Es una labor muy exigente la que se requiere para investigar estos casos. En entrevista el director Especializado de la Fiscalía contra la Corrupción, Eduar Calderón, asegura que a pesar de estas complejidades, ya hay resultados concretos en casos como estos o el de Centros Poblados, en donde la Fiscalía aspira que a través de preacuerdos se puedan recuperar 15.200 millones de pesos.

Hay una percepción ciudadana de que la corrupción está disparada. ¿Cómo está avanzando la Fiscalía para frenar este fenómeno?

Bueno, digamos que es indudable que hoy el tema de la corrupción es de importancia nacional, pero son precisamente las acciones que hemos desarrollado, creo que no sólo la Fiscalía sino los demás órganos de control, las que han permitido evidenciar la magnitud de la misma, y por eso hoy es un tema estratégico del Gobierno actual y del anterior también.

Esto venía pasando desde hace muchos años, simplemente ahora se ha vuelto un poco más visible precisamente por nuestras actuaciones, por las actuaciones que estamos realizando sin mirar ningún tipo de preferencia hacia un lado, sino mirando los hechos, judicializando, y que los que tengan que responder por sus actos, sin importar una línea política lo hagan.

Nuestra forma de trabajar ha sido no ser muy rápidos, pero sí contundentes, tener la suficiente evidencia para que cuando le hagamos una postulación a un juez, poder decirle que lo que nosotros decimos está soportado en una evidencia y no solamente en el testimonio de una persona. 

Es decir, tener evidencia técnica, evidencia conceptual que permita establecer que un hecho de corrupción ocurrió y que un juez tenga los elementos para emitir una sentencia, y/o propiciar que las personas capturadas o judicializadas opten por la aceptación de cargos ante la contundencia que nosotros tenemos.
Esa es nuestra estrategia y de esa forma es que les respondemos a la ciudadanía con acciones contundentes y con decisiones efectivas en la judicatura.

¿En qué van las investigaciones por el caso de Centros Poblados y qué pasó con la plata?

Recordemos, la primera acción de la Fiscalía fue muy rápida en 60 días. Nosotros logramos la judicialización de tres personas entre ellos Emilio Tapia, Juan José Laverde y un señor Juan Carlos Benavides que se entregó al final. En esta primera etapa fue un tema de falsedades, fraude procesal.

Luego la segunda etapa vino el tema de los recursos públicos que estuvieron afectados, volvimos a imputar a Emilio Tapia a Juan Carlos Cáceres Bayona, Luis Fernando Duque y a otras personas que contribuían para que se pudieran apropiar de unos recursos.

Vamos en esas dos fases, ya la Fiscalía formuló acusación, estamos pendientes que el juez convoque para realizar la audiencia. 

Estamos pendientes de algún tipo de negociación de preacuerdo que permita resolver el tema con unas sentencias.

Pero también que se permita que estas personas que afectaron de cierta manera el ejercicio de la función pública de Mintic, puedan reintegrar esos valores que nosotros decimos que no fueron invertidos en el objeto contractual, porque de eso se trata el peculado, (de) cuánto se apropiaron de lo que a ellos les entregaron para invertir.

¿Precisamente cómo avanzan los preacuerdos por Centros Poblados?

Acordémonos que el preacuerdo es que ellos simplemente aceptan su responsabilidad, van a tener una condena, pero van a tener que reintegrar dineros.

La Fiscalía tiene la tesis de que la apropiación fueron aproximadamente $15.200 millones y sobre esos 15.000, ellos están tratando de hacer los reintegros respectivos, cada quien respondiendo por lo que cada uno presuntamente se apropió.

Es decir, el señor Emilio Tapia responderá por una suma cercana a los $5.000 millones, el señor Juan Carlos Cáceres por una suma cercana a $9.000 millones y otras personas por sumas entre $300 y $100 millones. Con eso se completarían los $15.200 millones, más algunos intereses que se tienen que realizar.

Estamos esperando, ayer (el miércoles) se posicionó la Ministra de las TIC, estamos pendientes de una reunión con ella, para explorar estas fórmulas de arreglo, ellos constituyéndose como víctima y mirar si entonces se puede resolver esta situación con sentencias, porque independientemente de que reintegren van a salir condenadas esas personas indudablemente a unas penas de prisión.

La Fiscalía ha logrado judicializar a más de 30 funcionarios de la red de corrupción en la que está involucrado el senador Mario Castaño, ¿él es la única cabeza de esta red? ¿Podemos esperar más capturas en los próximos días?

Mario Castaño fue un tema que salió hace más o menos un año y medio, donde fiscales estaban investigando e investigadores estaban al tanto de lo que estaba pasando, mirando quién estaba participando.
Nosotros estábamos mirando una situación, si hubiese sido el tema de Mario Castaño, tal vez hace un año hubiéramos podido capturar a una persona o dos y ya. Pero no era la situación, sino que estábamos viendo que se estaban presentando temas de corrupción no solo en un contrato sino en varios y quienes participaban. 

Entonces comenzamos a analizar la situación y por eso tenemos 33 personas judicializadas, siete alcaldes de los cuales cinco aceptaron cargos, dos de ellos ya están buscando preacuerdos, y todos los contratistas aceptaron cargos, ante la contundencia de la evidencia.

Eso nos permitió compulsar copias a la Corte Suprema y esta en menos de dos meses, pudo dictar una medida contra Castaño, pero además la unidad de extinción de dominio también pudo actuar de manera rápida, al punto que ejecutó acciones de extinción de dominio sobre algunos bienes del senador que ascendieron a más de $13.000 millones. 

Esto es bueno de resaltar porque es la primera vez que yo veo en la historia que hay una articulación de la Corte, la Unidad de Extinción de Dominio y la Dirección Nacional Anticorrupción en una red completa, no es fácil en corrupción.

Entonces seguramente vendrán en un futuro otras decisiones en otros aspectos contra otros funcionarios que son unos residuos de ese tema de corrupción muy pequeños, pero digamos que lo fuerte que eran los alcaldes ya salió.

¿Hay otra cabeza de esta red aparte de Mario Castaño?

Pues, digamos, yo no podía decir ni que sí ni que no, bajo esa estructura de investigación en ese momento no, que haya en otras, tal vez.

En días pasados anunciaron la firma de un preacuerdo con Nova Lorena Cañón, ¿qué información esperan obtener de su testimonio?

Nova Lorena Cañón tiene dos temas, uno es el principio de oportunidad y otro es el preacuerdo.

El principio de oportunidad es que ella va a hacer una colaboración con la justicia, desde el momento en que ella fue capturada, tuvo unos abogados, vio la evidencia que teníamos y manifestó su deseo de colaborar y así lo hizo.

Contra quien iba a declarar la señora era contra el Senador, eso ya está, el día de ayer se legalizó el principio de oportunidad en esas condiciones, lo mismo que el otro contratista.  

Por esa colaboración y alguna otra que también sirvió para judicializar a algunos alcaldes, ella fue beneficiaria de este principio que otorgó el Fiscal General. Este principio de oportunidad tiende a perdonarle algunos delitos como el interés indebido en la celebración de contratos, tal vez, el concierto para delinquir, pero va a preacordar por otros delitos y por esos delitos ella va a salir condenada y va a devolver unos $100 millones.

¿El otro preacuerdo a favor de quién es?

De Santiago Castaño, un contratista. A él se le van a perdonar dos delitos y va a salir condenado por otros.

En qué avanzan las investigaciones de los recursos de Ocad Paz en donde la Fiscalía ha dicho que tiene bajo la lupa 2 mil contratos. ¿Qué hallazgos han encontrado?

Ocad Paz es un tema bastante complejo por la cantidad de información.

 
Según registros públicos hay más de $8 billones  que estaban destinados a invertirse en 179 municipios Pdet y esos se dividen en muchísimos proyectos, y estos a su vez en muchísimos contratos, entonces de ahí la necesidad de crear ese grupo estratégico de Fiscales.

En este momento estamos organizando también el grupo de investigadores porque es una dedicación prácticamente exclusiva, es muy complejo el entramado de corrupción que posiblemente se haya presentado.

Parece que ha estado muy bien organizado el tema, vamos a tener que hacer un trabajo bastante dispendioso para poder llegar a las personas que presuntamente hayan hecho corrupción.

Pero también nuestra intención es llegar hasta donde tengamos que hacerlo, llegar hasta arriba, porque esto no solo pasa en los niveles inferiores caso Mario Castaño, son temas que pueden ser repetitivos.
Si uno mira puede ser una misma situación, un mismo modus operandi, sin decir que tengamos evidencia, sino que es como que lo dicho incluso, en el debate en el Congreso.

En este momento estamos revisando y organizando la información, algunos sitios de interés tienen la priorización, porque es muy difícil atacar todo, vamos a priorizar, el grupo de fiscales para priorizar las situaciones más críticas y hacia allá vamos a definir unas líneas estratégicas de trabajo.

Esa es nuestra meta, en este momento ya estamos organizados con algunos expertos, la Policía, investigadores, Fiscales, poniéndonos a tono con la temática, analizando la información, haciendo cruces de información y muy seguramente en los próximos días, comenzamos a hacer unas actividades de campo y la idea es que se puedan tomar decisiones probablemente en unos seis meses.

De otra parte, hay dos hombres de confianza de Richard Aguilar que llegaron a preacuerdo con la Fiscalía. ¿Qué pueden aportar a la investigación y cómo avanza este proceso?

En el tema de Richard Aguilar la dirección anticorrupción asumió la investigación sobre unas personas no aforadas. Recordemos que Richard Aguilar era gobernador, por lo que tiene fuero, por lo que lo tiene la Corte.

En este sentido nosotros tenemos a los que eran secretarios de Planeación, al asesor jurídico, a los contratistas. Contra ellos se hizo una acción judicial, se les imputó y se llevaron dos preacuerdos efectivamente.

Estamos en el proceso de que hagan el reintegro de los dineros apropiados, ya han (devuelto) algo de $800 millones, faltan $400 millones, nuestra idea es que lleguen a un reintegro de $2.000 millones.

Pero la idea es que ellos puedan tener también  unas condenas, obviamente, el preacuerdo implica que esas condenas por el reintegro, por las negociaciones que hay para aceptar su responsabilidad, van a tener unos descuentos, unas rebajas de pena que las tienen por ley. 

Vamos a tratar que sean proporcionales esas penas a lo que reintegran y a los hechos sucedidos.  
Incluso estas personas han manifestado su interés de que, como resarcimiento a la comunidad, que tampoco se ha visto y vamos a mirar cómo lo vamos a aterrizar, es la de construir un centro deportivo para Bucaramanga a modo de indemnización.

En temas de lucha contra la corrupción ha habido algún acercamiento para trabajar con la justicia venezolana en especial en casos como Monómeros.

Nosotros actuamos conforme a nuestra facultad constitucional, investigamos donde haya hechos que revistan característica jurídica.

Si tenemos evidencia o algún indicio sobre hechos irregulares en esa empresa que está ubicada en Barranquilla, y se pongan en conocimiento de acá y entiendo según información pública que se restablecieron las relaciones en ese sentido, pues la Fiscalía actuará conforme a su misionalidad y tratando de verificar que se hayan presentado actos de corrupción.