De 119 convenios verificados y analizados, la Fiscalía determinó presuntas irregularidades en 12 que la Administración departamental suscribió con la Corporación para la Promoción del Desarrollo Rural y Agroindustrial (Prohaciendo), cuyo valor ascendió a $4.700 millones.

Inicialmente, se detectó que los convenios priorizados permitieron a la entidad seleccionada subcontratar de manera directa, sin licitación pública, para que terceros se encargaran de la construcción de obras civiles y programas de vivienda de interés social prioritario. Esta actuación habría desatendido los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993 y otras normas que rigen la contratación pública.

Además, el ente acusador señaló que entre los subcontratistas estaría una de las personas que donó dinero para la campaña de Barreto para el periodo 2008-2011 y un hermano del presunto aportante.

El material de prueba da cuenta de que el contratista, al parecer, se apropió de manera indebida de una cantidad de dinero que le había sido entregada. Asimismo, está acreditado que la Contraloría advirtió de supuestas anomalías en los procesos de contratación de 2008 y 2009; sin embargo, la Gobernación habría celebrado los convenios con Prohaciendo.

Para la época de los convenios que son investigados por la Fiscalía, Luis Alberto Cabrera figuraba como el representante legal de Prohaciendo, entidad que en la segunda Administración de Barreto, entre 2016 y 2019, también estuvo a cargo de millonarios contratos.

Barreto, quien tiene otros procesos por contratación durante su primer Gobierno, no aceptó los cargos.