Corte definirá si caso de Santiago Murillo queda en justicia ordinaria

Crédito: Hélmer Parra / EL NUEVO DÍAA las afueras del Palacio de Justicia cientos de ciudadanos exigieron que el caso sea conocido por la justicia ordinaria.
De forma unánime, la Fiscalía, la Procuraduría, el abogado de víctimas y el Juzgado señalaron que el proceso debe ser asumido por la justicia ordinaria y no la penal militar. La Corte Constitucional determinará cuál de las dos jurisdicciones es competente.
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El mayor Jorge Mario Molano Bedoya, comandante de la Estación de Policía Norte y uno de los dos oficiales capturados la semana anterior por el homicidio de Santiago Andrés Murillo, es la persona que habría disparado contra el joven de 19 años, según sostuvo la Fiscalía General de la Nación.

En audiencia de conflicto de competencia, en la que todas las partes solicitaron que el caso sea asumido por la justicia ordinaria y no la penal militar, la delegada de la Fiscalía describió las circunstancias en las que recibió el impacto de bala mientras transitaba por la calle 60 con carrera Quinta el pasado 1 de mayo, día que se desarrolló una marcha del paro nacional.

Según el relato de la funcionaria, ese día, desde calle 60 con carrera Sexta, el mayor Molano y el teniente Pablo Andrés Parra Forero, comandante del CAI Éxito -el otro oficial capturado- dispararon sus armas de dotación hacia el piso y el cielo con el fin de disipar el grupo de personas que estaban lanzando piedras contra la librería Panamericana.

El mayor y su compañero se desplazaron una cuadra hacia la avenida Quinta, frente al establecimiento afectado, mientras que Santiago, quien caminaba solo y despacio por el carril bajando, fue alcanzado por el proyectil por el lado izquierdo de su cuerpo y se desplomó a tres metros, aproximadamente. 

“A través de elementos materiales probatorios se estableció que el disparo es producido desde el lugar donde se ubicada el oficial mayor Molano Bedoya, quien, sin ninguna situación que ameritara amenaza o respuesta para usar fuerza al extremo y quien se encontraba aproximadamente a unos 80 metros de distancia de la víctima, sencillamente dispara contra Santiago Andrés Murillo”, contó. 

En su intervención, la delegada narró que un grupo de personas que estaba adelante de Santiago se devolvió hasta donde el joven y, pese a las solicitudes para que lo ayudaran, el mayor y los demás uniformados no lo auxiliaron, por lo que acudieron a un motociclista para que los trasladara a la Clínica Nuestra, donde se declaró su fallecimiento tras 28 minutos de maniobras de resucitación.

“Se estableció que el joven Santiago Andrés Murillo Meneses no generó ningún acto en contra del uniformado que hubiese puesto la vida de este en peligro. De por sí los separaba una avenida completa, compuesta de dos carriles. La víctima se desplazaba solo, a pie, y es alcanzado por el proyectil disparado por el oficial de manera directa”, agregó.

Ocurridos los hechos, los dos oficiales se presentaron a las 12:47 p.m. ante la instalaciones de la Fiscalía y el pasado 10 de mayo fueron capturados. 

 

Pedido unánime por justicia ordinaria

Como parte de los argumentos que arguyó la fiscal para solicitar que el caso sea asumido por la justicia ordinaria, la funcionaria señaló que se configuró una violación de los derechos humanos, que hay una ausencia de certeza plena de que los hechos tengan relación directa con el servicio del uniformado y que existe una presunta conducta criminal. 

“Es cierto que su actuar no guarda relación directa con el servicio y que, por el contrario, se aleja de la función constitucional, esto es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas; además que se observa un total desconocimiento de los derechos humanos, los tratados internacionales, decretos y resoluciones expedidos por parte del Gobierno nacional y la Policía en el marco de las garantías de los derechos de la protesta social”, afirmó. 

Por otra parte, afirmó que el oficial señalado desconoció los parámetros definidos en el reglamento para el uso de la fuerza y empleo de armas de la Policía Nacional, el cual señala que se debe hacer uso diferenciado de la fuerza según la amenaza, contexto y situación, escogiendo siempre la opción de causar el menor daño a la integridad de las personas. Para este caso, según el material recaudado, no existía amenaza alguna. 

Sucesivamente, la delegada del Ministerio Público; Miguel Ángel del Río Malo, abogado de los padres del joven, y el Juez Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías coincidieron en señalar que debe ser la justicia ordinaria la que asuma el caso, decisión que queda ahora en manos de la Corte Constitucional.

“No vale lo mismo un vidrio roto de Panamericana que la vida de Santiago. Aquí violentaron la vida de un ciudadano y le aplicaron pena de muerte. ¿Creen que estamos frente a un acto de servicio? Estamos frente a una conducta criminal de la Fuerza Pública”, señaló el abogado Del Río, quien insistió en que a Santiago le “aplicaron sentencia de muerte”.

 

Piden investigar a Juzgado

Al cierre de la diligencia, la Fiscalía y el Ministerio Público solicitaron al Juez que compulse copias a estas mismas entidades para iniciar investigaciones contra el Juzgado 188 de Instrucción Penal Militar y Policial, en cabeza del señor René Mauricio Monroy Bernal, por presuntas irregularidades en al auto en el que defiende su pretensión para quedarse con la competencia del caso. 

“A juicio de los delegados de la Fiscalía no cumple con ninguno de los requisitos para que ellos de manera ligera pretendan abrogar la competencia. Efectivamente está traspasando límites que posiblemente esté inmerso en una decisión prevaricadora. Es fundamental que se investigue si incurrió en una posible falta penal el señor mayor René Mauricio Monroy Bernal”, dijo. 

 

DATO

Ayer se adelantó un plantón frente al Palacio de Justicia para exigir que el caso por el asesinato de Santiago Murillo sea asumido por la justicia ordinaria. Luego, desde este mismo punto, inició una movilización hasta la calle 60 con avenida Quinta en el marco del paro nacional.

Credito
Redacción Política

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