Su mandato, por los próximos dos años, podría coincidir con la adopción de las primeras condenas por parte de ese organismo y con la imposición de las primeras sanciones restaurativas, sobre las que ha habido mucha expectativa desde que fue creada esa jurisdicción.

En entrevista con Colprensa, Vidal explica que en el primer semestre del próximo año podrían empezar a operar estas sanciones, que se han venido construyendo con el Gobierno desde hace un tiempo y que, según dice, podrían consistir en proyectos de desminado, educación en el riesgo de minas o reconstrucción de centros de salud, colegios o carreteras, entre otros.

Vidal también habló sobre la posibilidad de que la competencia de la JEP se amplíe para juzgar a miembros del ELN y las disidencias que eventualmente se sumen a la paz total y sobre las lecciones que esa jurisdicción podrá aportar a nuevos sistemas de justicia transicional.

- A usted le va a tocar una época posiblemente muy intensa para la JEP. ¿Qué puede esperar el país de lo que viene para la entidad?

Con los grandes avances que estamos teniendo ya en las investigaciones, lo que se abre es el capítulo de los juicios, que son juicios muy particulares. 

Esas audiencias están diseñadas para que se encuentren las víctimas y los comparecientes, para que haya una interlocución mayor y las víctimas puedan también hablar aún más, de toda esa deuda que hay con ellas y los comparecientes hagan aportes y eso se materialice en el otro gran debate que va a pasar ahí, que es el de nuestras sanciones propias. 

Tenemos otras expectativas también muy importantes que tienen que ver con las amnistías a lo que fue la gran tropa de las Farc, que está pendiente, y las amnistías para aquellos que no fueron escogidos como máximos responsables de la Fuerza Pública que en ese caso no es amnistía, sino definición de situación jurídica.

Hoy tenemos la institucionalidad y tenemos la experiencia, la dinámica de la JEP que nos va a permitir profundizar los temas de  participación, de presencia en el territorio, de interlocución con las víctimas, que es lo que le estamos ofreciendo al país, nuestras audiencias, esos encuentros entre víctimas y comparecientes que sacuden la opinión pública y que nos hacen conscientes de la transición en la que estamos. Yo creo que eso lo vamos a estar ofreciendo mucho más profundo ahora. 

- ¿Cuándo calcula usted que salga la primera decisión de ese tipo, que es la del caso de falsos positivos en Catatumbo?
Como va a ser la primera audiencia de este tipo que vamos a realizar no es tan posible establecer una fecha, porque esa audiencia va a tener muchos elementos y es muy novedosa. 
Es un poco lo que le pasó al caso 001. Arrancamos diciendo: “la resolución de conclusión dura seis meses”. Nos tomamos cinco años. Yo no me atrevería por la misma razón a decirle cuánto se va a demorar esa audiencia porque es la primera. Tal vez después sea más fácil calcularlo.

- A veces hay cierta frustración en algunas víctimas al ver comparecientes que llegan a la JEP y sin aportar verdad quieren aprovecharse de los beneficios. ¿Le ha faltado a la JEP ser más estricta para sacar a personas que no están aportando verdad?

Ahí valdría la pena hacer una pequeña aclaración y es que el mecanismo que nos da la ley y la Constitución es doble: uno, cualquier compareciente que viene a la JEP, como una condición para estar en ella, tiene que aportar verdad exhaustiva y detallada, pero la misma ley le confiere al compareciente un derecho que no es de la JEP, es un derecho de  la Constitución, que es la presunción de inocencia. 

na persona no está obligada a imputarse a sí misma y por eso nosotros no podemos obligar a un compareciente a reconocer. Para la JEP no es una panacea ni es una fórmula de éxito terminar expulsando a una persona de la jurisdicción. Si una persona no reconoce responsabilidad, la ley nos dice que la vía inmediata no es la expulsión, la vía es que él se va por la vía del no reconocimiento, lo acusamos y tiene una consecuencia: enfrenta hasta 20 años de cárcel, y eso sucede dentro de la jurisdicción.

El esfuerzo nuestro es el de promover los aportes de verdad porque eso es lo que le sirve al país, eso es lo que le sirve a las víctimas y la satisfacción que tenemos es que el 90 % de las personas que en este momento hemos acusado han reconocido su responsabilidad incluyendo los miembros de la Fuerza Pública y el 100 % de los miembros de las antiguas Farc. Creo que ese es el logro nuestro.

- Hay un tema que genera mucha intriga a la gente y es el de las sanciones propias de la JEP. ¿Ya han evaluado en términos concretos en qué van a consistir esas sanciones?
Claro, llevamos años trabajando en eso. Hemos construido una cuestión que se llama el sistema restaurativo, que de lo que se trata es de construir los proyectos de sanción propia. ¿Esos proyectos cómo funcionan? Primero, con unas consultas muy gruesas a las víctimas. 

A la JEP le presentaron mil informes de organizaciones de la sociedad civil sobre graves crímenes ocurridos durante el conflicto. Buena parte de sus informes traen propuestas de las víctimas sobre cómo se imaginan ellos las sanciones propias. Ese material lo hemos estado trabajando y nos condujo a grandes proyectos de sanción. 

Estamos priorizando algunos. Unos que nos dice la ley, como proyectos de desminado y educación en el riesgo de minas, una de las cuestiones más sensibles. Y hemos establecido una serie de prioridades: cuestiones como restauración ambiental, ciertas obras que nos han pedido las víctimas, centros de salud, colegios, carreteras, etc., la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, incluso proyectos educativos. Todo eso son ideas que nosotros tomamos de las víctimas, que las hemos estado considerando con unos comparecientes que tienen toda la disposición a cumplirlas. 

Esos proyectos, por ley, son responsabilidad del Gobierno nacional. Entonces tenemos un mecanismo de articulación que involucra a por lo menos 30 entidades de gobierno, entre ministerios e institutos, pero también a gobiernos locales y estamos tratando de que involucre al sector privado. Entonces hay una gran cantidad de gente que está dispuesta a trabajar en ello para la reconciliación.

- ¿Entonces las sanciones ya están listas esperando que salgan las primeras decisiones?

Estamos en el proceso de construcción. Esperamos que en el primer semestre del año entrante empiecen a funcionar esos proyectos, porque además la ley nos permite una cuestión que no es nueva en el derecho penal, y es que los comparecientes pueden empezar a cumplir su sanción desde el momento mismo en que esté listo el proyecto. A eso la ley lo llama cumplimiento anticipado de una sanción que es un poco lo que pasa en la justicia ordinaria, que a la gente que la detiene le cuentan el tiempo de detención preventiva. 

-¿O sea que no habría que esperar a que salgan las sentencias?

No hay que esperar. Podemos ir ejecutándolas inmediatamente, independientemente de los ritmos de la sentencias.

El papel de la JEP en la ‘Paz total’

- Ahora que se habla de paz total, ¿usted cree que eventualmente en estas negociaciones con el ELN o con otros grupos se necesitaría otra JEP o la JEP puede de pronto con más recursos juzgar a las personas que se sometan dentro de esos procesos?

No le podría decir cuál es la fórmula. Recientemente, Pablo de Greiff, el gran experto colombiano en justicia transicional que está en Ucrania, nos decía que la justicia transicional en muchos lugares ha sido víctima de su propio éxito y nosotros eso lo tenemos muy en la cabeza. 

Lo que sabemos es que no es tan simple como ampliar la competencia de la JEP para juzgar al resto, porque la respuesta de esto es un sistema, un sistema de entidades. Yo no tengo la respuesta ahora, pero la pregunta nos lleva a pensar que para las nuevas iniciativas de paz, lo que está absolutamente claro es que van a tener que tener un componente de justicia. Hoy no hay ninguna transición hacia la paz sin justicia: se pueden hacer las amnistías más amplias posibles, pero los crímenes más graves y los máximos responsables tienen que ser juzgados. 

- Pero así no fuera la JEP la que asumiera esa competencia, su aprendizaje no podría dejar de tenerse en cuenta para un proceso de estos.

Yo creo que es imposible. O sea, elementos como la priorización y la selección, que no se tenga que investigar todo, como le toca a la justicia ordinaria, sino que se pueda concentrar en los eventos más importantes y determinantes, que los juicios se concentren en máximos responsables, eso ya es un patrimonio de la nación. O lo que acabamos de hablar, la justicia restaurativa, la participación de las víctimas. Hoy hay un horizonte mucho más amplio. Todo eso son herramientas que tiene en su mano el gobierno en las decisiones que tienen que tomar.

- ¿Han tenido algún encuentro con el Presidente para hablar de esos temas?

La primera visita que hizo el presidente Petro a una alta corte fue a esta. Nos visitó en la plenaria y tuvimos la ocasión de tener una discusión extensa, no sobre cuáles serían los mecanismos, sino que él vino con mucha deferencia a presentarnos sus proyectos de paz total y él directamente nos hizo esa pregunta: “¿Ustedes cómo pueden contribuir a esto? Y espero que nos den ideas”. Entonces creo que desde ese minuto, incluso antes de la posesión, que pudimos tener esa conversación, esto está en la agenda.