Los hechos que marcaron la agenda política en 2020

Decisiones que reconocen derechos sociales y ambientales, enredos por contratación en pandemia y nuevos aportes hacia convivencia y paz, entre los hechos más destacados.
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UT: estabilidad, acreditación y matrícula cero

Gracias a la estricta ejecución de un plan de saneamiento financiero, la Universidad del Tolima logró superar el déficit de $24.000 millones con el que arrancó su rectoría Ómar Mejía en agosto de 2016.

La austeridad en el gasto, la reinversión de recursos en objetivos misionales y el aumento en las transferencias de la Gobernación, entre otras acciones, permitieron que este año la institución alcanzara la estabilidad financiera, una de las metas fijadas por Mejía.

En 2020 la institución no solo llevó a cero el déficit, sino que alcanzó la acreditación institucional de alta calidad, un sello otorgado por el Ministerio de Educación como reconocimiento a los programas, la organización y el funcionamiento de la principal.

Anticipando la deserción de estudiantes por cuenta de las dificultades económicas, la Gobernación y la UT firmaron un convenio para garantizar la matrícula cero en el segundo semestre a 13.000 estudiantes de modalidades presencial y a distancia.

El gobernador Ricardo Orozco anunció después que los estudiantes de estratos 1 y 2 de la UT y el Itfip no tendrán que pagar matrícula hasta el segundo semestre de 2023. Finalmente, se anunció que los estudiantes del Conservatorio del Tolima de los mismos estratos también recibirán el beneficio.

 

Alcaldes y funcionarios enredados por contratación de Covid-19

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Por supuestas irregularidades en los procesos de contratación para contener la pandemia del Covid-19, los alcaldes de San Antonio, Jorge Iván Vásquez, y de Palocabildo, Nelson Gómez, enfrentan procesos penales.

Por un lado, a Vásquez le imputaron varios delitos por un contrato de suministro de insumos de bioseguridad. Como parte del proceso, un juez le  ordenó pagar una caución de más de $15 millones.

Por su parte, Gómez estuvo seis meses y quince días detenido por supuestas anomalías en un contrato que celebró para realizar el acompañamiento a la aplicación de los planes de acción en contra de la pandemia. A principios de diciembre un juez le revocó la medida de aseguramiento, pero continúa vinculado al proceso.

Entre tanto, la Procuraduría suspendió por varios meses a la entonces secretaria de Salud del Tolima, Alexandra Márquez, por supuestas irregularidades en los contratos suscritos por la Gobernación para atender la pandemia. En noviembre pudo reintegrarse al cargo luego de que el Ministerio Público le revocara la medida, pero las investigación disciplinaria continúa. Seis funcionarios del Departamento, incluido el gobernador Ricardo Orozco, están comprometidos.

A través de una auditoría exprés, la Contraloría Municipal determinó que no hubo sobrecostos en los mercados que la Alcaldía de Ibagué compró a Mercacentro, contrato que fue cuestionado porque supuestamente se pagaron los productos por encima del valor comercial.

 

Valle de San Juan eligió nuevo Alcalde tras corrupción electoral

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El pintor y escultor Henry Lugo (foto), avalado por la U y apoyado por el partido Conservador, ganó las elecciones atípicas a la Alcaldía de Valle de San Juan con 1.878 votos, superando a Rodolfo Guarnizo, candidato del Centro Democrático y Cambio Radical, quien obtuvo 1.391 votos.

Aunque Lugo estuvo avalado por la U, lo cierto es que el grueso de su apoyo electoral provino del partido Conservador, colectividad que ha mantenido el poder en esa población en los últimos años bajo el liderazgo del representante José Élver Hernández.

La jornada electoral se convocó luego de que un juez de la República condenó al alcalde electo Daniel García a 55 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir en concurso con corrupción al sufragante agravado, pues aceptó en un preacuerdo con la Fiscalía que regaló materiales de construcción, tanques de agua y dinero en efectivo para conseguir votos en las elecciones regionales de 2019.

Por estos mismos, Héctor Orlando Padilla, exalcalde de la misma localidad, fue condenado a 65 meses de prisión, mientras que el exrepresentante Gonzalo García, padre del alcalde electo, deberá permanecer detenido seis años y siete meses.

El representante Hernández, jefe político de los tres condenados, tiene una investigación en la Corte Suprema de Justicia porque ha sido señalado como supuesto financiador de los recursos con los que se habrían comprado votos.

 

Avance en reincorporación de ex-Farc

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Como parte del proceso de reincorporación de excombatientes de la desaparecida guerrilla de las Farc, el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), compró por $491 millones las 22 hectáreas del antiguo espacio territorial de la vereda La Fila, en Icononzo.

La adquisición de los terrenos marcó el inicio del proceso de construcción y consolidación de proyectos de vivienda para los 221 excombatientes y sus familias que habitan el antiguo espacio territorial.

Una vez obtenida la licencia de parcelación rural y de construcción por parte de la Alcaldía de Icononzo, la Universidad Nacional de Colombia (Medellín) iniciará la fase de estudios de pre-factibilidad y se proyectó para principio de 2021 la entrega de estos.

De los más de 20 antiguos espacios que funcionan en el país, el de Icononzo, denominado Antonio Nariño, es uno de los que mejor avance cuenta, dado que su población ha desarrollado proyectos productivos exitosos que incluso han sido destacados a nivel nacional.

 

Un paso hacia la verdad del conflicto en Tolima

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Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las organizaciones Dejusticia y Verdad Abierta entregaron un informe sobre las tomas guerrilleras que las Farc ejecutaron entre 1993 y 2002 en los municipios de Dolores y Anzoátegui, así como en los corregimientos Puerto Saldaña, de Rioblanco, y San Juan de la China, de Ibagué.

El documento, llamado ‘La guerra en movimiento. Tomas guerrilleras y crímenes de guerra en la ejecución del Plan Estratégico de las Farc-EP en el Tolima’, constituye un aporte en el proceso de reconstrucción de la verdad, la sanción de los máximos responsables y la reparación a las víctimas de estas prácticas.

Con este informe, la Sala de Reconocimiento de la JEP estudia si se abre un caso territorial, que reúna los crímenes ocurridos en esta zona, o se agrupa a uno nacional, que estaría relacionado con los medios y los métodos prohibidos por el derecho a la guerra, como las tomas o las minas. En su momento se dijo que el análisis será más expedito que otros casos porque es uno los documentos más completos que ha recibido la jurisdicción.

De otro lado, durante este año la Universidad del Tolima entregó a la Comisión de la Verdad dos informes: uno sobre las consecuencias y el impacto que dejó el conflicto armado y la violencia en Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco; y otro sobre los hechos de violencia que ocurrieron a causa de la guerra en Las Hermosas, corregimiento emblemático de Chaparral considerado durante años como retaguardia de las Farc. Así mismo, Tolipaz entregó a ese entidad un estudio que documenta el impacto de la violencia en el Pueblo indígena Pijao de Ataco entre 1998 y 2015.

 

Expectativas por el caso de Jesús Bejarano

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En una carta a la JEP, un grupo de antiguos miembros del secretariado de las Farc, asumió la responsabilidad de varios asesinatos sin esclarecer, entre ellos, el del ibaguereño Jesús Antonio Bejarano, quien fue consejero de paz en los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, así como activo participante en las negociaciones con las guerrillas.

Luego, en un acto ante la Comisión de la Verdad, el senador Julián Gallo, conocido como ‘Carlos Lozada’, del partido Farc, reconoció públicamente el crimen del profesor de la Universidad Nacional, pidió perdón a la familia y afirmó que no tienen justificación alguna ni explicación convincente para haber cometido el homicidio.

Al respecto, Eduardo Bejarano hizo un duro reclamo a las Farc para que, más allá de reconocer que fueron los autores del asesinato de su padre, entreguen a la JEP las pruebas que lo comprueben, pues la verdad no puede quedar a medias, sino que debe ser convincente y definitiva.

En una audiencia ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, Lozada insistió en que no tenía mayor información sobre el asesinato porque fue cometido por otra célula guerrillera que no estaba bajo su mando. Lo que sí afirmó es que a Bejarano se le identificaba como alguien que tenía la instrucción del Gobierno Gaviria de entorpecer el proceso de paz que en ese momento se buscaba negociar con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y más bien fraccionar esa estructura que combinaba a todos los grupos guerrilleros de la época.

 

Se mantienen amenazas contra líderes del Tolima

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Sin la misma fuerza de 2019, el Comité Departamental de Paro reactivó la protesta social en Ibagué, para exigir, entre otras cosas, protección para los líderes sociales y defensores de derechos humanos. El Tolima no vive fenómenos de violencia como la de departamentos como Cauca, pero sí hay registro de intimidaciones y amenazas.

Algunos casos: Carlos Rivas, expresidente y ejecutivo de Fecode, sufrió un atentado en febrero y en octubre lo amenazaron con una corona fúnebre; Jesús Emilio Torres, miembro del Consejo Regional Indígena del Tolima (Crit), fue atacado en agosto con disparos y recibió un mensaje de amenaza en su vivienda ubicada en la vereda Villahermosa de San Antonio; Jhonatan Varón, directivo de la CUT, recibió varios hostigamientos, y siete excombatientes de las Farc han sido asesinados en Tolima.

 

La novela del Personero de Ibagué

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Como medida cautelar, el Tribunal Administrativo del Tolima suspendió provisionalmente al personero de Ibagué, Wilson Prada Castro, mientras estudia una demanda instaurada por el abogado Edgardo Sánchez en la que solicitó declarar la nulidad de su elección y ordenar al Concejo a realizar un nuevo concurso para proveer el cargo.

El motivo: el demandante sostiene que se violaron varias normas en el proceso de elección, empezando porque la Corporación Centro de Consultoría, Investigación y Edición Socioeconómico no era idónea para adelantar el concurso debido a que no es una universidad o institución de educación superior pública o privada.

La defensa del Personero sostiene que aunque en el objeto social de la mencionada entidad no aparece registrada la selección de personal como una de sus actividades, hay suficiente documentación que demuestra que desde 2015 ha ejecutado más de 20 concursos en el país.

Por considerar que las entidades que adelantaron los concursos de méritos no son idóneas, la Procuraduría pidió a diferentes juzgados anular los actos de elección de los personeros de Ortega, Alvarado, Rovira, Natagaima, Anzoátegui, Cunday, Suárez, Melgar, Falan, Icononzo y Guamo.

 

Denuncias de presunto acoso sexual

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Como ocurrió en varias ciudades del país, en Ibagué salieron a flote una serie de denuncias por presuntos casos de acoso sexual que comprometen a profesores de la Universidad del Tolima y colegios públicos. Por ejemplo, en julio varias estudiantes y egresadas señalaron que Héctor Eduardo Esquivel, profesor de la Facultad de Ciencias e integrante del Departamento de Biología, las había acosado. Varios meses después, en noviembre, la Oficina de Control Interno de la institución le formuló cargos por uno de los casos.

Debido al aumento de este tipo de denuncias la Personería anunció investigaciones mientras, la Administración municipal recordó los canales habilitados en defensa de los derechos de las mujeres y colectivos feministas de Ibagué protestaron en varias ocasiones por abusos.

 

Parque de los Nevados es declarado sujeto de derechos

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Producto de una tutela presentada por el abogado tolimense Juan Felipe Rodríguez, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en un fallo de primera instancia, y la Corte Suprema de Justicia, en decisión de segunda instancia, declararon al Parque Nacional de Los Nevados como sujeto de derechos a la vida, la salud y ambiente sano.

El alto tribunal, en su providencia de más de 100 hojas, ordenó a varias entidades del orden nacional y regional elaborar el Plan Conjunto de Recuperación, Manejo, Mantenimiento y Conservación del Parque Nacional, el cual debe contener los tiempos, funciones y responsabilidades de las acciones acordadas.

Además de esto, la Corte ordenó al Presidente, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, designar un grupo especial de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional que acompañe de manera continua y permanente las labores de conservación en especial la zona del Tolima, la cual cuenta con restricción de acceso por riesgo público.

 

Tres procesos cruciales

Dentro del conjunto de procesos judiciales que se adelantan en Ibagué, hay tres que captan la mayor atención pública: 1)  El del alcalde Andrés Fabián Hurtado por los piques en el aeropuerto Perales. El próximo 22 de enero, antes continuar con la etapa de juicio oral, el Juzgado Segundo Penal del Circuito deberá comunicar si admitió o rechazó la solicitud de una desconocida veeduría para declararse como víctima dentro del proceso. La Fiscalía advirtió que la intervención de la veeduría, la cual se creó en noviembre pasado, entorpece el proceso. 2) El del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo por el escándalo del Alumbrado Navideño en 2016. El juicio oral inició en septiembre, cuando la Fiscalía presentó como testigo a Luis Alfredo Huertas, expresidente de la Cámara de Comercio de Ibagué, quien explicó porqué rechazó la propuesta hecha por la Alcaldía en ese entonces para firmar un convenio entre las partes. La diligencia continuará el 19 y 21 de enero próximo. 3) El de los concejales y exconcejales por la elección irregular de Ramiro Sánchez como Contralor Municipal. A principio de diciembre, la juez del caso reconoció a Marcela Jaramillo como víctima dentro del proceso y declaró la conexidad de una investigación que se adelantaba por aparte, por los mismos hechos y delito, contra el exconcejal Carlos Castro. La audiencia de acusación se realizará el 10 de mayo.

EL NUEVO DÍA

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