Esta no es una columna para defender o atacar a los alcaldes de Medellín y de Ibagué. Cada cual puede pensar lo que quiera en relación con esos personajes. El punto es que cuando ellos o cualquier servidor del Estado -sí, incluido el comandante del Ejército- cruzan la línea que prohíbe la participación en política y deciden hacer esguinces audaces, solapados o directos a la norma, pero al fin y al cabo esguinces, deben ser reprochados por la Procuraduría que sigue manteniendo esa función, aunque algunos ahora pretendan quitársela.

No estamos en campaña. Si acaso en calentamiento para la campaña electoral. 

Imposible decir, a estas alturas, que no existen razones válidas para protestar. Imposible negar que la mayoría de quienes salen a las calles tienen derecho a hacerlo e imposible desconocer que muchos de ellos cuentan con argumentos respetables y demandas sensibles frente al Estado que deben comenzar a tener respuestas viables y realistas pero puestas en práctica más allá de los discursos y los compromisos vacíos de contenido.

Es obvia la distancia que existe entre el Gobierno y la Fiscalía por cuenta del decreto de excarcelaciones.