A pocas semanas de que salga de la Procuraduría General de la Nación, Fernando Carrillo ha realizado cambios a nivel territorial y nombró a la abogada Valentina Mahecha Varón, actual Procuradora Regional del Tolima, como nueva jefe de esa entidad en Santander.

La decisión ya había trascendido a nivel local, pero fue ella misma quien confirmó que deberá asumir el nuevo cargo en los próximos días y hoy, tras cumplir su periodo de vacaciones, adelantará las labores de empalme y entrega a quien vaya sucederla en la Procuraduría Regional del Tolima.

Este es un cargo apetecido por la clase política regional. De hecho, antes de la llegada de Mahecha a mediados de 2018, el puesto era ocupado por Germán Alexánder Almario, cercano al exsenador liberal Guillermo Santos. Aunque a la Procuradora se le vinculó en su momento con Cambio Radical, desde su círculo cercano se desmintió este nexo.

Por ahora, se ha dicho que el ‘barretismo’, el poderoso grupo político conservador, buscaría quedarse con el control de la entidad con el nombramiento de una persona afín. Entre los supuestos candidatos a reemplazar a Mahecha está Diego Alvarado, hijo del exsenador Luis Antonio Alvarado.

El abogado se desempeñó como secretario General y Educación de la Gobernación, estuvo por 12 años al frente de la Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima, y en 2017 fue nombrado Contralor Delegado para el Medio Ambiente.

También ha sonado el abogado Randold Trillos Pérez, exprocurador Provincial de Honda. Antes de llegar a la entidad de control, trabajó por casi 13 años en el Ministerio de Transporte y en la actualidad está dedicado a su empresa de transporte público especial.

Mahecha tomó algunas decisiones sonadas como las inhabilidad de diez años contra Daniel Soto, exdirector de Justicia de la Alcaldía de Ibagué, por conflicto de intereses o la inhabilidad de diez años contra al exdiputado Eutimio Ballesteros por estar impedido para posesionarse y ejercer el cargo de asambleísta.

Por otro lado, llama la atención los recientes movimientos de Carrillo si se tiene en cuenta que le resta poco tiempo en la entidad. Por ejemplo, en octubre pasado declaró insubsistente a Elkin Anselmo Oliveros como Procurador Provincial de Ibagué y en su reemplazo nombró a Josefina Pupo Soto, funcionaria de carrera que viene directamente desde Bogotá.

Sin embargo, según explicaron fuentes del Ministerio Público, el cambio en la Procuraduría Regional del Tolima obedece a la declaratoria de insubsistencia del Procurador de Casanare, hecho que obligó el traslado del jefe de la entidad en Santander a ese departamento.

Insubsistente Procurador de Girardot

A través del decreto 1212 fue declarado insubsistente el procurador provincial de Girardot, Carlos Andrés Rivera Tamayo, quien es cercano al exrepresentante Emilio Martínez y en las últimas semanas fue acusado de una supuesta persecución política.

En declaración a medios de comunicación, el alcalde alcalde de Espinal, Juan Carlos Tamayo, aseguró que el procurador provincial quería sacarlo de la Administración municipal con base en la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de mercados para la pandemia.

El ahora exfuncionario afirmó en redes sociales que de manera malintencionada comenzó a circular en WhatsApp un mensaje injurioso en el que se aseguraba que su salida de la Procuraduría tenía que ver con hechos de corrupción. Señaló que ya sabía quién fue el autor de la “noticia falsa”.

Algunos procesos pendientes

1.La exprocuradora provincial de Ibagué, Ligia Aguilar, por presuntamente engavetar y mantener represadas mas de 260 quejas y denuncias en su despacho.

2. Mario Alberto Casas, exgerente del Ibal, por posible conflicto de intereses al residir en un apartamento de propiedad de los hijos de un contratista.

3. Elio Fabio Rodríguez, exdirector territorial del Ministerio de Trabajo, por aparente omisión para resolver oportunamente la investigación laboral adelantada contra un empleador.

4. Diego Mauricio Visash y Julio César Vásquez, excontralores de Ibagué, porque decretaron la prescripción de un proceso pero no levantaron una medida cautelar de embargo a un bien.

5. Juan Pablo Salazar, expresidente del Concejo de Ibagué, por la presunta falta de idoneidad de la entidad que adelantó el proceso de selección del Personero.

6. Exalcaldes y exfuncionarios de la Gobernación por presuntas irregularidades en la ejecución de contrato para que cacaoteros participaran en feria de chocolate de París en 2017.

7. Robely Alberto Trujillo, director de la cárcel de Picaleña, por presuntamente negarse a tramitar las notificaciones enviadas por los despachos judiciales de la ciudad a la personas privadas de la libertad.