En audiencia pública en la Comisión Primera de la Cámara, el representante Juan Carlos Losada y el Movimiento Nacional Ambiental, del que hacen parte organizaciones y líderes del Tolima, insistieron en la necesidad de que el Congreso de la República garantice la participación ciudadana en asuntos mineros y petroleros. 

Luego de que la Corte Constitucional declaró la inviabilidad de las consultas populares como mecanismo para que las comunidades definieran el futuro de actividades de exploración y explotación, hoy existen dos proyectos de ley que buscan regular el derecho de la participación de personas afectadas por proyectos extractivos. 

Sin embargo, los autores de las iniciativas tienen un desacuerdo en un aspecto medular: el mecanismo. Mientras el representante Losada (proyecto 107) propone una consulta universal anticipada, que funcionaría de manera semejante a una consulta previa; el Movimiento Nacional Ambiental (proyecto 121) plantea crear un cabildo abierto, para antes de que se otorguen títulos y licencias ambientales, y la audiencia pública de control socioambiental, para proyectos que estén en fase de explotación. 

En buena parte, la discusión está centrada en el carácter o la fuerza vinculante del mecanismo, es decir, la obligatoriedad de aplicación por parte del Estado de una decisión que pueda tomar una comunidad sobre un proyecto. Según señaló el congresista, hay argumentos de tipo constitucional que pueden abrir la puerta a la concertación de un mecanismo que pueda ser vinculante. La tarea ahora es, justamente, conciliar un único texto para que inicie su trámite legislativo. 

Durante el espacio, en el que también participaron delegados de entidades del Gobierno y miembros de la academia, el diputado Renzo García dijo que el proyecto debe ser vinculante y superar el déficit de participación que han evidenciado las altas cortes y las comunidades que se han movilizado en el territorio nacional. 

“El proyecto de ley 121 se ha construido a muchas manos, recoge las identidades y problemáticas de los territorios, propone la creación de un cabildo abierto socioambiental que permite el acceso a la información, el análisis, la discusión y la reflexión para una decisión vinculante y democrática, para fases previas de títulos, bloques y licencias ambientales. Y también propone una audiencia pública de control socioambiental que permita evaluar los proyectos en desarrollo en relación al respeto a los derechos humanos y los daños ambientales”, explicó. 

Por su parte, contrario a lo que señalaron los delegados de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas, Robinson Mejía, miembro de la Red de Comités Ambientales del Tolima, aseguró que no es cierto que existan mecanismos de coordinación y concurrencia para que el Gobierno central acuerde con los entidades territoriales cómo se debe tomar una decisión en materia mineroenergética. 

En sus intervenciones, los representantes del Gobierno nacional desestimaron los proyectos de ley al señalar que la Corte Constitucional (a través de la sentencia SU-095 de 2018) definió que los mecanismos de participación no pueden generar poderes de veto sobre las actividades de exploración y explotación. 

“La jurisprudencia ha resaltado la inconveniencia de dar poder de veto a unas comunidades que pueden no tener el nivel de conocimiento. Enfrentar a toda la institucionalidad a las comunidades, que pueden no tener el nivel de conocimiento y análisis ni los recursos para llevar a cabo la toma de decisiones de tanta trascendencia, puede afectar el equilibrio correcto entre lo que es la autoridad pública y el conocimiento y la capacidad de las comunidades”, dijo Armando Zamora, delegado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Al respecto, el representante Losada afirmó que son precisamente las comunidades las más calificadas para decidir sobre el desarrollo de sus territorios mientras que Robinson Mejía aseguró que si bien no existe la posibilidad de veto para las actividades que se desarrollan en el subsuelo, el alto tribunal señaló que se debe haber un ejercicio que no desconozca la voluntad de los municipios. 

“Nos parece determinante que una ley de participación ciudadana debe reconocer que el mandato popular, si bien no puede generar un veto, tampoco puede generar una imposición del Gobierno nacional y nuestra propuesta es que se cree un mecanismo como el cabildo abierto socioambiental en donde se siente todo el mundo”, comentó.

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