Según explicó el exconcejal Humberto Quintero, son más de 3.000 personas y sus familias asentadas en sectores que van desde el Cañón del Combeima hasta El Salado y que, en muchos casos, están siendo desalojados por la Administración municipal debido a que sus viviendas están ubicadas en zonas de interés inmobiliario. 

“Los alcaldes no cumplen con los procesos de legalización y escrituración de tierras, lo que ha generado hoy que el Gobierno municipal, a raíz de la expansión urbana y el negocio inmobiliario, pretenda iniciar expropiaciones sobre estos lotes para dejar familias sin el derecho a una vivienda digna”, afirmó el excabildante. 

En la manifestación, que contempló una marcha por algunas vías del centro de la ciudad, Quintero exigió al alcalde Andrés Hurtado que escuche a los ciudadanos afectados. “Queremos que nos invite a una mesa ordinaria, para presentar unas propuestas serias y concretas, para solucionar este problema”, agregó.

Ayer un ciudadano llamado César Valencia inició una huelga de hambre a las afueras de la Gestora Urbana para protestar por una orden de desalojo de una vivienda en el barrio El Carmen que está a nombre de su padre, quien, según explicó, no pudo seguir asumiendo el pago del canon de arrendamiento desde 2009 porque sufrió un accidente. 

“La Gestora demandó a mi papá, que tiene 80 años, de los cuales 43 ha vivido en un lote de bienes fiscales, pero sufrió un infarto cerebral y se aprovechan de la discapacidad, en plena época de pandemia, para decir que tenemos que desocupar en 10 días. La Gestora dice que nos atrasamos, pero mi papá se infartó desde 2009 y hasta ese día estaba al día”, dijo.