Por un lado, la entidad de control señaló que el docente Jairo Alonso Tunjano deberá reintegrar $46.1 millones que recibió de la institución para financiar un doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad Nacional de Colombia (Unal).

El profesional, que accedió a los recursos a través de una comisión de estudio, no terminó el posgrado, el cual tendría una duración de tres años y que Luego de un acuerdo generado por el Consejo Académico fue prorrogado varios años más.

Para el contralor Diego Andrés García es claro el actuar omisivo y negligente del docente, pues no presentó el título correspondiente a la comisión de estudios. De hecho, según un documento de la Unal, el docente solo cumplió el 33.3% de la formación posgradual, lo que configuró un daño patrimonial a las arcas de la UT.

De otra parte, la Contraloría Departamental emitió un fallo de responsabilidad fiscal contra los exrectores Jesús Ramón Rivera, Héctor Villarraga Sarmiento (q.e.p.d.) y José Herman Muñoz Ñungo, así como el docente Alexánder Martínez Rivillas, a quien se le otorgó un incremento en su asignación salarial como profesor de planta sin que hubiese cumplido con los requisitos. 

En concreto, Martínez recibió el pago de 40 puntos salariales, que representan $27.8 millones, en virtud del título de magíster en Gestión Pública y Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma de Barcelona, título que no fue convalidado en los tiempos señalados.

El exrector Rivera y al profesor Martínez deberán pagar $5.7 millones, por el periodo de 25 junio de 2009 a 31 enero de 2012. Un valor de $8.1 millones tendrá que pagar el exrector Villarraga (q.e.p.d.) y Martínez, por el periodo de 31 de enero de 2012 a 31 de octubre de 2012. Finalmente, el exrector Muñoz y el mismo profesor deberán pagar $15.5 millones por el periodo del 1 noviembre de 2012 hasta el 20 de agosto de 2016.

En el proceso, durante la etapa de la valoración de las pruebas, el docente señaló que no estaba obligado a lo que no conocía, posición que no comparte el ente de control, pues en ningún caso el desconocimiento de la norma da lugar a su incumplimiento, por lo tanto ese argumento no es admisible.

Para el ente de control, los exrectores presentaron una conducta a título de gravemente culposa pues no se verificó el título posgradual y tampoco se suspendió la asignación salarial, la cual recibió por más de dos años.

DATO

La Contraloría llamó la atención de esta UT para que realice un adecuado control sobre la verificación y validación de los requisitos y documentos de sus docentes.