Dudas sobre el contrato de modernización del sistema de recaudo de la Alcaldía

Crédito: Archivo / EL NUEVO DÍAEl mismo Secretario de Hacienda ha reconocido que la plataforma Pisami tiene varias complicaciones, de ahí la necesidad de modernizar el sistema.
Con base en los términos del contrato, el concejal Rubén Darío Correa dijo que se especula que el Municipio va a adquirir un software “prefabricado” y, a través de esa institución, se buscaría pagar favores políticos.
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El contrato que suscribió la Alcaldía de Ibagué con la Universidad Nacional (Unal) para modernizar la plataforma de seguimiento, control y recaudo de los impuestos municipales despertó las dudas del concejal Rubén Darío Correa, quien pidió claridad sobre varios aspectos del proceso que busca mejorar un sistema conocido por múltiples problemas de operación.

En junio pasado, el secretario de Hacienda, Leopoldo Alfonso, dijo que acudirían a esa institución universitaria para habilitar los pagos electrónicos, en cumplimiento de una condición que fijó el Gobierno nacional a las entidades territoriales para que pudieran otorgar a sus contribuyentes un paquete de beneficios tributarios durante la pandemia.

El contrato no se firmó en junio, sino el pasado 31 de agosto, por un valor de $1.680 millones y un plazo de cuatro meses, con el siguiente objeto: “fortalecimiento y apoyo para prestar servicios integrales de implementación y migración de software, usando técnicas de inteligencia artificial y componentes de auditoría continua para asistencia de la plataforma Pisami de la Alcaldía de Ibagué”.

Son más de 20 obligaciones contempladas en el contrato, pero al concejal Correa le llamaron la atención tres (ver recuadro), las cuales, según explicó, sólo podría ejecutar un operador catastral avalado por el Igac. Ahí surge la primera duda: según el cabildante, en los actos administrativos del contrato no aparece que la Unal tenga esa condición para poder celebrar un contrato tan especializado.

“¿La Universidad Nacional de Colombia ha sido habilitada como ‘operador catastral’ por parte del Igac y la Superintendencia de Notariado y Registro en los términos dispuestos en el decreto 148 de febrero 4 de 2020, donde se expide la norma vigente del ‘Sector Administrativo de Información Estadística’ en nuestro país? ¿Está Ibagué haciendo el esguince a lo establecido por parte del Gobierno nacional en materia de los catastros multipropósito?”, se preguntó el concejal.

En segundo lugar, debido a que se acordaron cinco desembolsos como forma de pago, Correa le preguntó al Secretario de Hacienda: “¿Nos puede facilitar los valores obtenidos en el estudio previo de mercado para cada uno de los rubros e ítems contratados que además se dejaron expresamente señalados en el método de pago bajo la modalidad de trabajo hecho, trabajo cancelado?”.

Sobre este aspecto, Correa dice que es apremiante dar claridad y callar las voces que, según él, están especulando que los pagos se fraccionaron para cubrir nóminas paralelas y pagar favores políticos, y que en realidad la Alcaldía va a adquirir un software “prefabricado”.

Adicional a esto, uno de los aspectos que más llamó la atención a Correa es que el plazo del contrato es muy corto en relación con el tamaño de las obligaciones de la Unal.

“Hay expertos informáticos y miembros del Igac a los que he consultado y han manifestado que todo lo que se comprometió a hacer el contratista en solo cuatro meses es casi que milagroso. No solo por lo barato, sino por el tiempo récord en que promete hacerlo”, dijo.

Y es que el monto del contrato es otro punto que le asombra. Según dijo, peritos y consultores le explicaron que las actividades que cumplirá la Unal costarían unos $40.000 millones y por lo menos tres años en ejecutarse. Al respecto, Correa deja en el aire si no será que se va a implementar un sistema que ya se desarrolló y aplicó en otro municipio del país.

 

Tres de las obligaciones

Por mencionar algunas actividades, la Unal deberá migrar el sistema de información de Pisami a una plataforma Cloud Computing, actualizar la arquitectura de Pisami al concepto de plataforma como servicio, diseñar un modelo de auditoría continua, implementar nuevos requerimientos funcionales para tesorería, presupuesto, hojas de vida, gestión documental, acuerdos de pago, entre otros módulos. Sin embargo, al concejal Correa le llama la atención tres obligaciones en particular.

- Implementar un visor geográfico de los cobros y pagos del impuesto predial e industria y comercio, con base en los polígonos catastrales y la información de facturación y recaudo suministrada por la Alcaldía de Ibagué.

- Levantar las imágenes de las fachadas de los predios urbanos que dan a la calle y generar las ortofotos de la zona urbana del municipio de Ibagué.

- Implementar un modelo basado en Inteligencia Artificial, para el control del pago del valor apropiado del impuesto predial, a partir de la información de fachadas y techos levantada en este proyecto y el valor de tasación de cada predio suministrado por la Alcaldía de Ibagué.

 

DATO

El concejal Correa se preguntó por qué se celebró el contrato con la Unal sede Medellín de forma directa y desconociendo, según indicó, los lineamientos de la ley 80 de 1993 sobre contratación en la administración pública.

 

DATO

Sin éxito, esta redacción se comunicó con el secretario de Hacienda, Leopoldo Alfonso, para conocer sus respuestas a los interrogantes del concejal.

 

 

EL NUEVO DÍA

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