¿Qué viene ahora tras la entrega de este informe sobre ‘falsos positivos’ en Tolima?

Entre las facultades y funciones de esta Sala está la selección y priorización de los casos. Para eso, retomamos  estos informes que hemos recibido a lo largo del país por parte de instituciones y sociedad civil. Estamos cruzando la información de los informes y armando bases de datos que nos han permitido identificar universos provicionales de hechos y, a partir de eso, construir estrategias para determinar a quiénes llamar e interrogar, empezando de abajo hacia arriba, pero,  poco a poco, complementando con llamados a altos mandos en relación con su posible responsabilidad en torno a los asesinatos ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

Los organizaciones que elaboraron el informe le piden a la JEP que llame a rendir versión a los nueve comandantes que estuvieron al frente de la Quinta División entre 2000 y 2015. ¿Qué tan viable es que eso ocurra?

Este informe, que es el número 35 dentro del macrocaso tres de la JEP, será valorado, como lo estamos haciendo con todos los demás. A partir de eso, una vez definamos el momento apropiado dentro de la estrategia global del macrocaso, le trasladaremos a cada alto mando mencionado estos informes, porque tienen que conocer que hay una serie de señalamientos contra ellos. Pero, en general, estamos valorando y organizando una estrategia para ver a quiénes se llama primero, a quiénes después, en qué momento y bajo qué circunstancias.

También entrará a valoración la solicitud para que la JEP seleccione y priorice el Tolima dentro del macrocaso 03...

Es un tema que valorará la Sala. El mensaje que hemos dado a la sociedad es que estamos analizando todos los hechos de los que tomamos información a nivel nacional, para definir los momentos y las estrategias en las que empezaremos a llamar a determinadas personas y emitir ciertas decisiones judiciales frente a personas y territorios. Lo que puedo decir por lo pronto es que los hechos ocurridos en el Tolima ya están siendo valorados y priorizados. Esperamos empezar a unir a Tolima con otros territorios como Caquetá y Huila, en el marco de las unidades militares de cobertura amplia que pudieran estar involucradas, como una división, y avanzar en interrogatorios de ciertas personas que tenían un alto mando en la época de los hechos.

La mayoría de los ‘falsos positivos’ continúan, en la mayoría de los casos, en la absoluta impunidad. Luego de este acto, ¿qué decirle a las personas que llevan años esperando verdad, justicia y dignificar la memoria de sus familiares?

Estamos tomando como punto de partida los avances que hizo la justicia ordinaria en muchos de estos hechos. En algunos vemos avances muy importantes a partir de condenas. Lo que le decimos hoy a las víctimas es que vamos a seguir un proceso de diálogo, escuchándolas y que su voz sobre los daños ocurridos adquiere centralidad en nuestras indagaciones e interrogatorios y los esclarecimientos que impulsaremos. Dentro de este macrocaso, hemos acreditado más de 1.200 víctimas que han solicitado participar.

¿En qué consiste la ruta contra la impunidad de la que habló frente a las víctimas?

Fundamentalmente es concentrarnos en la posible sistemacidad de estos hechos; es decir, no mirar de forma aislada sino articuladamente qué puntos en común tenían, qué tipo de posibles patrones se podrían configurar, qué modalidades son comunes en muchos de los hechos. Entonces, mientras que la justicia ordinaria muchas veces investigó aisladamente, nosotros estamos tratando de unirlos, unir esas historias y, en ese marco, escudriñar, analizar y buscar quiénes son esos máximos responsables que tendrían que responder.

¿Cuál es la posición de la JEP frente a aquellos militares que deciden someterse a la JEP cuando advierten una condena inminente, dejando prácticamente suspendidos los procesos que enfrentaban en la justicia ordinaria?

El mensaje de la jurisdicción ha sido que la Fiscalía no pierde competencia. La normatividad prevé unos momentos específicos en los que la Fiscalía tendría que entregar los casos pero es un momento más avanzado del proceso ante la JEP. Por eso, la Fiscalía tendría que continuar indagando, investigando y tomando pruebas en lo que corresponda. Y no es posible una suspensión de los procesos propiamente. Hay unos ajustes en el marco de los procedimientos transicionales, pero la Fiscalía tiene que continuar con su labor de investigación.