Para nadie es un secreto que las finanzas del Estado están menguadas y que el hueco fiscal para 2016 es muy grande y no se podrá tapar con los actuales impuestos.

Producto de la caída del ingreso petrolero, el Gobierno nacional está recibiendo pocas regalías y, además, Ecopetrol está dando menores utilidades.

El Gobierno ha dado a conocer que se tiene que efectuar una nueva reforma tributaria y, para ello, se han venido ventilando dos formas: una que involucre a las empresas sin ánimo de lucro y otra que toque la estructura del IVA o de la renta, medidas que conllevarían a que más personas y productos paguen impuestos.

Esto quiere decir que habría una modificación por la vía de los gravámenes directos e indirectos.

Para Andrés Valencia Pinzón, presidente de la Federación Nacional de Avicultores, Fenavi, en esa nueva intención, el Gobierno debe tener presente que el campo colombiano y las empresas que están en las zonas rurales no tienen las mismas condiciones de competitividad que las de una industria ubicada en la ciudad, como, por ejemplo, un banco, una compañía de telecomunicaciones o un consorcio de servicios médicos.

Para el directivo, las condiciones en el campo son muy difíciles: no hay carreteras, no hay gente con capacidad, no hay cobertura al 100% de los servicios públicos, no hay escuelas, no hay centros de salud e incluso, la comunicación a través de líneas y coberturas de celular es deficiente en pleno siglo XXI.

Esa diferencia en condiciones de competitividad, producto de una mala producción de bienes públicos, conlleva a que la carga tributaria en las empresas agropecuarias del país sea mucho más alta que en otros sectores de la economía colombiana.

Esos tributos, en el agro, se sienten como una “espada en lo alto de la cruz”.

“No es lo mismo producir huevos en una granja en Fómeque que tener un banco en Bogotá. De entrada, la diferencia es enorme frente a la urbe y eso hace que la carga impositiva pese mucho más, ante la carencia de bienes públicos. Por ejemplo, si se tiene una industria en los polos de desarrollo del país, como Medellín, Cali y Bogotá, esta cuenta con carreteras en buen estado, aeropuertos cercanos e incluso, seguridad; pero si opera desde el campo, su condición de producción es a toda luces dificultosa, debido a que no tiene los medios que le debe proporcionar el Estado para poder competir. Además, las empresas rurales no tienen la misma capacidad, como para tener una gimnasia tributaria que logre acceder a exenciones, descuentos o créditos tributarios”, agregó el Directivo.

Peso enorme

Valencia Pinzón expresó que, de acuerdo con estimaciones de Fedesarrollo, esa carga tributaria para las empresas agropecuarias en Colombia puede ser del orden del 80%, mientras que para otras industrias nacionales, por ejemplo las de servicios financieros o de telecomunicaciones, está entre el 40% o el 45%.

Para el directivo de Fenavi, se debe tener una estructura tributaria, por lo que el impuesto de renta no puede ser el mismo, ya que las condiciones son sustancialmente diferentes.

Valencia Pinzón estima también que se debería tener un impuesto de renta que haga su diferencial del 15% o el 20%, pero que, además, se pueda acceder de manera constante a incentivos dirigidos a la reconversión tecnológica, como equipos, máquinas cosechadoras, tractores, siembra neumática, baterías, entre otros, y, a su vez, que no sean llevadas al descuento de impuesto de renta y haya exenciones arancelarias adicionales o en materia de IVA.

“Por ejemplo, la condición de exento del sector avícola en la venta de pollo, huevo, pollito y pollita en lo que respecta al IVA debe mantenerse, pues, de lo contrario, pondrán a los consumidores a pagar ese impuesto de manera indirecta y, además, se genera un efecto indeseado como lo es la informalidad. Nadie va a declarar el IVA cuando venda un huevo en una tienda, a pesar de que en esos centros de comercio del barrio es donde se mueve buena parte del mercado del consumo masivo”, agregó.

Los primeros asomos

El directivo de Fenavi expresó que el Gobierno, los asesores tributarios y hasta tratadistas han hablado de tocar el IVA; pero las condiciones de exentos deben quedar intactas, porque el efecto directo es contra la canasta familiar, ya que al final se tendrían que subir el precio del pollo, el huevo, el cerdo, la carne y la panela, entre otros.

Para este economista, sin lugar a dudas, el impuesto que más pesa sobre los hombros del agro es el de renta. Valencia Pinzón considera que Colombia tiene ese gravamen en el 25%, pero las múltiples arandelas (CRE, impuesto al patrimonio y sobretasa del CRE, entre otros) lo disparan al 48%.

“Es un impuesto muy pesado, con un factor adicional: aquellas empresas que están exportando a Colombia productos agropecuarios (por ejemplo, las que venden pollo para el país) no están pagando esos niveles de contribución como lo tienen que hacer las colombianas, lo que de manera inmediata es una gran desventaja competitiva. Hay una desprotección por cuenta de la alta tributación”, sostuvo.

Finalmente, el directivo dijo que si bien el sector rural es responsable de la seguridad alimentaria y visible en el llamado posconflicto, se requiere “que la política agropecuaria y la tributaria estén totalmente conectadas”.

En su concepto, entonces no se necesita asistencialismos, sino la provisión de bienes públicos que permitan al sector campesino, al menos, llegar con sus productos a los centros de consumo.

Sustitución sin imposiciones

Valencia Pinzón afirmó que Fenavi está de acuerdo y apoya el plan de sustitución de importaciones que propone el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura.

Sin embargo, sostuvo que si bien ese apoyo es real, no puede haber condiciones.

“No nos pueden obligar a comprar la cosecha de maíz que salga, porque el factor fundamental y sustancial es si el precio nacional es competitivo frente al internacional, y ahí desarrollan un papel preponderante los rendimientos por hectárea, pues si son bajos, los costos de producción no le van a permitir a esa tonelada de maíz tener un precio inferior al externo. No es lo mismo una hectárea con 6,5 toneladas de maíz que produciendo tres, como lo es el promedio histórico nacional”, aseveró.

Igualmente, Valencia Pinzón expresó que no pueden haber restricciones para las importaciones ni revivir “monstruos proteccionistas” como los mecanismos de administración de contingentes, que obligaban a los avicultores a comprar la cosecha nacional para poder salir a adquirir maíz sin aranceles.

Consideró, además, que un precio ideal para la tonelada de maíz estaría alrededor de los $700 mil.

Campo abandonado

Según Fenavi, el agro ha soportado más de 40 años de abandono y muestra de ello se palpa en las cifras del III Censo Nacional Agropecuario.

Para Valencia Pinzón, lo más grave de esa situación es que durante cuatro décadas se trabajó sin cifras y las políticas para el sector fueron un azar, sin “ningún tipo de información, dando palos de ciego y sin saber a ciencia cierta cuáles eran los sectores agropecuarios que deberían haber recibido la mayor atención gubernamental”.

De acuerdo con Fenavi, el Estado, antes de gravar al agro, debe tener en cuenta que el 81,8% del país lo conforman municipios habitados por el 30% de la población, en el campo se genera el 21% del empleo del país y la pobreza extrema rural es 3,2 veces mayor que la urbana.

El directivo recalcó que solo el 36,4% de los hogares tienen acceso a la tierra y el 75% de estos poseen menos de cinco hectáreas en completa informalidad.

“El campo colombiano cuenta con una bajísima tasa de inversión en investigación y desarrollo que apenas supera el medio por ciento del PIB agropecuario, y muchos de sus sistemas productivos tienen unas estructuras de costos poco flexibles”, agregó.

“Una tasa de tributación como la de Colombia muestra un modelo totalmente extractivo, que desincentiva la inversión, destruye la riqueza y cuyos autores ignoraron el hecho de que estamos en una economía abierta, compitiendo con países donde se pagan menores impuestos”, sostuvo.