“Al Gobierno le falta que sea honesto y sincero”, exmagistrado Luis E. Vargas

Crédito: Colprensa – EL NUEVO DÍA.Luis Ernesto Vargas, expresidente de la Corte Constitucional y exmiembro de la Cidh.
El jurista tolimense, expresidente de la Corte Constitucional y exmiembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), reprochó el tratamiento a los manifestantes, dijo que las entidades de control perdieron autonomía y explicó cómo será la visita del órgano para revisar violaciones en las protestas.
PUBLICIDAD

¿Cómo puede leerse la visita de la Cidh que comenzará el próximo lunes para revisar la situación de derechos humanos durante las protestas?

La Comisión, que es lo único que hace rescatable a la Organización de los Estados Americanos, considerada un apéndice del manejo de Estados Unidos, es un órgano que ha demostrado autonomía e independencia en la efectiva promoción de los derechos humanos, algo que muy lamentablemente en Colombia se ha deteriorado tanto en las entidades judiciales como de control, que parece que pertenecieran al Gobierno. 

Esto lo digo porque el Gobierno repelió la visita de la Comisión, diciendo que prefería esperar la actuación y el pronunciamiento de la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría, órganos que son una vergüenza total, porque las personas que están a cargo de ellos se han caracterizado por su genuflexión permanente al Gobierno y las víctimas se encuentran con un muro donde ni siquiera reciben adecuadamente las quejas.

Ahora, cuando la Comisión visita un país, lo hace fundamentalmente para tratar de cumplir objetivos orientados a impulsar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Sidh) y hacer lo posible por garantizarlos. En esas condiciones, va a hacer una visita de trabajo, que muy lamentablemente va a ser de solo tres días, un tiempo insuficiente porque solo van a venir tres de los siete comisionados.

 

¿Qué lo lleva a concluir que esas entidades han perdido autonomía?

A cargo de la Procuraduría se encuentra una persona (Margarita Cabello) que en los últimos años militó en el Gobierno y no ha demostrado que esa entidad realmente sea el órgano de control del Gobierno. En sus manifestaciones, la Procuradora siempre está hablando de ‘nuestro Gobierno’ y eso nunca se había visto. Lo del Fiscal (Francisco Barbosa) es todavía peor, porque es un compañero de estudio del Presidente y no ha logrado romper el vínculo de amistad que los une. De la misma manera, el Defensor (Carlos Camargo), tuvo una salida de casillas con las personas a las que debe proteger, como los indígenas, y cuando quisieron increparlo, les dio un portazo y se fue.

Esto indica que se ha perdido el principio de autonomía y la independencia de los órganos de control, algo grave porque incide en la jurisdicción del Estado. Por esa circunstancia, cuando el Gobierno dice ‘esperemos a ver qué dicen los órganos de control’, pues lo hace actuando de mala fe para decir que supuestamente van a actuar. Todos los días se encuentra en noticias de prensa que cuando la gente trata de acudir a esos organismos, no encuentran respuestas efectivas. Cuando uno llega a esos cargos, al margen de quien lo haya nombrado, primero está la función que se va a desempeñar.

 

En el informe del 25 de mayo, la Comisión dice que observa que muchas de las demandas de las protestas guardan relación con los desafíos estructurales que subyacen a la desigualdad y la violencia histórica del país y reafirma que la consolidación de la paz es un requisito indispensable para el ejercicio libre y respeto pleno de los derechos humanos. ¿Le corresponde a la Comisión hacer ese tipo de apreciaciones?

La Cidh traza unos objetivos estratégicos cada cuatro años. Los actuales iniciaron en 2017 y deberían ir hasta diciembre de 2021. Esos objetivos tienen que ver con la pregunta porque se quiso contribuir al desarrollo de una justicia interamericana efectiva y accesible teniendo en cuenta que había que superar una cantidad de valladares que en la práctica generaban impunidad en la región y no se lograba la reparación integral de las víctimas. 

Por esta razón, había que impulsar medidas preventivas y mecanismos, como visitas de trabajo o ‘in loco’, impulsar el tema de peticiones y casos, las soluciones amistosas, las medidas cautelares. Además, empezó a abrirse paso para convertirse en un órgano consultor de los gobiernos, impulsando la universalización del Sidh con iniciativas coordinadas con la Corte Interamericana de DD.HH.

 

Hay un sector que dice que la Comisión viene a lavarle la cara al Gobierno, otro dice que va a contribuir a la desestabilización y otro que esto es parte de una conjura comunista. ¿Hasta dónde pueden creer los colombianos del trabajo que vaya a hacer la Comisión?

La Comisión, al margen de quienes la integran, es un órgano independiente y autónomo. Cuando ha querido ir a Nicaragua, Venezuela o Chile, no mira quién es el gobernante o cuál es el régimen que esté imperando.

Le corresponde cumplir su misión y tratar de mirar cómo se están protegiendo las poblaciones prioritarias. 

La verdad, pensaría que lo van hacer con la misma autonomía e independencia con la que siempre lo han hecho.

 

¿Qué produce la Cidh luego de la visita?

Al final de su visita de trabajo, la Comisión expide un documento, que previamente ha sido estudiado, discutido y votado al interior del grupo, en el que se permiten hacer propuestas al Gobierno para que la situación se pueda zanjar de la mejor manera posible para bien de las partes. Y, al final, después de haber recogido toda la información, al Gobierno se le entrega un documento prolijo en el que hay una especie de valoración de las pruebas recaudadas y se trazan recomendaciones para la protección de los grupos prioritarios, para dar con la solución más inmediata posible de lo que ha causado la protesta social. Son informes que se incorporan al anuario respectivo de la situación de derechos humanos de los 35 países y son los que miran, por ejemplo, las calificadoras de riesgo y los inversionistas.

 

¿La Cidh también revisa las violaciones infringidas por los civiles o delincuentes hacia la Fuerza Pública?

Absolutamente, sí. Sin condicionamientos, como lo dijo la Vicepresidenta, desconociendo la carta de la OEA y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los representantes del Gobierno van a tener espacios suficientes y de preferencia para que sean los primeros en atender a la Comisión. Para eso, dispondrán de funcionarios en los horarios de trabajo de la Comisión, que fácilmente pasan de 16 o 17 horas diarias, sin descanso alguno. De manera que se tienen horarios preestablecidos y se van desarrollando en la medida que se dispuso el cronograma de actividades. Y por supuesto que van a escuchar qué ha ocurrido con miembros de la Fuerza Pública, determinados sectores económicos y los familiares de las víctimas de toda índole.

 

“La Comisión escuchará a las víctimas”

 

¿Cómo se analiza que en la carta enviada por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a la Comisión no haya mencionado los casos de abuso policial?

Yo diría que lo que ha ocurrido en Colombia hasta ahora no es desconocido para la Comisión. Casi todos los videos que ha tomado espontáneamente la población en los que aparece, por ejemplo, personal vestido de civil con armas disparando contra manifestantes sin que sean detenidos por la policía, son pruebas muy importantes. Por eso, al margen de que la Vicepresidenta-Canciller haya omitido mencionar cómo han repelido la protesta y la cantidad de muertos o heridos que se han causado en la población civil, la Comisión va a escuchar a los colectivos de víctimas. 

 

¿Qué sanción podría recibir el presidente Duque por parte de la Comisión?

Ninguna. No hay grado de sanción. La función principal de la Comisión es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y, para garantizar eso, vienen labores pedagógicas de estimulación de conciencia sobre los DD.HH. en los pueblos América y la formulación de recomendaciones cuando estime conveniente a los gobiernos miembros para que tomen medidas en favor de los DD. HH. dentro del marco de las leyes internas y los preceptos constitucionales. Cuando las recomendaciones no son atendidas o son atendidas de manera precaria, el Estado se puede convertir en un paria frente a las demás naciones y eso va a tener implicaciones graves en el comercio internacional.

 

Hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿por qué razón puede llegar a conocer un caso?

Al Sistema Interamericano se accede como última posibilidad cuando ya se han agotado todos los mecanismos internos que da la jurisdicción interna de cada estado. A la gente le preocupa mucho qué pasa con la protesta social. Para este caso de lo que ocurre en Colombia, hay una gran parte adelantada.

En el caso de Santiago Murillo, por ejemplo, hay que esperar a que el proceso penal termine, pero no me extraña la liberación del oficial, porque si algo le está faltando al Gobierno colombiano es que sea honesto y sincero.

La sinceridad debe partir de cómo trata de entrada a los manifestantes, que son muchachos que salen a protestar porque han perdido todas sus posibilidades ante la vida, el estudio, el trabajo. Pero sin empezar a marchar, están diciendo que tienen nexos con la guerrilla, que están financiados por el castrochavismo, que están tratando de derribar el Gobierno y una cantidad de inventos. Anoche lo escuchaba de boca de un expresidente, que es un incendiario, porque es impresionante cómo puede estar especulando de esa manera en contra de los manifestantes. Pero la Comisión se da cuenta de que ha habido más de 10.000 manifestaciones y en más de 9.000 no ha pasado absolutamente nada. 

 

¿Por qué dice que el caso de las protestas está adelantado?

La Corte Suprema de Justicia dictó el año pasado una sentencia a través de la cual se dieron órdenes para que se garantizara el derecho fundamental a la protesta pacífica, pero resulta que no se ha cumplido, por ende, quedaría de presentarse el incidente de desacato ante la propia Corte. 

Establecido esto, quedaría agotada la jurisdicción interna y podría llevarse a través de una petición a activar el mecanismo de la Comisión, decretar medidas cautelares y convertir eso en un caso que va a ser condenado con un ítem: en el Congreso se tramita un proyecto de ley que desacata abierta y groseramente una sentencia de la Corte Interamericana que le había ordenado cambiar su legislación para que la Procuraduría no pudiera destituir funcionarios. Para acatar esa sentencia, ahora han presentado un proyecto de ley dándole facultades judiciales a la Procuraduría.


Dato

Colombia y México son los estados más demandados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

El Nuevo Día

Comentarios