Posible detrimento de $155 millones por contrato de reforestación en Cunday

Crédito: Archivo /  EL NUEVO DÍALa auditoría exprés se hizo luego de que la actual Alcaldía hiciera la denuncia.
La Contraloría Departamental estableció ocho hallazgos fiscales, además de siete disciplinarios y cuatro penales, en un millonario contrato suscrito por la Alcaldía anterior.
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Un informe de auditoría realizado por la Contraloría Departamental estableció un posible detrimento patrimonial de $155.2 millones por presuntas irregularidades en un proceso contractual que adelantó en noviembre del año anterior la Alcaldía de Cunday a pocas semanas de que Evelio Girón dejara el mando del municipio.

A raíz de las posibles omisiones y gestiones antijurídicas, la entidad de control determinó ocho hallazgos administrativos, de los cuales cuatro tienen incidencia fiscal, siete disciplinarios y cuatro penales, que, por competencia, serán trasladados por el contralor Diego Andrés Guerra a la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.

Pese a que la Empresa de Servicios Públicos Cunday (Emcunday) carece de idoneidad y experiencia en reforestación, la Alcaldía suscribió un convenio para transferir $234 millones a esa entidad, que a su vez adelantó otro proceso con la firma Agroplantar Colombia S.A.S. para el repoblamiento vegetal de zonas afectadas por incendios en el predio San Alfonso de la vereda El Páramo.

Entre otras cosas, al revisar la documentación, la Contraloría Departamental concluyó que el establecimiento de 1.100 árboles y el aislamiento con cerca tradicional, como única acción de repoblamiento vegetal definido, se ejecutaron sin planeación y bajo criterios técnicos no apropiados para la restauración y la rehabilitación natural del bosque.

Las inconsistencias también se remontan a la etapa precontractual. De acuerdo con el informe, hubo una serie de falencias en la planeación del proceso que dio origen al convenio interadministrativo, pues se evidenció que no se realizaron estudios técnicos ni análisis del sector.

“Son estudios necesarios para determinar las especies arbóreas a sembrar, la calidad de las mismas, las medidas de los postes para el cercado, el calibre de alambre de púas, el transporte a utilizar en el traslado de materiales hasta el sitio intervenido, tampoco se relaciona la distancia que se debía dejar entre plantas sembradas”, señala el informe.

La Contraloría también encontró que no se adelantó un estudio de mercado que permitiera determinar el costo de los materiales que serían utilizados en la ejecución del contrato, una actividad necesaria para que la Alcaldía pudiera establecer el presupuesto que sería destinado.

La Alcaldía sustentó que se basó en contratos de los tres años anteriores para establecer el presupuesto, pero la Administración actual, dirigida por Luis Gabriel Pérez, informó que entre 2017, 2018 y 2019 no se ejecutaron procesos que estuvieran relacionados con la reforestación. Tampoco apareció la propuesta técnica y económica que supuestamente presentó Emcunday.

“Además, estableció el ente de control que al no contar previamente con los criterios técnicos para la realización de las actividades relacionadas en los estudios previos, los cuales fueron definidos después de suscrito el contrato, se puede evidenciar que existieron deficiencias de planeación y que puso en riesgo la correcta ejecución del contrato e inversión de los recursos asignados”, señala la entidad de control.

Por otro lado, no se encontraron los documentos administrativos que acreditaran la experiencia mínima de Emcunday, pero, de forma extraña, la Secretaría General y de Gobierno de entonces, emitió una certificación de idoneidad. La Contraloría corroboró que la entidad no tiene dentro de su objeto servicios relacionados con la reforestación.

Adicional a esto, el informe refiere que Emcunday presuntamente adelantó el contrato sin el sin el lleno de requisitos legales al no contar con propuestas técnico-económicas de las empresas interesadas.

Como si fuera poco, Emcunday omitió injustificadamente exigir el pago del 5% del valor del contrato correspondiente al impuesto de seguridad ($11.6 millones) y el contratista, Agroplantar Colombia S.A.S., no canceló el valor de las estampillas Procultura ($6.9 millones) y Proanciano ($5.8 millones).

 

DATO

Los $155.2 millones de detrimento patrimonial corresponden a los $130.9 millones en la ejecución de las actividades, así como los $11.6 millones del impuesto de seguridad y los $12.7 millones correspondientes a las estampillas de Procultura y Proanciano.

 

 

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La Alcaldía de Murillo estaba dirigida por Evelio Girón en noviembre de 2019.

EL NUEVO DÍA

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