La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz escuchó en audiencia pública, a miembros del alto gobierno en el que expusieron las acciones que han tomado en la protección, en materia de seguridad, a los excombatientes de las Farc.

La diligencia que se adelantó de manera pública, estuvo presidida por tres magistrados del tribunal de paz, y además asistieron la vicefiscal general, Martha Mancera; los senadores Victoria Sandino, Pastor Alape, así como el alto Comisionado para la Paz, Miguel Antonio Ceballos Arévalo, y el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila Peñalosa, entre otros.

El objetivo de la diligencia tenía la finalidad de reconocer los elementos que generan afectaciones a los derechos fundamentales a los excombatientes de las Farc, esto teniendo en cuenta que en el tribunal de paz han documentado la muerte de más de 240 exmiembros del grupo guerrillero.

El director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, Giovanni Álvarez, por su parte, aseguró que cada vez que muere un excombatiente de las Farc muere la verdad para un grupo de víctimas, porque se dificulta la construcción de la misma.

“Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 15 de noviembre de este año, se ha podido establecer que han muerto en total 249 excombatientes, es decir está muriendo un excombatiente de las Farc cada cinco días”, aseveró el funcionario del tribunal.

Para Álvarez esa cantidad es una cifra “alarmante”, esto, sin contar que según datos de la Agencia para la Reincorporación y normalización los excombatientes de las Farc, residen en 565 municipios, y de esos, han ocurrido asesinatos en 98, lo que significa que en el 17% de los casos se han registrado víctimas mortales.

“Así las cosas, si nosotros hiciéramos una proyección o una previsión de muertes de excombatientes de las Farc hasta diciembre de 2024, teniendo en cuenta que la situación continúe como se viene desarrollando sin que esta desmejore o se haga más grave, habrían perdido la vida 1600 excombatientes, lo que sería un mensaje grave para la comunidad nacional e internacional y por supuesto una situación de extrema gravedad para el desarrollo del proceso de paz”, expresó el director.

El informe que presentó Álvarez y que fue realizado con apoyo del Equipo de Identificación y Advertencia Oportuna de Riesgos de la Unidad, expuso tres hipótesis explicativas que debe problematizarse, porque a través de ellas se ha buscado poner de presente el fenómeno que viene ocurriendo sobre ataques contra los excombatientes de las Farc.

Para Álvarez, la primera de ella es el fenómeno del narcotráfico que, en gran medida se ha dicho es el responsable de las muertes de los firmantes de paz y lo cual es indudable, ya que en algunos eventos así ha sido, “pero no podemos explicar de forma general o tener como un patrón general el narcotráfico para la ocurrencia de estos hechos victimizantes”. 

Según el informe, en 176 municipios coincide la presencia de cultivos de coca y el lugar de residencia de los excombatientes. Sin embargo, 111 tienen hectáreas sembradas de coca y no registran un solo caso de homicidios, esto significa que el 63% de los territorios cocaleros no evidencian fenómenos homicidas.

La segunda hipótesis explicativa de los hechos presentada por el director tiene que ver con rencillas personales, “es la hipótesis más débil y no tiene realmente ningún fundamento ya que de 249 homicidios cinco tienen como causa detonadora una riña callejera, pelea o trifulca, es decir solo el 2% de este tipo de hechos victimizantes obedece a razones de esta naturaleza, lo cual a su juicio permite concluir que prácticamente son hechos aislados.

La tercer hipótesis que Álvarez pone como la más fuerte de todas vincula a las disidencias de las Farc, esas mismas que a su juicio no son una organización criminal única y homogénea, pues en este caso, también tienen identificados tres tipos de disidencias.

La primera, es la que está coordinada por ‘Gentil Duarte’, que nacen en 2016, y opera en 21 departamentos y 155 municipios en el territorio nacional. De acuerdo con Álvarez, este tipo de disidencias se caracterizan por tener choques permanentes con la Fuerza Pública y utilizan métodos de control social con la población civil.

La segunda, también conocida como la Segunda Marquetalia, que nació en agosto de 2019, suele operar en la frontera con Venezuela, y tienen presencia intermitente en 44 municipios del Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Huila, Tolima y Meta, además de que su relacionamiento con la población civil es mediático y se ha establecido que no tienen poder militar para atacar a la Fuerza Pública.

Y finalmente están las disidencias narcotizadas, las cuales nacen durante el proceso de paz de La Habana y tienen presencia en 38 municipios y se enfrentan ocasionalmente con los uniformados.

Respecto de la victimización que tienen los excombatientes de las Farc, el director expuso que la Unidad que preside detectó elementos comunes y además identificó dos patrones de violencia letal que dan cuenta del 57% de los casos.

Frente a elementos comunes a la victimización, la Unidad estableció dos. En cuanto al perfil de las víctimas, son hombres mestizos entre los 25 y 44 años, sin pertenencia étnica, con bajos niveles de escolaridad, que tendieron a ocupar posiciones de baja jerarquía durante su permanencia en las Farc, y el modus operandi en el cual los victimarios tendieron a abordar a los excombatientes en sitios públicos de zonas rurales, donde les propinaban múltiples disparos en el rostro, la cabeza y el tórax.

En cuanto a los patrones de violencia letal, el primero de ellos es el patrón de desmonte de los proyectos políticos, económicos o comunitarios ligados a la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, a través de la eliminación de excombatientes que asumen roles de liderazgo.

Este patrón constituye el 21% del total de casos de la muestra, es decir, 43 homicidios de 249 siguen esta tendencia, ocurrieron en 13 departamentos y 33 municipios, y afecta principalmente a excombatientes adultos que tienen entre 35 y 54 años, y que asumieron roles de liderazgo en el postacuerdo. 

El segundo es el patrón de violencia letal asociado a la prevalencia y la disputa entre disidencias de las Farc, en antiguas zonas de retaguardia del Bloque Oriental, el Bloque Sur y el Comando Conjunto de Occidente.

Para Álvarez, este patrón constituye el 36% de los casos de la muestra, es decir, 91 sobre los 249 registrados, y el informe pudo establecer que el “grupo perpetrador” principal son las disidencias en sus tres tipos y afecta principalmente a los excombatientes jóvenes entre 18 y 34 años que tienen un fuerte arraigo en la zona. 

Lo que dicen las Ex-Farc

Victoria Sandino, por su parte, empezó su relato trayendo a colación la muerte de Paola Andrea Osorio, una excombatiente del grupo guerrillero que fue asesinada en la noche de este martes en Chocó.

El reporte de la hoy senadora da cuenta que han fallecido 242 exmiembros de las Farc, de los cuales cinco han sido mujeres y 237 hombres, eso sin contar que se han registrado 50 tentativas de homicidio y 17 desapariciones forzadas. 

“En este momento existe entre uno y dos asesinatos cada semana sin que el Estado reaccione de manera efectiva. Nos enfrentamos a un arco de violencia. Estamos asistiendo a un exterminio que no culmina”, expresó y añadió que el Gobierno no puede avocar las muertes de los excombatientes a casos aislados, sino que por el contrario deben considerarlo como una sistematicidad.

“A los firmantes del acuerdo de paz los estigmatizan, los señalan y después los matan”, dijo en medio de su intervención a la que se unió Pastor Alape, exjefe del grupo guerrillero, quien hoy hace parte del Congreso de la República.

Alape, por su parte, argumentó que se están enfrentando a un panorama “macabro”, que da cuenta del exterminio de excombatientes de las Farc, y con ello se esfuman las esperanzas de paz.

“Mientras el Gobierno dijo que no era necesario las medidas cautelares tuvimos que ver con impotencia como varios compañeros de Etcr tuvieron que dejar esos lugares hoy se encuentran fuera de sus territorios”, argumentó el ahora dirigente político.

A juicio de Alape semana a semana ocurren nuevos hechos que atentan contra la vida, la paz y derechos de los firmantes del Acuerdo y de las comunidades que se acogieron al acuerdo de paz celebrado, precisamente, hace cuatro años.

Lo que ha hecho el Gobierno nacional

Si bien, los dirigentes políticos han reseñado las múltiples vulneraciones a los derechos fundamentales, la vicefiscal Martha Mancera, por su parte, expuso los logros en materia jurídica que han obtenido respecto del esclarecimiento de las muertes de excombatientes.

Mancera dijo que hasta la fecha se han proferido 37 sentencias condenatorias por afectaciones directas a personas en reincorporación y sus familiares. Además, 22 adicionales que están relacionadas con las organizaciones criminales, y si bien el ente acusador se mueve en materia de investigación, también entregó información a la Unidad Nacional de Protección, en la que a su juicio, “tenemos que decirlo: los resultados de protección inmediata o de esquemas de seguridad de la dirección especializada no son muy rápidos”.

La vicefiscal aseguró que en algunos casos han tenido que enviar más de 10 oficios a la UNP donde se les menciona que existe un riesgo extremo. Esto lo mencionó la funcionaria del búnker luego de responder  a una pregunta hecha por los magistrados de la JEP en la que hacían mención sobre la protección de 19 excombatientes asesinados.

Desde la Defensoría del Pueblo, Ricardo Arias, delegado para la Prevención de Riesgos y Sistemas de Alertas Tempranas expuso que con base en lo que han demostrado las instituciones sobre la situación de los excombatientes, hasta la fecha se ha emitido un total de 192 alertas tempranas, de las cuales 49 han identificado riesgos diferenciales para la población en proceso de reincorporación.

Mientras que el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila reiteró la voluntad del gobierno de proteger a los excombatientes e ilustró cómo, entre las entidades del Estado, responsables de la seguridad de los exintegrantes de las Farc, los miembros del partido político y sus familias, se ha desarrollado un alto nivel de articulación y coordinación para garantizar su integridad frente a las amenazas.

“Ni el narcotráfico, ni los criminales que los atacan frenarán el proceso de reincorporación de los excombatientes que le apostaron a la legalidad. Quedó claro que los homicidios de los excombatientes no corresponden de ninguna manera a una política de Estado y que actuamos con gran diligencia y compromiso y decisión ante quienes atacan a esta población”, puntualizó el Consejero.

De esa manera, Archila aseguró que para el bien del proceso se concluyó que, “si se adoptan medidas cautelares, estas lo serán bajo el enfoque de colaboración armónica, complementariedad sin desarticular lo que ya está funcionado, construyendo sobre lo construido en un contexto de respeto a la autonomía e independencia de los poderes, con sujeción a los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad”.

Archila enumeró todas las acciones, esquemas y estrategias de seguridad que se han desarrollado para proteger a los excombatientes y a sus familias, y mencionó que en varias ocasiones se ha solicitado al partido Farc un apoyo en información y conocimiento de circunstancias o riesgos de amenaza para hacer afectivas las medidas, pero no se ha obtenido una respuesta.

Dijo además que las acciones que se realizan en materia de prevención, protección y atención en materia de seguridad, están relacionadas con las instancias y programas creados en desarrollo del acuerdo, y cuentan con mecanismos legales de articulación mediante la participación de miembros de la Instancia de Alto Nivel en las otras instancias, entre ellas la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección.

Además de eso, señaló que en el 77,77% de los casos con avance de esclarecimiento, los victimarios han sido organizaciones criminales armadas. En su orden: las disidencias, ELN, Clan del Golfo, Organizaciones tipo C y EPL.