Un mes después de las elecciones, el aplicativo Cuentas Claras reveló los gastos de campaña del Alcalde y el Gobernador electos.

La Secretaría de Educación de Bogotá seguirá en manos de tolimenses, pues después de ser ocupada por Óscar Sánchez Jaramillo, el alcalde electo de la capital, Enrique Peñalosa, designó a la también ibaguereña María Victoria Angulo González, como nueva jefe de dicha cartera distrital.

Ante la profunda crisis financiera, la Universidad del Tolima espera que el Juzgado Séptimo de Oralidad convoque comité de verificación para determinar si recibe los 5 mil 900 millones que reclama a la Gobernación. Además aclaró que no tiene deudas con la Administración Departamental.

Ayer fueron clausuradas las Sesiones Ordinarias del Consejo de Ibagué, quedando aprobados varios proyectos de acuerdo, entre los que se destacan la aprobación del presupuesto del municipio para el 2016, la política pública del adulto mayor, entre otros.

De los 76 proyectos de Interés Nacional, seis de ellos están en el Tolima, entre estos La Colosa, el Túnel de la Linea y la Navegabilidad del río Magdalena.

El senador Serpa había aseverado que “muchos de sus comportamientos -los de Vargas Lleras- no corresponden con la dignidad que ejerce como vicepresidente y menos siendo candidato a la próxima presidencia”.

Tras el anuncio de Guillermo Alfonso Jaramillo, de buscar intervención de APP para construcción de algunas obras en la ciudad, el DPN acordó con el alcalde electo gestionar iniciativas para adelantar obras en Ibagué.

Esta semana fue aprobado el Acto Legislativo para la paz, el cual fue radicado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

La corporación Reiniciar, que apoya al Comité de Impulso pro defensa de la cuenca del río Guaguarco, explicó que la denuncia pública en la que se relató la desaparición de la quebrada Guaguarco en la vereda Palma Alta, en Natagaima, busca hacer un llamado de atención a Cortolima para que haga una inspección de la zona y actúe frente al daño ambiental que se ha ocasionado en la misma.

Los ataques que se provoquen a alguna persona con ácidos serán considerados, en el Código Penal, como un delito autónomo y no sólo como una lesión personal. Así quedó establecido en un proyecto de ley que fue aprobado en último debate por la plenaria del Senado, y ahora irá a la sanción presidencial.