de tiempo completo, circunstancia que la inhabilitaba para ello.

Se estableció también que en las certificaciones juramentadas suscritas por la docente y entregadas al Sena manifestó no tener vinculación alguna con entidades del orden nacional, departamental y municipal adscritas al magisterio para las fechas en que se suscribieron los cuestionados contratos.