En días pasados, el expresidente Uribe sugirió pensar en una amnistía general.

El expresidente Uribe afirmó que se reunió con Francisco de Roux como un gesto personal con él y como una muestra de que nada tiene que ocultar, pero que no le reconocía legitimidad a la Comisión de la Verdad.

Aunque hasta la crisis del año pasado no lo veníamos haciendo mal, nuestro crecimiento ha sido más bien mediocre. Para tener una idea, en el 2019 China creció al 6,1%, su peor año en tres décadas.

En el siglo XXI, Colombia hizo un avance muy importante de reducción de la pobreza, tras dos décadas de crecimiento económico sostenido. Los pobres pasaron de ser el 50% del total en 1999 al 27% en 2018 y la pobreza extrema bajó del 22% al 7%. En el 2019, el DANE hizo un ajuste metodológico que subió la cifra de pobreza monetaria hacia arriba, cercana al 36%.

En una democracia, el ejercicio de definir las conductas punibles es una atribución exclusiva del Legislador como representante del pueblo. En esta materia, sin embargo, como en tantas otras, la Corte Constitucional viene usurpando las funciones del Congreso.

Han anunciado nuevas protestas para el 20 de julio.

No es verdad que la lucha contra el narcotráfico haya naufragado y que, en consecuencia, haya que legalizar la producción de cocaína. En el período de Uribe los cultivos de coca se redujeron un 63% hasta bajar a 63.000 hectáreas y la producción de cocaína cayó a 424 toneladas. De hecho, en los tres primeros años de Santos, en los que se mantuvo la estrategia, el área sembrada cayó a 48.000 has y la producción bajó a 290 toneladas. Colombia dejó de ocupar el deshonroso primer lugar en producción.

La crisis no es por la situación socioeconómica, aunque se alimenta de ella por la manipulación que hace la izquierda que la usa como excusa y justificación. De hecho, la izquierda busca un deterioro aún mayor de la economía porque cree que entre más desempleados y pobres haya, se agudizarán las contradicciones “de clase” y su candidato populista tendrá mejores posibilidades.

La solicitud de preclusión hecha en el caso contra Uribe fue criticada por algunos sobre la base de que contradice a la Corte Suprema. Uribe renunció a su curul de senador porque, como cualquier ciudadano, tiene derecho a un juez imparcial. Y la Corte probó no serlo y violó una y otra vez, de manera sistemática, los derechos más fundamentales de Uribe en materia de justicia. Resaltaré algunas violaciones: