Con la posesión de Margarita Cabello como Procuradora General de la Nación, naturalmente habrá cambios en el grupo de trabajo que hace parte del órgano de control, pero muchos advierten desde ya con preocupación que en las procuradurías provinciales y regionales serían nombradas personas afines a grupos políticos.

Ese no es un asunto nuevo. Ha sido un práctica recurrente que los jefes de las entidades de control nombren en cargos de mediano o alto nivel a personas recomendadas por miembros de la clase política en contraprestación por el apoyo dado o, simplemente, por amiguismos.

Desde antes de que fuera elegida por el Senado, Cabello arrastraba con los cuestionamientos de que sería una procuradora que no garantizaría independencia, que va a representar a un sector político en particular (la familia Char), y que no sería imparcial para investigar a funcionarios del gobierno de Iván Duque, quien la ternó para ese cargo.

Con todo esto, en el Tolima hay quienes ven con recelo el posible cambio en la Procuraduría Regional, la cual está dirigida por el abogado Diego Alvarado, quien lleva menos de dos meses en el cargo, pues fue nombrado por Fernando Carrillo en diciembre pasado, a pocas semanas de que dejara el cargo.

Opiniones diversas

Para el representante Ricardo Ferro la nueva Procuradora General nombrará a  los profesionales más competentes tanto en el Tolima como en los otros departamentos del país, priorizando, ante todo, la experiencia y la capacidad intelectual a la hora de seleccionar a una persona.

“No me cabe la menor duda de que se va a rodear de los profesionales más competentes de los 32 departamentos del país. Ahora, ella tiene la facultad de  dejar o cambiar el equipo actual de la entidad. Haciendo una analogía con el fútbol, que tal Reinaldo Rueda tuviera que dejar o cambiar jugadores que el técnico anterior había vinculado. Cada toro escoge su cuadrilla”, afirmó.

Por el aplastante respaldo que recibió en el Senado de la República para salir elegida y la conocida cercanía  con congresistas, algunos ‘pronostican’ que gradualmente Cabello entregaría puestos a senadores y representantes, así como jefes políticos en las regiones.

Para el diputado Renzo García no resultaría extraño que el ‘barretismo’ busque quedarse con el control de la Procuraduría Regional con el nombramiento de una persona afín, pues ese grupo político hoy domina un buen número de entidades oficiales, como Cortolima, el Sena y las administraciones departamental y municipal.

“En términos prácticos, uno esperaría que estos entes de control, como el Ministerio Público, tengan independencia de los Gobiernos, pero lamentablemente no es así. Cabello representa la línea del uribismo y creemos que entrará a hacer unos cambios para que la Procuraduría se vuelva un escenario de bolsillo. Para el caso regional, vemos cómo el ‘barretismo’ tiene funcionarios de bolsillo en las entidades de control, evitando que en este departamento existan investigaciones reales para luchar contra la corrupción”, dijo.

El ‘barretismo’ y el ‘charismo’, casa política cercana a la nueva Procuradora, tienen un nexo y se han relacionado antes: ambos apoyaron la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras en 2018 y en diciembre del año pasado el alcalde Andrés Hurtado (miembro del equipo barretista) se reunió en Barranquilla con Alex Char durante una visita oficial.

Es claro que la Procuraduría Regional es un cargo apetecido por la clase política regional y existen antecedentes recientes: durante la Administración de Carrillo se dijo que entregó cargos a su amigo el exrepresentante Emilio Martínez Rosales y ahora, con Cabello como jefe del Ministerio Público, preocupa que ocurra lo mismo.

Sin embargo, la diputada Rosmery Martínez negó que su hermano Emilio haya tenido injerencia en la elección de funcionarios y afirmó: “No es tanto que le entreguen cargos a los grupos políticos, porque los procuradores, los defensores del pueblo y los contralores son elegidos por los políticos en el Congreso. Somos amigos de Fernando Carrillo, pero en ningún momento tuvimos injerencia en puestos, lo triste es que se hicieron muchas denuncias y los corruptos siguen actuando y el Estado sigue siendo ciego”.

Para el diputado Giovanny Molina, más allá de que un profesional sea afín a un grupo político, es importante que esa persona cumpla con los requisitos exigidos para el cargo. “Aquí se tienen que cumplir unos requisitos, una experiencia, una idoneidad. Tiene que primar eso y así confío que la Procuradora va a actuar. Esperemos que en este caso se cumpla con la normatividad”, comentó.

Dato:

Diego Alvarado, quien llegó al cargo supuestamente en representación del exrepresentante Emilio Martínez, ocupó por 12 años la  Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima, siendo uno de los férreos opositores al proyecto de extracción de oro de La Colosa.