Hasta hace pocos días, el ibaguereño Heriberto Aranguren, un sargento mayor retirado del Ejército que estuvo cuatro años secuestrado por las Farc, tenía el pleno convencimiento de que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) estaba actuando con parcialidad por la falta de decisiones alrededor de los crímenes cometidos por la extinta guerrilla. 

Su posición cambió el jueves pasado, cuando ese tribunal, en una histórica determinación -la más importante desde su creación-, imputó a Rodrigo Londoño Echeverri, último máximo comandante que tuvieron las Farc, y siete exjefes guerrilleros más, por el denominado caso 01, que se refiere a los secuestros cometidos por esa organización ilegal.

“Había perdido la expectativa frente a la JEP y mi percepción era que había impunidad con el proceso de paz, porque se han visto muy favorecidos los señores guerrilleros, pero esta decisión de imputarlos me parece importante para las víctimas para que el mundo entero se dé cuenta de que no hay tanta impunidad ante todos los crímenes de lesa humanidad que cometió las Farc”, dijo.

En noviembre de 2018, Aranguren entregó un informe a la JEP en calidad de víctima relatando las circunstancias y efectos de su secuestro, que inició el 22 de junio de 1999 y se extendió por las selvas de Córdoba, Chocó y Antioquia, donde fue rescatado el 5 de mayo de 2003 en una cruenta operación militar que sería denominada como la masacre de Urrao.

Ese día, sus compañeros de cautiverio, el exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, el exministro Gilberto Echeverri Mejía y ocho militares, fueron asesinados por miembros de las Farc, que, acorralados, los fusilaron para “evitarle un triunfo militar al Ejército”. Aranguren sobrevivió porque se ocultó de los guerrilleros y, en el intercambio de disparos, los proyectiles no lo alcanzaron.

Por los daños causados durante ese tiempo, Aranguren espera que los ocho miembros del Secretariado reconozcan los hechos y conductas imputadas dentro del término establecido (30 días) y que, por el contrario, no los rechacen, pues eso supondría el incumplimiento del compromiso de contribuir a la verdad y reparación de las víctimas.

“Me parece de buen agrado lo que acaba de hacer la JEP, pero si queremos que siga la paz que se firmó, los señores deben reconocer los crímenes sin titubeos. Vamos a ver si eso es posible y haya una reparación, porque fueron muchos años de encierro y maltrato físico, mental y psicológico, y hasta ahora no he visto a la primera persona reparada por parte de las Farc”, aseguró Aranguren, quien también pidió al Estado colombiano garantizar los derechos de las víctimas.

De personas a objeto de canje

Aranguren dijo que el escrito de la JEP acierta al señalar que el secuestro era una política que convertía a los seres humanos en cosas, pues con la pérdida de la libertad, quienes caían en poder de las Farc, dejaban de valer por su dignidad como personas y se convertían en una mercancía que tenía para la guerrilla el valor de lo que pudieran obtener por ellas y lo que pudiera ganar con ellas la organización armada.

“Cuando las Farc empezaron a secuestrar a políticos y militares proponen hacer un canje: cambiar una mercancía por otra. Me sentí como un objeto que me querían cambiar por otro. Utilizaban el secuestro como método de financiación y como arma de lucha, sin contar las muchas degradaciones a los derechos humanos”, dijo.

Otro punto que destacó la JEP en el escrito fue el sufrimiento ya no de los cautivos sino de sus familias. Al respecto, Aranguren señaló: “El hombre es un animal de costumbre y yo me habitué a estar allá encerrado en un cajón de madera las 24 horas del día, pero la familia vivió siempre el dolor y la incertidumbre. El secuestro es un delito que no solo sufre la persona sino la familia entera”.

Por otro lado, aseguró que Colombia sigue siendo indiferente con el conflicto armado e insolidario con las víctimas.

DATO

Aranguren, que en cautiverio talló 200 tableros de ajedrez en palma macana para intentar sobrellevar las extensas jornadas de confinamiento, hoy se dedica a diseñar y fabricar muebles en guadua y madera reciclada en su natal Ibagué.

DATO

El sargento mayor (r) del Ejército fue secuestrado durante la denominada ‘Batalla del Nudo de Paramillo’, en la que alrededor de 250 miembros del Bloque Suroeste Antioqueño de las Farc se enfrentaron con militares en junio de 1999. Dijo que vio morir a 45 militares durante la confrontación.