La culminación y la puesta en funcionamiento del Acueducto Complementario, uno de los proyectos más ambiciosos de Ibagué y que promete resolver el problema de agua a miles de ciudadanos, no tiene una fecha definitiva porque hay varios asuntos sin terminar y otros más sobre los que no existe claridad por parte de la Administración municipal.

En primer lugar, según explicó el Ibal en respuesta a un derecho de petición de la veeduría ciudadana Más Tolima, no es posible precisar cuándo se podrá avanzar con la última fase del proyecto porque dos contratos suscritos en la Administración anterior aún no han sido ejecutados por completo (ver recuadro).

“La fase 2 etapa 3, correspondiente al cierre y puesta en funcionamiento del sistema, actualmente depende de la terminación de las fases anteriores mencionada, por lo que no es posible indicar las fechas de su culminación con su cronograma final para su funcionamiento”, indicó el Ibal.

Como un primer impasse, es indefinido cuándo se realizarán las servidumbres que se tienen que hacer en los predios por donde pasará la red de tubería (que conduce el agua captada del río Cocora hasta la planta de La Pola), porque en estos dos contratos no se contemplaron inicialmente la ejecución de esas obras.

Otro hecho que genera interrogantes es el contrato que suscribió la Alcaldía pasada con el Consorcio Atria 2015 para la construcción de un tanque en la zona industrial (sector de la Fiscalía) y sus respectivas interconexiones, pues desde el periodo pasado está en un proceso judicial por incumplimiento de las partes.

Pero al margen de esto, no es claro qué ha planificado la Administración municipal para continuar con el proyecto. Por ejemplo, a la pregunta de la veeduría sobre cuál sería la destinación concreta de los recursos provenientes del millonario empréstito que va a adquirir el Municipio, no dio una información clara.

Apenas mencionó que unos $13.000 millones, que incluyen $7.600 millones provenientes del empréstito, presumiblemente se destinarían para terminar la totalidad del proyecto, del que aún no existe información sobre otro aspecto: cómo se suministrará el agua a los acueductos comunitarios de las comunas 12 y 13 de Ibagué.

A esta inquietud de la veeduría, el Ibal señaló que se requiere contratar una consultoría de estudios y diseños por $542 millones (recursos que ya están asegurados), por lo que aún no existe un proyecto definido que permita identificar claramente el presupuesto definitivo de las obras y un cronograma de ejecución.

“Depende del resultado de la consultoría la obtención de la alternativa de suministro de agua potable a los sistemas de acueducto. Lo único que es claro es que se realizará el abastecimiento por gravedad desde una línea expresa del Acueducto Complementario con la Incorporación de Sistema de tratamiento de Agua Potable, para garantizar el líquido en condiciones de calidad y continuidad”, señaló el Ibal, agregando que la contratación estará a cargo de su Secretaría General y tendrá un plazo de seis meses.

Permanecen las incógnitas

De acuerdo con la ingeniera Jéssica Paola Acosta, de la veeduría Más Tolima, el Ibal ha vacilado para dar respuestas concretas. En principio, no contestó a cabalidad algunas preguntas y después, por orden de un juez de tutela, tuvo que ampliar sus respuestas, las cuales aún siguen siendo insuficientes para la veeduría.

“Nosotros vamos a colocar una impugnación debido a que aún el Ibal no ha sido claro en explicar a qué obras corresponde ese empréstito y qué ejecuciones adelantará. Si bien nos dice que corresponde al Acueducto Complementario, no es claro qué obras se van a realizar con esos recursos”, aseguró Acosta.

Dijo que tampoco hay claridad técnica de por qué se va a construir una planta de tratamiento de 200 litros por segundo en el sur de la ciudad para proveer el agua a los barrios de las comunas 12 y 13, cuando se tienen que tratar cerca de 700 litros.

“No es confiable la respuesta que nos están dando. Como ibaguereños nos queda la impresión de que nos están engañando, nos están diciendo mentiras y queda en duda cuál es el actuar de este Gobierno”, agregó.

Dos contratos sin terminar

En el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo se firmaron dos contratos. El primero se suscribió el 29 de diciembre de 2017 por $27.442 millones con el Consorcio Acueducto Ibagué 2017 para la construcción de la primera etapa de la segunda fase del proyecto, que tendría plazo inicial de 12 meses, pero con cuatro prórrogas y varias adiciones pasó a casi 28 meses y un costo total de $42.822 millones.

De acuerdo con el Ibal, ingenieros y técnicos de la Dirección de Planeación de la empresa determinaron en enero de este año que hubo planificación parcializada del proyecto general desde la primera etapa de Findeter y, como ya se dijo, identificaron predios que no habían sido legalizados para la servidumbre.

El segundo contrato se firmó el 5 de julio de 2020 por $12.487 millones con la empresa Montajes J.M. S.A. para la construcción de la segunda etapa de la segunda fase. Aunque tenía un plazo inicial de seis meses, se le hicieron dos adiciones y dos prórrogas para una valor total de $16.819 millones.