El proyecto, además de asegurar la financiación estatal de las vacunas, abre la posibilidad de que los privados participen en su adquisición. ¿Cómo es esto?

La ley de vacunas faculta a los empresarios para que se sumen a la adquisición masiva mediante el mecanismo de ‘vacunas por impuestos’, por medio del cual los particulares pueden hacer donaciones en dinero para la compra de vacunas y, a cambio, se les descontará hasta la mitad en su declaración de renta del año siguiente. Se trata de hacer una gran ‘vaca’ entre los  sectores público y privado para la compra.

Una acotación que ha hecho es que el proyecto garantiza la vacuna sin importar estrato, pero no es obligatoria...

Así es. La vacuna es gratuita para todos los colombianos independientemente del estrato socioeconómico y la ubicación geográfica, pero no va a ser obligatoria. Cada quien es libre de decidir si se la quiere aplicar o no. También es importante mencionar que esta ley faculta al Ministerio de Salud para que priorice su aplicación y, en ese sentido, el Gobierno ha expresado que primero se van a vacunar los grupos poblacionales en riesgo como el personal de la salud, los adultos mayores y las personas con comorbilidades. Hay una priorización, pero no se va a excluir a nadie.

Ayer se aprobó la vacuna desarrollada por Pfizer y se sabe que el Gobierno ha negociado 20 millones de dosis a través del mecanismo Covax. ¿Este proyecto define aspectos relacionados con la compra?

El proyecto de ley faculta al Gobierno para comprar las vacunas, pero no le establece  restricciones sobre en dónde  comprarlas. Sí debe tener en cuenta ciertos aspectos importantes, como, por ejemplo, determinar cuál o cuáles laboratorios en el mundo están produciendo vacunas que representen realmente confiabilidad, porque están en fase experimental.

Normalmente una vacuna se demora entre cinco y diez años para salir al mercado, pero aquí estamos frente a vacunas que se están produciendo desde hace ocho meses. Si bien están trabajando los científicos más reconocidos del mundo en su producción, es importante mencionar que en medio de su adquisición existe la posibilidad de que haya cambios porque estamos frente a vacunas de emergencia. Estados Unidos, Europa y Argentina ya comenzaron a adquirir estas vacunas teniendo en cuenta la urgencia que hay para salvar vidas humanas.

El proyecto contempla la creación del Consejo de Evaluación de Reacciones Adversas. ¿Cuál es su función?

Como un mecanismo para generar confianza en la población, se estableció la conformación de un consejo de expertos que evaluará las quejas o solicitudes de las personas que presenten efectos secundarios adversos  luego de la aplicación de la vacuna. Pero independientemente de lo que defina el Consejo, el particular puede acudir a la vía de lo contencioso administrativo y será un juez de la República el encargado de decidir si tiene razón o no. Este mecanismo busca llegar a un consenso  frente a la queja del particular antes de llegar a las instancias judiciales para resarcir un daño.

Ese consejo se independizó de Invima teniendo en cuenta que esa entidad será el encargada de aprobar la aplicación en la población. No podía ser juez y parte. Es decir, el Invima no puede, por un lado, aprobar la aplicación y, por el otro, tomar determinaciones frente a un ciudadano que quiera demandar el día de mañana.

Y si se llega a comprobar un daño a una persona, el Gobierno nacional, naturalmente, debe asumir la reparación...

El Estado va a adquirir una póliza para que en ese tipo de eventos y no se pongan en riesgo recursos públicos para responder a demandas de los particulares.

DATO

Colombia comprará diez millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 de la farmacéutica Pfizer a un costo de 12 dólares por dosis. Estas dosis se sumarán a las 20 millones que adquirirá el país a través del mecanismo Covax.

DATO

De acuerdo con Ferro, se espera que en el primer semestre de 2021 se vacune entre una cuarta y una quinta parte de la población colombiana.