La iniciativa estaba rodeada de cuestionamientos porque, según algunas voces en ese municipio, con una eventual incorporación al PDA, la Empresa de Servicios Públicos de Lérida (Empolérida) daría un paso hacia la privatización en la medida que se subrogaría la definición de las tarifas del servicio y la discrecionalidad para priorizar los proyectos de inversión.

“El Gobernador y el Alcalde perdieron este round, porque llegaron a chantajear a las comunidades diciendo que si no entraban al PDA no habrían proyectos. Acá no se le hizo claridad a la gente sobre eso, no había un estudio técnico que demostrara una supuesta conveniencia de sacar una plata de las transferencias de la Nación para ponerlas en una fiducia”, dijo el exconcejal Fidel Rendón.

El excabildante se refiere al compromiso que habría adquirido el Municipio de destinar 5% de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico al Financiamiento de Inversiones en Agua (FIA).

La Administración, en su defensa, señaló que no habría privatización y la vinculación al PDA significaba la posibilidad de obtener un carro compactador.