El reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados y delincuenciales es un fenómeno silencioso en el que tienen mucho que ver las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de las comunidades, por lo que la Defensoría del Pueblo, en varias alertas tempranas, ha advertido la situación de riesgo para menores en el departamento.

El uso y utilización de menores de edad se expresa en los casos de desaparición forzada y homicidios de adolescentes y jóvenes. Y, justamente, el pasado 1 de abril, se informó la desaparición de cinco menores Chaparral, quienes presuntamente fueron reclutados por una disidencia de las Farc.

En ‘Perspectivas’, una sección ideada para analizar temas coyunturales desde la voz de expertos o conocedores, invitamos a cuatro personas para que entregaran una aproximación a la realidad del reclutamiento en el departamento. Esto respondieron.

Andrés Tafur, Director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima

El reclutamiento forzado es una realidad y no se terminó con la firma del Acuerdo de Paz y la desmovilización de la guerrilla de las Farc, que es el actor armado que más reclutó en el departamento, por lo menos desde 1990 hasta 2015. Los actores armados ilegales que están detrás de esa práctica, que es un crimen de lesa humanidad, que es un crimen de guerra, son las que se hacen llamar disidencias de las Farc: por un lado, el frente Ismael Ruiz, la compañía Adán Izquierdo y la columna móvil Dagoberto Ramos, y, por el otro, el frente Alfonso Cano, que hace parte de lo que se denomina la Segunda Marquetalia. El rearme y la configuración de estructuras armadas en esta zona del país tiene que ver directamente con el fracaso del Acuerdo de Paz.

Las noticias que conocemos por parte de voces oficiales, como los alcaldes de Chaparral y Rioblanco, indican que otra vez se están llevando a los jóvenes para la guerra. Este es un crimen silencioso: cuando conocemos un caso, hay muchos más, pero no los conocemos. 

La respuesta institucional debe ir mucho más allá de un evento en las zonas rurales. Tiene que ser una política integral que comprometa recursos y un esfuerzo institucional importante para prevenirlo. Debe haber más iniciativa del Gobierno departamental, las administraciones locales, la Defensoría, la Fiscalía y la Procuraduría para evitar impactos humanitarios de este tipo.

John Jairo Uribe, Director del programa de Ciencia Política de la Universidad de Ibagué

El reclutamiento ha venido empeorando en el último tiempo. Se han registrado casos en el sur del Tolima y eso debe prender las alarmas en la región, porque se está agudizando la presencia algunos actores armados ilegales desde Huila que, además, están cometiendo 

asesinatos, por ejemplo, en Algeciras. El panorama está pasando de gris claro a oscuro. En el Tolima, comparado con otras regiones, estamos mucho mejor, pero hay que prestarle mucha atención porque puede ir empeorando y eso puede ser un síntoma de la emergencia o el retorno de algunos grupos ilegales. Tolima tiene una ventaja respecto a otras zonas y es que no hay una intensa disputa por zonas y rutas de narcotráfico, pero, como han empezado a llegar algunos cultivos, la situación empeora. 

Creo que hay que pensar en una cosa: hay una respuesta institucional de la Fuerza Pública en su conjunto, se requiere fortalecer, sobre todo, una respuesta social, porque si no mejora el acceso a salud, educación, empleo y oportunidades de emprendimiento, va a ser muy difícil controlar el reclutamiento. Y la pandemia ha venido empeorando la situación de las personas más excluidas, porque no solo no están yendo a los colegios sino que además no hay cómo conectarse a los espacios y circuitos de aprendizaje por medios virtuales. Entonces hay que sumar Fuerza Pública y la actividad social propia del Estado.

Alexánder Tovar, Secretario del Interior del Tolima

Este año hemos tenido cuatro casos de reclutamiento en Chaparral y Rioblanco. La Fiscalía Segunda Especializada va adelantando por muy buen camino esta investigación. En cuanto a los niños que están inmersos y que lastimosamente han caído en este flagelo, el Ejército rescató a dos menores de 16 y 17 que se entregaron. Entre estas personas había una chica que, al parecer, era la compañera sentimental de un cabecilla de las Farc y que tenía una bebé de ocho meses. 

Permanentemente convocamos consejos de seguridad y a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), para tomar acciones en el territorio. Por ejemplo, como prevención, definimos intervenir unos corregimientos de Chaparral, como La Marina y El Limón, así como corregimientos de Ataco, Rioblanco y Planadas. Pero además, en un consejo extraordinario de seguridad presencial el 3 de abril en el batallón tercero de Chaparral, se idearon estrategias que permitan contrarrestar este delicado flagelo y, al mismo tiempo, se revisaron los avances de los trabajos de inteligencia y patrullaje, y labores operacionales en el área. Como parte de este trabajo han sido capturados algunos cabecillas de la comisión Dagoberto Ramos, frente Ismael Ruiz.

La presencia de los grupos ilegales es producto de la configuración de una estructura nodal a través de la cooptación, articulación o tercerización de grupos delincuenciales locales, dejando entre 2018 y 2019 múltiples asesinatos selectivos en los que las víctimas son principalmente jóvenes, así como desplazamientos forzados intraurbanos sin registro. Esta lógica de acción concentra en gran medida el impacto de la acción de la Fuerza Pública en los eslabones más vulnerables y débiles de la cadena, es decir, aquellos conformados fundamentalmente por niños, adolescentes y jóvenes vinculados bajo diferentes modalidades, de manera que las posibilidades de reacomodo y recomposición de la estructura son mayores y más rápidas.

Felipe Cortés, Director Nacional de Incidencia Política, Campañas y Comunicaciones de Save the Children Colombia

Queremos llamar la atención sobre la situación que enfrentan los niños en el marco del conflicto. De acuerdo con los registros del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de Coalico vemos un incremento entre 2019 y 2020 de 15% en el país, pasando de 200 a 222 casos. Estos hechos sucedieron a pesar de alarmas de la Defensoría del Pueblo que dan cuenta de la persistencia de estos riesgos, específicamente en algunos departamentos como Valle del Cauca, Putumayo, Antioquia, Cauca y Nariño. Adicionalmente, de acuerdo con la Unidad para las Víctimas, desde 1.985 hay registrados 5.742 niños, niñas y adolescentes, sobre todo en Antioquia, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. En el caso de Tolima, a pesar de no estar en los primeros lugares, si está de 15 entre los 32 departamentos. 

Hacemos un llamado a que no se invisibilice sino que se monitoree y reporte la situación de uso y utilización que de niños, ya no por el caso del conflicto armado, sino por la situación de desprotección y de riesgo en la calle para uso de narcotráfico por parte de bandas organizadas. Es un llamado a las alcaldías a adelantar acciones de prevención temprana para proteger a los niños, sobre todo alrededor de entornos como las escuelas, ahora afectadas por la pandemia.