Aún sin haber logrado sacar adelante la aprobación de todos los puntos de la Consulta Anticorrupción (hasta ahora el mecanismo de participación ciudadana más votado de la historia política del país, con 11.674.951 sufragios), el Gobierno nacional  y el Centro Democrático vuelven a presentar nuevas iniciativas para luchar contra la corrupción y propender por la austeridad en el gasto.

Mientras el gobierno de Iván Duque radicó ante el Congreso, con mensaje de urgencia, un proyecto de Ley para fortalecer medidas contra la corrupción, desde el uribismo decidieron incluir dentro de su referendo contra la JEP varias iniciativas para reducir el Congreso, reducir el salario a los legisladores y congelar el salario de los altos funcionarios del Estado por seis meses.

Si bien ambos proyectos buscan en esencia preservar el erario, son iniciativas que ya habían sido presentadas en la Consulta Anticorrupción, muchas de ellas  ya archivadas en el Congreso, incluso sin darle su primer debate, tal y como sucedió con el punto 1 de la Consulta: la reducción de salarios de los congresistas y los altos funcionarios del Estado.

Estrategia de campaña

Ante este escenario, los expertos en la materia señalan que las nuevas propuestas anticorrupción elevadas tanto por el Gobierno como por el uribismo, más que una iniciativa política real de lucha contra el flagelo de la corrupción, que le cuesta al país más de $17,9 billones al año, se trata de una estrategia electoral de cara al 2022.

“Más que la lucha anticorrupción, son propuestas populistas para recuperar electores con miras al 2022. En el caso del uribismo quieren utilizar el tema de la reducción del Congreso y la congelación de los salarios de los altos funcionarios del Estado para que la gente salga a votar masivamente el referendo que tiene como fin principal acabar la JEP y así pasar el umbral. La reducción del Congreso y salarios, que el mismo uribismo no quiso aprobar en el Congreso, ahora sí le puede dar buenos réditos electorales para el referendo y para las elecciones del 2022”, explicó el doctor en Ciencias Políticas Gerardo Martínez.

¿Qué pasó con las iniciativas anteriores?

De los siete puntos que contenía la Consulta Anticorrupción y que posteriormente impulsó el Gobierno nacional como proyectos de Ley ante el Congreso, tres fueron hundidas, tres fueron viabilizadas y otra fue aprobada pero con problemas para su aplicación real en la lucha contra la corrupción.

Junto con la reducción de los salarios a congresistas y altos funcionarios del Estado, el legislativo también archivó las propuestas de presupuestos públicos con participación ciudadana y la limitación de períodos en corporaciones públicas, para que congresistas, concejales y diputados no se pudieran reelegir eternamente.

Por su parte, las iniciativas de cárcel para corruptos, la contratación transparente o pliegos tipo y la publicación de la declaración de renta fueron aprobadas.

Aunque la rendición de cuentas por parte de los Congresistas ya está prevista en la Ley, los promotores de la Consulta denunciaron que el proyecto aprobado eliminaba el deber de publicar el voto, la agenda y las partidas presupuestales gestionadas por los legisladores.