La determinación la tomó el alto tribunal luego de una solicitud que hizo Granados y su defensa, aduciendo su nueva condición de magistrado en la Comisión.

El proceso de Granados tuvo varios tropiezos en el alto tribunal y llegó incluso a aplazarse las diligencias en su contra, en más de dos ocasiones. El actual magistrado, que también fue contralor en la Administración de Enrique Peñalosa, es acusado de haber recibido aportes de la multinacional brasilera Odebrecht a su campaña a la Gobernación de Boyacá.

En octubre de 2018, la Fiscalía reveló que el magistrado, con intermediación del excongresista Plinio Olano, se reunió con representantes de la firma, acusada de millonarios sobornos en varios países de Suramérica, con quienes habría pactado un apoyo a su campaña, a cambio de la adjudicación de uno de los tramos viales de mayor importancia para los boyacenses.

En diciembre pasado, la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra el exgobernador de Boyacá. En ese caso, el Ministerio Público indaga si intervino en la adjudicación de la vía Duitama – San Gil y la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Salitre.

De acuerdo con la entidad, hay evidencias que muestran que el investigado pudo haber influido en las decisiones, valiéndose de su condición de gobernador y de presidente de la junta directiva de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.