El proceso se remonta a febrero de 2018, cuando Correa, como director del noticiero radial de La Cariñosa, responsabilizó al abogado Ocampo de haber ideado un supuesto plan para judicializar a los periodistas que lideraron el denominado ‘Predialazo’, campaña que nació para tumbar los incrementos del impuesto predial de ese año.

En este proceso, en virtud de la Ley 1826 de 2017, el abogado Miguel Ángel Del Río, defensor del exzar anticorrupción, podrá actuar como acusador privado, en reemplazo del fiscal de conocimiento, asumiendo todas las facultades para acusar y adelantar el proceso penal en contra del ahora concejal.

En concreto, Correa dijo en su momento que Ocampo estaba intentando conseguir mediante un fiscal especializado un principio de oportunidad en beneficio de un testigo que declarara supuestos hechos irregulares en los que periodistas locales, incluyendo a Correa, callaron el entramado de corrupción de los pasados Juegos Nacionales.

Correa y Héctor Sánchez, director de Ondas de Ibagué, interpusieron una denuncia penal en contra de Ocampo por el supuesto complot. Como este proceso fue archivado, el exzar anunció que radicará una denuncia penal en contra de ellos por los presuntos delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsa denuncia.

Además, la semana anterior Ocampo dijo que radicará una demanda civil buscando el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, que, según él, ascienden a más de $200 millones, representados en los contratos que no pudo celebrar a raíz de los señalamientos del entonces empresario radial. Como medida cautelar solicitará el embargo de bienes y del salario de Correa.