Con la reciente imputación a José Arlén Márquez, exgerente de la Gestora Urbana, por las irregularidades en el proyecto, muchos se han preguntado, ¿qué ha hecho esta Alcaldía por desenredar ese tema?

Para el desarrollo del proyecto, la entidad firmó en 2014 un convenio con la Gobernación por $1.824 millones y otro más con la Alcaldía por $480 millones, para un total de $2.305 millones. El 50% de esos recursos, es decir $1.150 millones, se le giraron como anticipo a Ávila Constructores en el Gobierno anterior, pero en visitas realizadas por los ingenieros de la Gestora, no se evidenciaron las obras de urbanismo.

Requerimos al constructor en mil oportunidades y como no hubo una fórmula de arreglo, después de un análisis jurídico, decidimos liquidar el contrato de forma unilateral y en ceros. A parte de eso, cuando llegamos las pólizas ya estaban vencidas, pero logramos decretar una sanción de alrededor $200 millones al constructor.

Es decir, ¿la Gestora recuperará esos dineros?

Estamos en el proceso de requerir al constructor para recuperar $1.150 millones que se le entregaron, porque no hay obras reconocidas ni recibidas por parte de la Gestora en el predio. Solo hay dos pedazos de andén, una alcantarilla y un muro de contención. Recuperando esa plata, me doy por bien servido al mando de esta entidad.

¿Pero Ávila está dispuesta a devolver esa plata?

En la oficina de cobro coactivo de la Gestora Urbana está en proceso el resultado de la liquidación unilateral para poderles exigir la devolución de $1.150 millones con sus réditos financieros y su debida indexación, y así poder entregarle el dinero a la Gobernación, que nos tiene embargados.

En su momento, ¿quién tomó la decisión de hacer el anticipo?

La Gestora Urbana, a través del entonces jefe de la Oficina de Proyectos Especiales y Vivienda, el arquitecto Juan Carlos Granados, quien era el supervisor del convenio, le dio la orden a la fiducia de entregarle a Ávila Constructores los $1.150 millones.

¿Qué bienes tiene retenidos la Gobernación y de dónde va a salir la plata para el desembargo?

En su momento, la Gobernación requirió en varias oportunidades a la Gestora para que entregara la información del desarrollo del convenio, pero nunca recibió información que la complaciera, razón por la cual liquidó unilateralmente el convenio y, con el fin de que se le devuelvan los dineros que aportó, tenemos embargados 53 lotes, $1.250 millones y los giros directos que nos hace la Alcaldía deben pasar a la Gobernación.

Ahora, la fiducia ya nos devolvió los otros $1.150 millones y están listos para devolverlos a la Administración departamental. Hemos tenido sendas reuniones con la Secretaría de Hacienda para llegar a unos acuerdos para esa devolución.

¿Al Municipio también se devolvieron recursos?

Se le devolvieron $480 millones que corresponden al valor por el que se surtió el convenio.

¿Qué va a pasar con el predio donde se iba a desarrollar el proyecto?

Un logro bastante importante es que el predio está a nombre de la Gestora Urbana nuevamente. Es un terreno libre de todo gravamen de 23.800 metros cuadrados que lo atraviesa por la mitad la avenida 113 con una afectación de 1800 metros cuadrados, dejando un área total de 22.000 metros cuadrados en dos predios donde caben unas 380 o 400 unidades familiares.

¿Hay algún interés en desarrollar algún proyecto ahí?

En este momento estamos adelantando un estudio topográfico para determinar las áreas reales y útiles que se pueden poner a disposición para nuevos proyectos de vivienda, priorizando a las personas que ya habían sido beneficiadas en su momento como el gremio de periodistas y los funcionarios públicos.

Vínculos e investigaciones

¿Cuál fue  el rol del abogado Orlando Espinosa y su hijo Orlando Iván en este proyecto? ¿Qué tienen que ver ellos con este escándalo, como lo ha denunciado el periodista Jorge Eliécer Barahona?

Lo desconozco. Me he entendido con Ávila Constructores para tratar de recuperar el anticipo del 50% que se le entregó en el Gobierno anterior. Puedo decir que la Gestora  tiene el compromiso de recuperar el dinero y desenredar el embargo con la Gobernación de la entidad que tanto perjuicio nos ha ocasionado por negligencia de la pasada Administración. Frente a lo que hemos leído en medios de comunicación, no me voy a referir, porque no es del resorte nuestro.

¿Qué denuncias ha presentado la entidad por este proceso?

Una vez se determine qué responsabilidad administrativa o fiscal hay, correremos traslado a los organismos competentes. Por ahora, hemos recibido por parte de la Fiscalía oficios requiriendo información en torno al proceso del proyecto.

Como expersonero de Ibagué, ¿recuerda alguna investigación contra algún exfuncionario vinculado a este proyecto?

No recuerdo con exactitud qué investigación se adelantó desde la Personería municipal cuando fungí en ese cargo.