El informe de la Comisión de Políticas de Drogas del Hemisferio Occidental del Congreso de los Estados Unidos es concluyente: “La fumigación aérea a la escala del Plan Colombia es imposible, incluso si el Gobierno logra superar los obstáculos legales, financieros y políticos para reiniciar el programa”, lo que significa que pese a la insistencia de la administración del presidente Iván Duque de retomar la aspersión con glifosato, hay un gran sector político del país norteamericano que considera que la lucha contra el narcotráfico debería tener un enfoque hacia el desarrollo alternativo.

Y, es que según el mismo informe, si bien el Plan Colombia fue un éxito en la contrainsurgencia, fue un fracaso en la lucha contra las drogas, siendo el país uno de los mayores productores de cocaína en el mundo, pese a los esfuerzos que ha hecho por décadas. Sin embargo, esta afirmación fue rechazada por el presidente Iván Duque, quien señaló que esa conclusión es controvertible debido a que en el territorio nacional se tiene que hablar de narco-terrorismo.

Entre las recomendaciones que hace la comisión a Colombia está que avance en una estrategia integral de lucha contra las drogas que combine la interdicción de drogas, seguridad y desarrollo alternativo con un enfoque que aborde las necesidades específicas de las comunidades afectadas por organizaciones criminales.

María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), de la Universidad de los Andes, indica que el informe recoge lo que desde hace varios años vienen diciendo analistas y académicos alrededor de la forma como se enfrenta esta problemática, sin embargo, considera que para que haya un viraje en la política de drogas colombiana esta debe ser una decisión del Gobierno, cosa que con la actual administración parece algo lejana.

Vélez añade que si bien la posición del Gobierno parece tener un enfoque más dado hacia la forma tradicional de combatir el narcotráfico, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca promete que habrá más maniobra o cabida a una política más inclinada hacia un enfoque de desarrollo rural, un poco más alejada de la visión simplista alrededor del uso del glifosato.

Para la directora del Cesed, de cierta forma lo que hace el documento es recoger lo que ya se había planteado en el acuerdo de paz con las Farc alrededor del problema del narcotráfico, a partir del cual se crearon los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).

El analista político Mauricio Jaramillo, sostiene que es poco probable que este Gobierno cambie el énfasis que tiene en su política de drogas, pese a que el informe desmonta muchos de los valores sobre los que se sustenta la misma, como el uso del glifosato, la sustitución no negociada o vincular las drogas al terrorismo.

Según Jaramillo, el informe no es de cumplimiento obligatorio para el Gobierno colombiano, porque lo que hace es dar una serie de recomendaciones, sin embargo, dice que lo más probable es que siendo Joe Biden un demócrata, las asuma con mayor voluntad que si Donald Trump hubiese sido elegido.

“Yo creo que la presión del Senado sobre Colombia va aumentar por un manejo más responsable del glifosato. A mí lo que me parece lamentable es que el Gobierno hubiese acelerado la aspersión por presión de Estados Unidos, ahí uno ve la torpeza de Duque. No calcularon que esa presión era coyuntural, que Trump no iba a durar toda la vida”, agrega el analista.

Más estrategias

Óscar Palma, director del Observatorio de Drogas ilícitas y Armas de la Universidad del Rosario, señala que si bien es el Gobierno el que tiene que tomar la decisión alrededor de cómo lleva la política de drogas, es importante que Estados Unidos se motive a pensar en otra serie de estrategias de la guerra contra las drogas, teniendo en cuenta que este país es uno de los principales promotores de las estrategias para la lucha contra este fenómeno.

De acuerdo con Palma, desde hace tiempo se viene insistiendo en que la estrategia militar y policiva de destrucción fracasó en el país y que se tiene que pensar en otra serie de alternativas para el desarrollo, en especial para el desarrollo de los territorios, como lo menciona el informe. “El problema de las drogas sigue existiendo y la idea de seguir con la misma estrategia no nos va a llevar a ningún lado, si el reporte está motivando otra serie de alternativas, creo que es el énfasis correcto”.

Al igual que los anteriores expertos, Palma destaca que las recomendaciones que se hacen para la política de lucha contra las drogas de uso ilícito en el país encajan con la proyección que tiene Joe Biden en la Presidencia.

De esta manera, lo que resta es ver la evolución de la posición del Gobierno frente a las recomendaciones de esta comisión, teniendo en cuenta que es el Congreso de los Estados Unidos el que aprueba la cantidad de recursos que se destinan en materia de cooperación internacional por parte de ese país a Colombia.

¿Qué dice el gobierno?

Según el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, las recomendaciones que se hacen en el informe se reflejan en los proyectos que se han venido trabajando en el Gobierno, en el marco de la estrategia integral de la lucha contra las drogas, que tiene entre sus frentes el desarrollo alternativo.

De esta manera, Archila destaca que la forma en la que se viene trabajando agrupa los elementos que el Congreso de los Estados Unidos recomienda, y hace énfasis en que hay un enfoque especial desde el Gobierno hacia los 120 municipios donde se concentra el 95 % de la coca en el país, a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

“La visión a largo plazo para estabilizar estos municipios está en curso y está de la manera más ambiciosa y efectiva posible. Para esos municipios, nosotros tenemos no una sino cuatro formas de sustitución voluntaria de cultivos, que si contáramos con los recursos que los Estados Unidos han venido analizando cómo entregarnos, podríamos seguir implementando”, añade el consejero. Entre los programas de sustitución que destaca Archila están ‘Sustitución con legalidad’, ‘Formalizar para sustituir’ y ‘Pagos por servicios ambientales’.

En relación al glifosato, el consejero hace énfasis en que, tal y como lo dice el informe, no se puede seguir viendo el problema del narcotráfico como algo binario, sino que se requiere de una combinación de estrategias, incluyendo los mecanismos que estén a disposición del Estado, donde la fumigación aérea también juega un papel importante.

En cuanto al énfasis que se hace desde la comisión para la aspersión, Archila indica que desde el Gobierno hay información detallada de los sitios donde se hace sustitución para no a usar glifosato en esas zonas y de esta manera no afectar a las comunidades ni al medio ambiente. “Nadie ha dicho que se quiera utilizar en zonas donde se considere que no es apropiado”.

“Este reporte es un espaldarazo a esta propuesta integral que tenemos nosotros. Si tenemos el apoyo de los Estados Unidos para estas iniciativas que venimos liderando, sería absolutamente fenomenal, porque le estaríamos apostando a que en algún momento el país esté libre de coca”, indica.

Recomendaciones del informe

Una de las principales recomendaciones es que el país haga uso selectivo de la erradicación forzosa, ya sean aéreos o manuales. Dicen que esto debe centrarse en los productores de coca a gran escala o utilizarse de forma selectiva, en consulta con los líderes de las mismas para evitar que los traficantes regresen a áreas con desarrollo continuo.

De igual forma, consideran que destruir laboratorios y confiscar precursores químicos puede ser más rentable y menos dañino para las comunidades locales que erradicar los cultivos de coca, pero también se hace énfasis en que se debe hacer construcción de vías terciarias para contribuir al progreso de los territorios.