El 1 de agosto de 2015, en un acto simbólico, que incluyó la firma de un “supercheque”, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, junto al ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, anunciaron el compromiso para la siembra de un millón de hectáreas nuevas hasta 2018.

El Minagricultura Iragorri Valencia ha dicho que lo ideal sería tener 40 millones de hectáreas cultivadas y que “hay varios retos por cumplir y mucho por hacer”.

Por ahora, para comenzar a cumplir la meta inicial, se tienen tres años, lo que significa, que se deben sembrar 333 mil hectáreas nuevas cada año.

Para Henry Vanegas Angarita, director Ejecutivo de la Federación Nacional de Cerealistas y Leguminosas, Fenalce, lo primero que debe tener en su mano el Gobierno son las nuevas cifras consignadas en el III Censo Nacional Agropecuario, donde se da cuenta de que solo el 15 por ciento del área sembrada en el país (siete millones de hectáreas) son cultivos transitorios, es decir, 1.050.000 hectáreas. “Ahora, si sacamos el algodón y tabaco, quiere decir que el área de los cultivos que proporcionan la seguridad alimentaria como el maíz, fríjol, soya, garbanzo, verduras y hortalizas, entre otros, es ínfima. Eso sí que es preocupante”, agregó.

Para el directivo de Fenalce, está mejor Venezuela, que tiene sembradas 500 mil hectáreas de maíz. “Venezuela tiene la mitad de la población colombiana y tres veces más petróleo; pero un desabastecimiento enorme. Lo anterior significa que Colombia está caminando hacia esos senderos, por el mortal abandono del agro”.

Vanegas Angarita expresó que principios tienen las cosas, pero para sembrar un millón de hectáreas nuevas, lo primero que tiene que hacer el Gobierno es revisar el presupuesto para el agro en 2016 o mínimo dejarlo como el de 2015, que fue de $3.5 billones.

“Si no se tiene plata y no se diseñan unas políticas, no que subsidien, sino que blinden al sector agropecuario, lo que se diga y no se haga se llama habladera”, agregó.

Vanegas Angarita expresó que sembrando 300 mil hectáreas nuevas de maíz semestrales, se reemplazarían las importaciones.

“50 por ciento se plantaría en la altillanura y el restante, en el caribe húmedo, sur de Bolívar, sur del Cesar, Magdalena Medio santandereano, valle alto del Magdalena, valle del Zulia y Tibú”, agregó.

Ejemplos mil

Según Hernán Hernández Peñaloza, miembro de la Sociedad de Agricultores de Colombia, el Gobierno debe empezar por mirar qué es lo que se importa y, de seguro, ahí encontrará: maíz (80 por ciento), trigo, cebada, centeno, soya, sorgo y caucho, entre otros.

“Debido al abandono, que comenzó con la apertura económica, todo se traía de afuera. Se deben escoger zonas para adecuar y potencializar esas siembras; además, darle al campesino protección ante eventualidades que en nada tienen que ver con la productividad”, sostuvo.

Hernández Peñaloza dijo que antes de empezar a hablar de siembras, hay que volver a llenar la “tula del agro”, pues de acuerdo a las proyecciones y recortes, el presupuesto del sector es ínfimo.

“Cuando se tenga crédito, asistencia técnica, comercialización, vías y seguros, podemos hablar de sembrar un millón de hectáreas nuevas”, agregó.

El directivo de la SAS dijo que un referente es Chile. “Hace 50 años, por ejemplo, en materia forestal, Colombia era fuerte frente a ese país. Hoy Chile es una potencia mundial y Colombia ni figura. Eso se llama planificación y proyección”, agregó.

Y para no ir muy lejos, Hernández Peñaloza expresó que otro prototipo que se debe seguir es el desarrollo agrícola y agroindustrial del Cerrado Brasileño, región que catapultó a ese país como potencia en producción de alimentos y desarrollo investigativo, y que se podría implantar en varias zonas del país.

¿Cuál plan país maíz?

Para Mario Torres Rivera, curtido sembrador de maíz en el sur del Cesar, si el Gobierno quiere ampliar la frontera agrícola tiene que cumplir tres premisas básicas: coherencia en sus políticas, subsidios amplios y a largo plazo y control estatal al monopolio de las semillas y a los fenómenos torcidos en la comercialización.

“Le voy a dar un ejemplo: Fenavi está pidiendo cero arancel para importar un millón de tonelada de maíz; se le puede conceder, pero siempre y cuando sea para procesos agroindustriales. Pero qué está pasando: muchos lo están almacenando para comercializarlo luego en el sector de alimento humano. ¿Entonces dónde queda el tal Plan País Maíz que impulsa el Gobierno”, agregó.

Torres Rivera expresó que si bien la TRM volvió al sector agropecuario competitivo, el Gobierno no puede olvidar que su atraso es enorme, tal y como lo dejó plasmado “en molde de piedra” el III Censo Agropecuario.

“Debe haber grandes inversiones en infraestructura y apoyo tecnológico, porque esto se desarrolla es con tecnología de punta, pues competimos con los países más desarrollados del planeta en la producción de alimentos”, agregó.

Frente a la siembra de un millón de hectáreas, estimó que se puede lograr, siempre y cuando las “políticas no las decidan en Bogotá, con una temperatura a 12 grados, cuando realmente se tienen que aplicar en el sur del Cesar, con calores que se acercan a los 40 grados”, agregó.

Torres Rivera recalcó que es fundamental romper el monopolio de las semillas y agrupar a los agricultores en gremios sólidos y trabajadores.

Comercio seguro, al menos

Crédito a bajo costo y seguridad de compra de la cosecha es lo mínimo que el Gobierno debería garantizarle a un campesino que trabaja en el agro. De ser así, muchos campesinos volverían a sembrar en tierras que desde hace tiempo están, literalmente, abandonadas.

Para Germán Pava Capacho, un gerente de una cooperativa de paneleros en el país, cuando ocurre lo contrario, lo primero que “comienza a recibir el campesino son las llamadas del Banagrario para el embargo”.

Pava Capacho expresó que no se trata de subsidios, pero sí de una garantía de que “si pierde su cosecha por el cambio climático, tan acentuado en la actualidad, el seguro le cobije, al menos, sus costos”, agregó.

El directivo dijo que trabajar en el campo colombiano es un azar, y es ahí cuando se debe contar con políticas sólidas, claras y precisas provenientes del Estado.

“El agro no se puede asumir con ‘chiripasos’ porque es una consignación a la ruina”, agregó.