El movimiento Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA) y el partido Liberal en el Tolima denunciaron en 2020 presuntas vulneraciones a los derechos establecidos en el Estatuto de la Oposición, una ley que concede beneficios a las colectividades declaradas en oposición e independencia en las corporaciones públicas como concejos y asambleas.

De acuerdo con un informe de la Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento de la ley en el país, el movimiento ADA advirtió por lo menos cinco presuntas violaciones a los derechos de los concejales de Ibagué Rubén Darío Correa (principal voz de la oposición al gobierno de Andrés Fabián Hurtado) y Lisandro Trujillo.

En primer lugar, ADA aseguró que no pudo acceder a medios de comunicación durante la instalación del Concejo de Ibagué, el cual respondió que sí garantizó la participación de las colectividades en oposición para intervenir ante la plenaria durante la instalación del primer y segundo periodo de sesiones ordinarias. 

Sin embargo, el Concejo no remitió los soportes que demuestren esa versión y en la página web de la corporación no se encontraron las actas mencionadas que la acrediten, por lo que la Procuraduría no pudo contrastar la información.

En segundo término, frente al acceso de información y documentación oficial, ADA dijo que la Administración municipal no remitió respuestas previstas en el Estatuto de la Oposición (cinco días siguientes a la presentación de la solicitud), y, por lo tanto, tuvo que elevar derechos de petición para obtener información.

Por esto, la Procuraduría recomendó al movimiento y demás partidos en oposición realizar el registro y seguimiento de las solicitudes, así como enviar la información semestralmente al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que así pueda adelantar las gestiones necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho.

De otro lado, sobre el derecho a participar en la agenda u orden del día, ADA señaló que tuvo inconvenientes. 

El Concejo, en su defensa, indicó que otorgó el uso de la palabra en las sesiones plenarias cuando los cabildantes lo solicitaron, para que realizaran propuestas e intervenciones.

“Asimismo las proposiciones presentadas por ellos son puestas a consideración de la plenaria siendo aprobadas en la mayoría de los casos, todas estas actuaciones de conformidad con el reglamento interno de la Corporación”, señaló. 

En todo caso, la Procuraduría recomendó al movimiento solicitar al CNE que adelante las acciones necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho y sugirió llevar un “registro en cada corporación pública e informar a la autoridad electoral cuando se desconozcan sus derechos”.

Finalmente, ADA aseveró que también tuvo dificultades para hacer uso de las herramientas  de comunicación del Concejo de Ibagué. Al igual que en el caso anterior, el Ministerio Público le recomendó acudir a la autoridad electoral y, en forma general, señaló como importante que las organizaciones políticas realicen un seguimiento al cumplimiento de este derecho.

El partido Liberal, en diferentes niveles, interpuso acciones de protección para exigir el cumplimiento integral de los derechos y garantías de ejercicio de la oposición. 

Por un lado, una concejal de Líbano perteneciente a esa colectividad usó este recurso para reclamar el derecho de acceso a Información y documentación oficial. El CNE, luego de estudiar la acción, le dio la razón. 

Entre tanto, el partido Liberal en la Asamblea presentó una acción de protección porque se habría vulnerado la participación de la oposición en la Mesa Directiva. Luego de analizarlo, el magistrado Jaime Luis Lacouture no amparó este derecho fundamental de oposición.

DATO

El Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018) es un derecho político que está incorporado en la Constitución desde 1991, pero el Congreso de la República solo lo aprobó en abril de 2017 como parte del Acuerdo de paz.