La sentencia del Consejo de Estado que otorga derechos a los ríos Coello, Combeima y Cocora, y suspende las actividades de cinco títulos mineros ubicados en las cuencas de estos afluentes, conlleva una serie de acciones que eventualmente podrían derivar en el cese definitivo de cualquier actividad minera en ese territorio.

En concreto, el alto tribunal declaró la amenaza de vulneración de derechos colectivos como el goce de un ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico, así como la protección de las áreas de especial importancia ecológica, por cuenta de cuatro concesiones otorgadas a Anglogold Ashanti y una más que está nombre de los ciudadanos Fernando Montoya, Alberto Murillo y Eugenio Gómez.

La suspensión de estos títulos se mantendrá hasta tanto se demuestre a Cortolima y la Agencia Nacional de Minería (ANM) que utilizarán una fuente alterna para las labores de exploración y eventual explotación.

Para esto, se tendrá como plazo máximo el periodo establecido en la ley para la etapa de exploración y, si una vez cumplido este término no se ha demostrado que no se afectará el recurso hídrico, cesarán los efectos de los títulos.

Ahora, en caso de que se identifique una fuente alterna, la explotación está supeditada a que se utilice un método de extracción sin mercurio. El cumplimiento quedará en manos de un Comité de Verificación conformado por entidades del ámbito nacional, como el Ministerio de Ambiente y la ANM, y del orden regional, como la Alcaldía de Ibagué y la Defensoría del Pueblo en el Tolima, entre otras.

Adicional a esto, Cortolima, como autoridad ambiental, deberá evaluar en las áreas de los mencionados títulos la existencia de posibles pasivos ambientales, es decir, el impacto negativo generado a raíz de un proyecto o las actividades que de ahí se derivaron, generando riesgos para la salud humana, la vida o el ambiente.

La directora de la entidad, Olga Lucía Alfonso, dijo al respecto que no han sido notificados de esta decisión, pero destacó que ya dieron cumplimiento a una orden del Consejo de Estado: la entidad cuenta con un estudio sobre la restauración y la recuperación de la cuenca de los ríos Combeima y Cocora que elaboró la Universidad del Tolima. Por lo demás, la funcionaria fue categórica en decir que cualquier decisión y pronunciamiento se hará con base en análisis técnicos.

Para Luis Enrique Orduz, abogado de la corporación Podion, Cortolima debe revisar especialmente los impactos acumulativos en una determinada fuente. Esto quiere decir que se determinen los efectos que han causado las acciones sucesivas, incrementales o combinadas de proyectos o actividades.

“Una cosa es que una fuente tenga, por ejemplo, un permiso para sacarle 60 litros por segundo al río Coello o que tenga cinco permisos para sacarle el mismo volumen. Cortolima deberá entrar a evaluar varios aspectos de ese tipo y eventualmente encontrar qué debe modificar en las autorizaciones que ya le otorgó a cualquier persona”, afirmó.

Orduz destacó como relevante que la Corporación revise los pasivos ambientales, un ejercicio que, según explicó, debería adelantarse sin que medien decisiones judiciales, pero que muchas veces, por razones políticas o incapacidad institucional, no se ejecuta. También resaltó la importancia de la sociedad civil para que haga veeduría, fiscalización o participe como terceros intervinientes dentro de proceso ambientales.

Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima, y Renzo García, diputado de Alianza Verde.

“El cinismo de AngloGold es monumental”, García

En un comunicado de prensa, la multinacional minera celebró la decisión del Consejo de Estado, pues reconoce que “las actividades de minería se pueden realizar en el marco del respeto por el ambiente sano y siempre en la búsqueda del equilibrio ecológico con el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales”.

Anglogold señaló que la sentencia promueve el desarrollo de esta actividad en diálogo y coexistencia con los ecosistemas y, por tanto, enfatizó que “cree en la minería bien hecha, la posibilidad de convertir la riqueza mineral del territorio en desarrollo económico, social y ambiental para las comunidades y siempre ha estado comprometido en desarrollar cada una de las etapas del proceso minero con los más altos estándares de cuidado al medio ambiente y de trabajo en conjunto con las autoridades y las comunidades”.

Al respecto, el diputado Renzo García, miembro del Comité Ambiental, dijo que “el cinismo de esta empresa es colosal, en el documento de la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima se observa claramente su postura de rechazo a esta acción que se interpuso para proteger los ríos Coello, Cocora y Combeima, y ahora dicen estar de acuerdo con la postura de la sentencia. Si están de acuerdo con la sentencia deberían irse de manera definitiva del Tolima y dejar de atacar la consulta popular de Cajamarca”.

Según dijo el asambleísta, esta decisión del Consejo de Estado “ayuda a ir superando la visión antropocéntrica que considera la naturaleza como un mero objeto, dispuesta de manera ilimitada al servicio de los seres humanos como fuente inagotable de materias primas, para reconocerla como un sujeto de derechos. Se le da cuerpo a los compromisos internacionales en materia ambiental y se fortalecen los mandatos de la Constitución Política de Colombia”.

Si Anglogold está de acuerdo con la sentencia debería irse de manera definitiva del Tolima y dejar de atacar la consulta popular de Cajamarca.

Renzo García, diputado de Alianza Verde.