El secretario de Hacienda de Ibagué, Leopoldo Alfonso, desestimó las críticas del concejal Rubén Darío Correa al contrato que suscribió con la Universidad Nacional de Colombia (Unal) sede Medellín, para modernizar la plataforma Pisami, creada y usada por la Alcaldía para el manejo de sus procesos administrativos y financieros.

Se trata de un sistema de información que ha tenido falencias desde hace varios años y que incluso ha sido vulnerada de manera fraudulenta, afectando la atención a los ciudadanos. Con esa justificación, se suscribió un contrato por $1.680 millones para hacer más eficiente esta herramienta, pero se liquidó por pedido de la Unal.

“La universidad solicitó el estado de la información, pero no presentó las características suficientes para adelantar este proceso y la universidad consideró que era riesgoso. Yo, como ordenador del gasto, atendí ese llamado y se liquidó bilateralmente. No fue por lo que dijo el concejal Correa, quien tiene unas bases muy ligeras y un conocimiento muy pobre sobre sistemas”, dijo el funcionario.

Alfonso negó que se pretendiera implementar un software “prefabricado”, como lo sugirió el concejal Correa, quien llegó a considerar esa posibilidad teniendo en cuenta el pago fraccionado del contrato (cinco desembolsos) y, según él, su bajo costo en relación con el gran número de actividades que se iban a ejecutar.

“Son aseveraciones sin fundamento. El Concejal no entendió el contrato o lo leyó mal. La universidad tiene la posibilidad de establecer unos precios muy competitivos porque no paga IVA y tiene un cuerpo de profesores, egresados y estudiantes que soportan todos sus proyectos y que permiten, con una alta calidad, llegar a ejecutar estos valores que otros no pueden igualar”, afirmó.

Y agregó: “El software no es prefabricado sino que se hace con un equipo interdisciplinar en campo. Me imagino que se refirió al visor geográfico, eso se hace en campo con drones, visitas, fotos 360, identificación de fachadas y avisos, etcétera. Eso confirma que el concejal no tiene conocimiento de sistemas de información y menos de sistemas de información geográfica”.

Señaló, además, que la Unal no necesita ser un gestor catastral acreditado por el Igac y enfatizó que el proceso precontractual se realizó conforme al manual de contratación a nivel nacional y se tuvieron en cuenta todos los decretos que rigen la materia.

“Este proceso tuvo un mes y medio en análisis de la Secretaría de las TIC, pero la necesidad es de la Secretaría de Hacienda. Una cosa es la parte de la estructuración técnica y otra cosa es la necesidad de la información para hacer una atención al contribuyente más eficiente y un recaudo más justo”, dijo el Secretario sobre el cuestionamiento del cabildante relacionado con la competencia que tenía para suscribir el contrato.

Finalmente, Alfonso señaló que aunque trabajó con la Unal sede Bogotá, esto no constituye una causal para declararse impedido para contratar a esa institución.

Según dijo, el aspecto que le pareció más “risible” de las declaraciones de Correa tiene que ver con el supuesto pago de favores políticos con este contrato.

“Ese fue uno de los argumentos que me hizo recordar a Cantinflas, porque la Universidad Nacional es una institución pública con más de 200 años de trayectoria y posicionada no solo en el país, sino en Latinoamérica. No se va a prestar para pagar favores políticos. Es un irrespeto con esa institución y realmente es indignante escuchar esas frases dignas de Cantinflas”, dijo.

DATO

El Secretario de Hacienda dijo que desde este año se enfocarán en acondicionar la información de Pisami y alojar el sistema en la nube para modernizar su funcionamiento y evitar alteraciones.