En su propósito de recrear la realidad de sus antepasados, Alejandro Cortés, estudiante universitario residente en Sao Paulo, Brasil, ha interpuesto acciones judiciales contra la Arquidiócesis de Ibagué porque supuestamente ha vulnerado su derecho a la información al no suministrarle documentos eclesiásticos.

Estudiar el linaje paterno nació como un homenaje a la memoria de su padre, fallecido cuando Cortés tenía diez años, pero no solo se ha remitido a coleccionar fechas y nombres. En su búsqueda, explicó, se encontró con el inconveniente de que no existen muchos registros digitalizados que daten, especialmente, del siglo XVII.

Sin embargo, explicó que las iglesias disponen de información valiosa relacionada. Así pues, a través de un derecho de petición enviado a los correos de la Arquidiócesis, la Conferencia Episcopal Colombiana y la Catedral, el 26 de junio pasado solicitó información de sus antepasados, pero no recibió respuesta.

“En atención a que los datos solicitados podían resultar excesivos para un plazo de quince días, otorgue un plazo que excedió con creces el legalmente establecido, obteniendo como respuesta el elocuente silencio quien está acostumbrado al juego de oír y no contestar. Para efectos más ilustrativos, leer y no responder”, contó.

Se trata, en concreto, de registros de defunción que datan desde 1660 hasta mediados del siglo XIX, así como diversas actas de matrimonio, de los que dijo tener certeza que reposan en el archivo de la Catedral y, según explicó, no están sujetas a reserva legal y hacen parte del patrimonio histórico cultural y, en su caso, familiar.

Cortés interpuso una acción de tutela ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué, que en un fallo del 11 de septiembre ordenó a la Arquidiócesis responder el derecho de petición en un término de 48 horas. Pero al no obtener la información, presentó un incidente de desacato el 16 de septiembre.

No obstante, Cortés fue notificado de que el fallo de tutela fue impugnado por la Arquidiócesis señalando que no tenía cómo responder porque no ha recibido ni por medio virtual ni físico ninguna solicitud. Para él, se trata de una afirmación “mentirosa” dado que la solicitud fue remitida a diferentes direcciones de correo electrónico.

Adicional a esto, Cortés dijo estar sorprendido por la impugnación, pues el hecho de que el Juzgado haya admitido el desacato evidenciaría que la Arquidiócesis no había interpuesto ese recurso. Al solicitar una constancia al respecto, Cortés dice que recibió un documento que no corresponde a una impugnación, sino a comunicaciones “que de manera atípica he recibido del sacerdote responsable por el procedimiento, quien lejos de emitir la información pretendida y acatar el fallo, se ha limitado a enviar toda suerte de justificativas y de negar haber recibido la petición formulada”.

El 25 de septiembre, el padre Wilson Alirio Acosta, vicecanciller de la Arquidiócesis, le envió a Cortés una parte de la información aclarando que no fue posible remitir los datos restantes porque el libro de defunciones existe a partir de 1750 y los registros del libro de matrimonios estaban fechados a partir de 1836.

Cortés dice que desvirtuó esa respuesta con la presentación de índices de las actas solicitadas que tomó de una página de Family Search, la cual digitalizó buena parte del material.

En una carta, cuatro días después, el Vicecanciller le remarcó a Cortés que le enviaron la información encontrada y se copiaron textualmente de los originales. “Si usted desea verificar personalmente o enviar a un representante, puede acercarse a nuestras oficinas para cerciorarse de que nuestra información es veraz. Es imposible dar información que no poseemos. En cuanto a la digitalización, es imposible en este momento, porque es un proceso muy dispendioso y además los libros están muy deteriorados”, señaló.

“Me siento indignado”

Para Cortés, la Arquidiócesis ha dilatado o eludido la entrega de la información que no le pertenece a él, ni a la iglesia, pues es patrimonio público. Agregó que no esperaba esa actitud y afirmó que ha tenido complicaciones parecidas con otro trámite.

“Similar calvario he vivido con la Diócesis del Espinal, subordinada a la misma Arquidiócesis, de quien se demandó una información puntual y de quien se obtuvo como respuesta inicial que la Iglesia sólo obedecía a las leyes del derecho canónico como si en un Estado Laico como el nuestro, en pleno siglo XXI y cuando ya no hay que pagar los derechos de entrada al cielo, la Iglesia estuviera eximida de cumplir con sus deberes civiles como cualquier organización hecha por mortales y para mortales”, dijo.

Insistió en que la Iglesia está en la obligación de preservar la indemnidad de los archivos que son patrimonio histórico y cultural de la humanidad y liberar la información cuando sea solicitado. “Convido a todas y a todos a demandar información que se encuentra bajo custodia de la Iglesia y a ejercer el control social que corresponde porque si la Iglesia Católica está llamada a ser excepcional, no será por las vías del irrespeto a la ley y a los derechos de los ciudadanos”, concluyó.

‘No podemos hacer lo imposible’

Al ser consultado, el vicecanciller de la Arquidiócesis, el padre Wilson Acosta, dijo que el derecho de petición se envió a un correo creado por la Conferencia Episcopal que dejó de usarse hace varios años porque fue hackeado. Y enfatizó que a Cortés no le han enviado parte de la información solicitada porque, simplemente, no reposa en el archivo.

“El primer libro de defunciones que tenemos en la Arquidiócesis data de 1750 y el señor está pidiendo información de antes de esa fecha. Le enviamos lo que hallamos, pero insiste en que le estamos ocultando información. Le dijimos que viniera o delegara a alguien de su confianza o a un experto en archivística para que revisara los documentos que tenemos, para que pruebe lo que le estamos diciendo. Nadie obliga a nadie a hacer lo imposible. Hemos hecho lo que está a nuestro alcance”, dijo.

El padre Acosta informó que un juzgado, al resolver la impugnación que interpuso contra la tutela, y el Tribunal, al estudiar la apelación de Cortés, le dieron la razón a la Arquidiócesis, porque reconocieron que “no podíamos entregar algo que no existe en nuestro archivo”.

Sobre los cuestionamientos de Cortés a la Iglesia, respondió: “En Colombia hay libertad de expresión. No existen pretensiones políticas, económicas o ideológicas en este asunto, siempre hemos hablado con la verdad y no tenemos interés en ocultar nada. Si tuviéramos la información, se la mandábamos, pero no la tenemos y hemos respondido con base en lo que hay”.

DATO

La Arquidiócesis avanzaba en la digitalización de su archivo con el apoyo de técnicos del Sena, pero a causa de la pandemia se suspendió el proceso. En todo caso, se trata de una labor que toma bastante tiempo y exige mucho cuidado.

Padre Wilson Acosta, vicecanciller de la Arquidiócesis de Ibagué.