Condenan a la Nación por feminicidio de concejal de Murillo

Crédito: Archivo / EL NUEVO DÍALa Alcaldía de Murillo, como la Policía, la Fiscalía y el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, debe adoptar medidas de capacitación sobre el respeto de la vida y la no discriminación de la mujer.
El Ministerio de Defensa, la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía de Murillo deberán pagar $1.520 millones a los familiares de Luz Yaneth Salinas, porque no actuaron con diligencia para protegerla e impedir su asesinato en 2011 a manos de su expareja.
PUBLICIDAD

Mas de más de nueve años después, un juez de la República condenó a la Nación a pagar $1.520 millones por el crimen de Luz Yaneth Salinas Salinas, concejal de Murillo asesinada el 19 de julio de 2011 a manos de su expareja.

En concreto, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué declaró al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Murillo como responsables de los perjuicios causados porque retardaron, omitieron y prestaron de forma indebida la protección a la concejal.

Durante más de un año, Luz Yaneth denunció ante las autoridades las sucesivas amenazas de muerte, la persecución y las repetidas agresiones verbales y físicas que recibió por parte de José Tirso Torres Rincón, sin que actuaran de manera efectiva para impedir el homicidio.

En día que fue asesinada, Luz Yaneth estaba en el sector Alto de la Alegría, en corregimiento El Bosque, en compañía de un hombre y un sobrino, cuando Torres la atacó con disparos de escopeta. Aunque este desenlace fue advertido por la concejal, las autoridades fueron negligentes.

“Se evidencia la discriminación por parte de las entidades demandadas, quienes no adoptaron medidas con la debida diligencia para impedir la violación de los derechos, para investigar y castigar los actos de violencia cometidos contra la señora Luz Yaneth”, señaló el Juzgado.

En otras palabras, el Estado dejó sola a la Luz Yaneth, porque, teniendo las herramientas que hubieran permitido darle mecanismos de protección, las autoridades no actuaron para prevenir, investigar y sancionar a su agresor.

Por esto, el Juzgado también ordenó que, a través de medios de comunicación, la Dirección Nacional de la Policía, la Alcaldía, la Fiscalía y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué adelanten un reconocimiento público de sus fallas en el servicio y pidan disculpas por los hechos a la población, especialmente a los familiares de la concejal.

En el análisis del caso, el Juzgado tuvo en cuenta un pronunciamiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el que señala que la inacción del Estado ante casos de violencia contra las mujeres fomenta un ambiente de impunidad y promueve la repetición de la violencia “dado que la sociedad no ve pruebas de la voluntad del Estado, como representante de la sociedad, de adoptar medidas efectivas para sancionar tales actos”.

Tirso fue capturado pocos días después de cometer el feminicidio, pero en noviembre de ese mismo año quedó en libertad por un mal procedimiento judicial. La investigación en su contra precluyó porque fue asesinado en enero de 2012 en zona rural de Villahermosa.

 

Cuánta negligencia

El Juzgado señaló que Luz Yaneth no solo debía ser protegida por su condición de concejal, sino que, al ser víctima por ser mujer y estar en indefensión frente a la violencia de su expareja, la hacía merecedora de toda la atención y protección por parte de las entidades a las que acudió.

El despacho judicial indicó que aunque la Inspección de Policía de Murillo no era la encargada de imponer medidas de protección, como lo pidió Luz Yaneth en su momento, estaba obligada a remitir dicha solicitud a las entidades competentes.

Y aunque se impuso multas, las sanciones no resultaron efectivas ni evitaron que Torres continuara con sus agresiones y amenazas, conductas de las que se percató esa entidad en varios requerimientos.

El Juzgado también reprochó la actitud omisiva de los funcionarios de Estación de Policía de Murillo, pues se limitaron a acompañarla a las sesiones del Concejo, cuando conocían que ella tenía negocios y laboraba en varias partes de la región donde estaba presente su agresor.

Adicional a esto, cuestionó que no se haya investigado, imputado y condenado a Torres si la concejal radicó denuncia penal en su contra ante la Fiscalía y el Juzgado Promiscuo Municipal de Murillo. “Es inadmisible la indiferencia, la apatía y la liviandad con el cual tramitaron el proceso penal con manifestaciones tan claras y graves que dejaban ver el peligro que representaba el señor Tirso para la sociedad”, indicó.

EL NUEVO DÍA

Comentarios