La controversia se enmarcó en el artículo 125, el cual habilita los convenios interadministrativos, el cual llegó a las plenarias no sólo con el rechazo de los partidos de la oposición, sino con varios de los congresistas de la bancada del Centro Democrático que acogieron la directriz del expresidente Álvaro Uribe, quien le indicó a sus congresistas que no lo apoyaran.

Pero pudo más el poder del gobierno Duque, que logró en una reunión de bancada de los senadores y representantes para que quedaran en libertad sobre ese tema, por lo que en la noche del martes fueron varios los senadores y representantes los que le dieron el sí al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, para votar acompañar esa reforma a la ley de garantías.

El artículo a la postre quedó en ambas corporaciones, indicando que “con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, a partir de la publicación de la presente ley y durante la vigencia fiscal 2022, la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación”.

Y precisó además que ese artículo sólo modifica únicamente la parte pertinente al inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, es decir, no desmonta o acaba la ley de garantías como se ha señalado.

Sobre el tema, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, manifestó que se blindó el tema para que no vayan a desviar el propósito de esos convenios. “Es un artículo que amplía las facultades de los entes territoriales para suscribir convenios con el Gobierno Nacional, en un aspecto que se quiso dejar enriquecido delegando una vigilancia especial por parte de la Contraloría General de la República a todos los convenios que se hayan firmado en la vigencia de esa norma por un año y que no tumba la Ley de Garantías, como muchos lo han dicho”.

El ministro Restrepo precisó que el artículo 55 de la ley de presupuesto indicará que las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación que celebren contratos y convenios interadministrativos con entidades del orden territorial, y en donde se ejecuten recursos de partidas que correspondan a inversión regional, exigirán que para la ejecución de dichos proyectos, la entidad territorial publique previamente el proceso de selección que adelante en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), y solo se podrán contratar con Pliegos Tipo establecidos por el Gobierno Nacional.

Según Gómez, “lo que se hace es que se permite la firma de los convenios interadministrativos con dos efectos puntuales, un efecto de reactivación económica para las regiones y una manera de aliviar las condiciones con unos alcaldes que todavía no han cumplido dos años de mandato y han tenido año y medio de pandemia”.

La reforma fue defendida por uno de los ponentes, el senador Efraín Cepeda, quien igualmente consideró que “tiene todos los blindajes, debe ser publicado en el Secop, tiene pliegos tipo y vigilancia especial de la Contraloría General de la República. Pero además debo decir que esa Ley de Garantías es anacrónica, porque se instituyó para la reelección presidencial, pero la reelección ya no existe”.

Incluso aseguró el congresista que prefiere “la plata invertida en la gente y no guardada en los bancos que abusan siempre con los créditos. Yo prefiero la reactivación económica que la recesión, yo prefiero la generación de empleo que el desempleo”.

LOS PLANTEAMIENTOS DE LA OPOSICIÓN

En la oposición las críticas se han centrado en que la modificación a la ley de garantías se da en momentos en que está la campaña electoral, y el gobierno al cambiar las reglas de juego lo hace es para favorecer a los candidatos de su favor.

La representante a la Cámara Katherin Miranda, aseguró que “permitir tumbar la ley de garantías es dejar que se roben el dinero de los niños, la plata de las inversiones de los más pobres”.

El senador opositor Roy Barreras, también quien votó en contra del artículo, aseguró que demandará ante la Corte Constitucional la eliminación de la ley de garantías, esto por considerar que “viola la unidad de materia, contradice varias sentencias de la Corte que ordenan no incluir asuntos ajenos a la ley de presupuesto y porque la ley 996 es estatutaria”.

Un congresista más que dijo que presentará una demanda es el representante a la Cámara Germán Navas Talero, quien anunció que interpondrá ese proceso por el delito de peculado por parte de los senadores y representantes.

El senador y precandidato cristiano John Milton Rodríguez, manifestó que “el presupuesto 2022 refleja lo aprobado en la ley de inversión apoyando a los más afectados durante la pandemia, el paro y los bloqueos, pero no comparto que se invalide la ley de garantías en tiempo de elecciones, es un portón a la corrupción”.

Otros precandidatos también se opusieron a modificar la ley de garantías en este momento. El candidato independiente Alejandro Gaviria sostuvo que es “inaceptable la suspensión de la ley de garantías”. Cambiar las reglas de juego sobre la marcha afecta la democracia. Genera, además, desconfianza en medio de una crisis institucional ocasionada en buena medida por la corrupción”.

El también senador y candidato de la izquierda Gustavo Petro, sostuvo que “desde cualquier aplicación del levantamiento de la ley de garantías sería ilegal. Al ser una norma estatutaria debe ir a control previo de la Corte Constitucional, si lo aplican sin este trámite, los funcionarios estarán prevaricando”.

Para el analista Luis Estrada, esta reforma a la ley de garantías tiene muchas miradas. “Por un lado está la consideración del gobierno que la pandemia tuvo quieta la economía durante el año pasado y eso impidió que los gobiernos municipales y departamentales pudieran realizar sus programas de gobierno, unas inversiones que mueven la economía”, sostiene.

También Estrada considera que “la oposición expone la bandera que está sin equidad, porque en la mayoría de ellos no tienen alcaldes o gobernadores y de ahí aseguran que esto sería la feria de la contratación”.

Sin embargo, ese reclamo no aplicaría para muchos gobiernos locales que son manejados por representantes de la oposición, como por ejemplo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, entre otros, mandatarios.

Desde la Misión de Observación Electoral, su directora, Alejandra Barrios, considera que eliminar esta restricción abre la posibilidad a riesgos de corrupción administrativa, se podrían destinar recursos públicos con fines proselitistas en el marco de las elecciones.

Para Barrios, “los convenios interadministrativos son una modalidad de contratación que implica mayor discrecionalidad en la destinación de los recursos y menos controles por parte de las autoridades”.

Por otro lado, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, también considera que es un inconveniente reformar la ley de garantías, “porque se cambia en medio del proceso electoral, porque veremos convenios interadminsitrativos hasta la fecha misma de las elecciones y porque es un premio a la falta de planeación de entes territoriales”.

Lo que sigue para la ley de presupuesto es que la misma salga del Congreso para la Presidencia de la República, en donde le corresponderá al presidente Iván Duque sancionarla, lo cual significa que la misma entrará en vigencia en todo su articulado.

De prosperar las demandas que se han anunciado desde el mismo Congreso, como de otros sectores, la última palabra la tiene la Corte Constitucional, pero su estudio y fallo se estaría dando no antes de febrero del año próximo, lo cual implicaría que la reforma a la ley de garantías entraría en vigencia y se mantendrían hasta cuando haya un fallo de la Corte, si lo llegara a tumbar.